M. S. PÉREZ (PSOE): EL PSICÓLOGO, EN SUS DISTINTAS ESPECIALIDADES, PODRÍA TENER CABIDA EN LA FASE DE VALORACIÓN Y DE REALIZACIÓN DEL PROGRAMA INDIVIDUAL

La valoración no puede ser menos que muy positiva. Vamos a poner en marcha un nuevo derecho de Ciudadanía, subjetivo, universal desde una política social comprometida, que avanza en el reforzamiento del Estado del Bienestar, una política a favor de las personas en situación de dependencia, de las familias, a favor de la igualdad, del empleo, del bienestar y de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas españoles. Creo que se trata de la más importante «inversión social» con que iniciamos este nuevo siglo.

Esto no supone que al mes siguiente de que la ley entre en vigor tengamos un sistema ya consolidado, que es de suponer irá generando en la práctica cuestiones ya previstas tales como la escasa red de centros de día/noche, la falta de recursos humanos, la formación de los profesionales, de centros residenciales y las distintas casuísticas que se producirán en la aplicación de la misma. También veremos como la gestión, que corresponde a las Comunidades Autónomas (CC.AA), se afrontará desde distintas formas organizativas y espero que la cooperación dentro del Consejo Territorial sirva para superar las dificultades que sin duda surgirán. No obstante conviene señalar que tanto las CC.AA. como la Administración General del Estado (AGE), vienen trabajando, con reuniones periódicas y grupos de trabajo específicos en temas fundamentales como serán la valoración de las personas en situación de Dependencia, los baremos (recordemos que habrá un baremo general y otro con especificidades para los menores de tres años), los sistemas de información y comunicación, así como los equipos que desarrollarán los distintos trabajos; por un lado la valoración/baremación y por otro y no menos importante la elaboración del «Programa individual», creo que los legisladores debemos tener confianza en que los distintos gobiernos, las distintas administraciones y los profesionales pondrán todo su empeño para minimizar al máximo los posibles problemas de gestión. Recordemos que hace 20 años que otro Gobierno Socialista Universalizó la Asistencia Sanitaria (Ley General de Sanidad de 1986) y aún hoy seguimos mejorando el sistema, incorporando prestaciones, mejorando la formación e intentando agilizar y eliminar las listas de espera. Esto no impide que nuestro sistema sea reconocido como uno de los mejores del mundo.

La Ley recoge la necesidad de fijar dos baremos, uno general y otro específico para los menores de tres años (del texto se ha eliminado que deban padecer una discapacidad grave) y tras su paso por el Congreso de los Diputados se ha visto mejorado lo que debe ser el contenido del mismo. Un ejemplo claro es la obligatoriedad de que se valoren las necesidades de apoyo para aquellas personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental y que la ley esté atravesada desde el preámbulo hasta las disposiciones finales de la necesidad de contemplar la autonomía personal y el desarrollo de la persona en situación de dependencia dentro de su entorno y de la comunidad.

No obstante, será el Consejo Territorial, quién determinará finalmente el baremo, que hoy se está probando, y en el que ya se están introduciendo mejoras. Como ve las Administraciones no han estado paradas, sino avanzando en el pilotaje del mismo para corregir sus deficiencias.

Los profesionales que realicen la valoración los determinaran también las CC.AA, teniendo en cuenta que el Consejo debe fijar unos criterios comunes. La lógica nos dice que seguro que incorporan en los mismos perfiles de trabajadores sociales y sanitarios en los que con toda probabilidad se incluirán los psicólogos que trabajan en los dos ámbitos. El legislador no puede bajar a esos detalles, no obstante la participación en el Consejo Territorial es amplia, así como el Consejo Consultivo y les recuerdo que a su paso por la Cámara hemos dado carácter de órgano consultivo a la representación de las Personas con Discapacidad, de las Personas Mayores y a las Organizaciones del Tercer Sector.

No soy experta en Psicología, pero sin duda un profesional de las características de un psicólogo, en sus distintas especialidades, podría tener cabida tanto en la fase de valoración como en la de realización del Programa Individual. Muchos profesionales de la Psicología realizan ya estas tareas desde el ámbito sanitario y desde los servicios sociales donde juegan un papel muy importante.

Tanto las competencias en Sanidad como en Asistencia Social corresponden a las Comunidades Autónomas y son ellas las que deben desarrollar su modelo de gestión. Vuelvo a la lógica de la praxis y la razón para decirles que sin duda hay un espacio Socio-sanitario que desarrollar, pero sin crear una red nueva, al menos esa es mi opinión. Miren, por ejemplo, Extremadura, que es mi CC.AA, ha creado un Plan específico y ha determinado mediante normas un «Espacio Socio-Sanitario» en el que las dos Consejerias competentes, Sanidad y Servicios Sociales, establecen un ámbito de competencias compartidas y coordinación que es muy interesante para el buen desarrollo de esta Ley.

Las peticiones que durante el trámite parlamentario nos han venido haciendo distintas instituciones, colectivos, etc., para incorporarse como órganos consultivos ha sido innumerable y seguramente desde cada una de las visiones parciales tengan su razón de ser, pero realmente creo que si tuviésemos que hacer órganos consultivos a todos los Colegios o Consejos Profesionales relacionados con la Ley; Asociaciones, Consumidores y Usuarios, Cooperativas y un largo etcétera que así lo han pedido la misma se convertiría en algo completamente inoperante. Recuerde usted aquello de crea una Comisión o sea, un Órgano Consultivo y vete a dormir. Realmente pienso que el modelo que finalmente ha quedado plasmado en la Ley garantiza la participación por un lado de quienes tienen la responsabilidad institucional, los gobiernos, las administraciones y quienes representan a los directamente concernidos por la misma.