Infocop Online ofrece a continuación a sus lectores, un resumen de los aspectos más interesantes de la intervención realizada por Héctor Maraval Gómez-Allende, experto en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia de Izquierda Unida (IU), en el primer Desayuno de Infocop.

Este primer desayuno tuvo lugar en la sede del Consejo de Colegios Oficiales de Psicólogos, el pasado 23 de octubre, presentando como tema central de debate la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

Maraval, comenzó su intervención resaltando que este proyecto de ley es una apuesta política y técnicamente muy compleja, que obliga a legislar en unas materias que están transferidas, como son los Servicios Sociales. Señaló que, por este motivo, es un reto complejo y que existe algún grupo político que ha advertido, incluso, que puede suponer un recurso de inconstitucionalidad.

El representante de IU, agregó que, dadas estas circunstancias, es un proyecto de ley que tiene que valorar muchos equilibrios para que tenga contenido real y no meramente declarativo y, por otro lado, no interfiera o invada competencias de las Comunidades Autónomas.

 

Héctor Maraval (IU)

A continuación, el representante de IU apuntó que se trata de un proyecto de ley que surge en un ámbito, los Servicios Sociales, en el que no existe una legislación básica, señalando que esto dificulta su elaboración, ya que, según sus palabras, frente a una insistencia de una ley básica, existen 17 Comunidades Autónomas que tienen su propia normativa y dinámica, su propia red, y esta situación, señaló Maraval, complica legislar desde el Estado.

A esto se suma, declaró el experto, que nos encontramos ante una realidad de diferencia de oferta y demanda. Maraval mostró cómo hay comunidades autónomas más envejecidas y menos envejecidas, así como diferencias en la red de servicios con la que cuenta cada una, y señaló que por todas estas razones, el punto de partida de la ley no es fácil y que eso hace que las objeciones, críticas e insuficiencias haya que situarlas en esa complejidad.

Como puntos fuertes de esta ley, el representante de IU en el encuentro quiso remarcar tres aspectos. Con respecto al primer punto, según sus propias palabras, lo importante es que es la primera vez que en una ley de este ámbito se reconoce el derecho subjetivo y reclamable ante la jurisdicción, ante los tribunales o ante la administración, suponiendo un cambio cualitativo importante, que supera el ámbito principalmente asistencial en el que nos hemos encontrado hasta ahora. En segundo lugar, reconoce la relevancia que desde la ley se le da a los servicios frente a las prestaciones, lo que, en opinión de Maraval, es importante porque va a permitir garantizar una atención de calidad y profesionalizada, una posibilidad de que las mujeres que están hoy cuidando a personas dependientes puedan incorporarse a la vida laboral, sin cerrar la opción de que las familias en determinadas circunstancias, y con las garantías de calidad necesarias, puedan atender a su familiar dependiente, si esa es su voluntad. En último lugar, indicó el experto, valora el establecimiento de criterios de calidad, hoy por hoy no siempre garantizados por los servicios existentes, tanto públicos como privados, puesto que es un sector que, debido a su crecimiento en los últimos años, tal y como apuntó el político, no siempre ha ido acompañado de una profesionalización ni de garantías de calidad.

Según admitió Maraval, el papel que se reconoce a los profesionales en la elaboración del plan de atención es muy importante y valoró que, si verdaderamente se hace y se acompaña de una buena evaluación, puede ser un instrumento muy importante de garantía de calidad.

Como puntos de mejora de la ley, el representante de IU, señaló cuatro aspectos. En primer lugar, aclaró que, aunque se ha mejorado y objetivado el sistema de financiación, todavía existen interrogantes importantes acerca de cómo se va a definir el nivel básico, que será financiado exclusivamente por el Consejo General del Estado, y cómo el resto dependerá de convenios anuales y plurianuales; es decir, cómo se va a distribuir la aportación global del estado entre esos dos niveles.

Un segundo aspecto que quiso señalar, es el dilatado periodo de aplicación de la ley, en relación a lo cual apuntó que es razonable que exista un periodo de acceso paulatino, pero que entre eso y un período de aplicación de ocho años, como el que se ha establecido, el calendario es excesivo y va a generar problemas a las Comunidades Autónomas, en tanto que puede implicar presiones de la población en torno a cuándo se va a atender su dependencia.

Participantes del primer desayuno Infocop, después del evento

Un tercer elemento que, bajo el punto de vista de este grupo parlamentario se ha mejorado, pero en el que se podía haber incidido más, son las escasas referencias al SNS. Señaló Maraval que en los últimos 15 años se ha hablado mucho de la necesidad de la coordinación sociosanitaria y que éste era, posiblemente, el momento de haberlo plasmado. Indicó que, prácticamente en paralelo, se ha aprobado el nuevo catálogo del SNS, y que no contempla la atención sociosanitaria de la dependencia; lo que da la impresión de que el SNS, que tiene problemas importantes, según su opinión, se está desentendiendo, o por lo menos, no va a tener un papel activo en la atención a la dependencia.

En último lugar, quiso abordar el tema de las corporaciones locales, y apuntó que también se ha mejorado la redacción en cuanto al papel que han de ocupar; pero, aclaró, que continúan teniendo un papel muy secundario, cuando la realidad es que si se plantea que la atención a la dependencia va a consistir fundamentalmente en ayuda a domicilio mucho más especializada e intensa, el protagonismo de las corporaciones locales debería ser evidente.

Expresó que la ley establece toda una serie de desarrollos posteriores, que es un "armazón del que van a colgar después decretos", y se va a llegar a acuerdos de Consejo Territorial en temas fundamentales como el baremo, la Cartera de Servicios, la atención a menores de tres años, la participación del usuario, etc., que pueden mejorar el proyecto de ley o "descafeinarlo". Insistió en que gran parte de la sustancia de la ley va a desarrollarse posteriormente y que, por tanto, es fundamental que el nuevo Consejo Territorial prime la voluntad de cooperación y no de enfrentamiento, así como que exista consenso político y técnico para desarrollarla. No quiso olvidar que la entrada en vigor de la ley va a coincidir con las elecciones locales y autonómicas y que eso puede dificultar el proceso y la toma de acuerdos.

Al margen de la ley, señaló que IU está preocupada por que se generen expectativas excesivas en relación a la ley. Anotó que se ha dicho que esta ley es el cuarto pilar del Estado Bienestar, mientras que, bajo su punto de vista, si bien es una parte importante de este cuarto pilar, el cuarto pilar debería estar constituido, en su conjunto, por los Servicios Sociales.

Un último punto que no quiso dejar en el tintero fue que, según su perspectiva, sería bueno que desde las administraciones se mandaran mensajes claros de cuáles van a ser las prioridades territoriales muy pormenorizadamente, para evitar que se generen expectativas que puedan traer consecuencias negativas. Como ejemplo incidió que una parte importante de empresarios vinculados a atención residencial piensan que su entrada en vigor va a suponer un boom importante de la atención residencial, cuando el espíritu de la ley lo que plantea es dar prioridad a la ayuda a domicilio intensa y especializada, de mayor calidad.

Esto, expresó Maraval, podría llevar a que haya un sector empresarial dinámico, como es el de las residencias, que genere mucha oferta que después no se cubra y que, en cambio, no se desarrolle la atención a domicilio. A partir de ahora, indicó el experto, sería importante, con la ley en el boletín, que las administraciones autonómicas mandasen mensajes claros de cuáles son las prioridades, cómo se va a aplicar la ley, y que se replanteasen la acción concertada.

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