DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD: IMPLICACIONES DE LA LEY DE DEPENDENCIA – ENTREVISTA A MIGUEL A. VERDUGO

Con motivo de la celebración de este día, y coincidiendo con el debate político y social suscitado en torno a la Ley de Dependencia, Infocop Online entrevista de nuevo a Miguel Ángel Verdugo, Catedrático de Psicología de la Discapacidad del Instituto Universitario de Integración a la Comunidad de la Universidad de Salamanca y Director del Servicio de Información en Discapacidad.

Miguel Ángel Verdugo, quién concedió a esta publicación una entrevista hace ahora un año, valoraba en aquel momento lo que era todavía un proyecto de ley por discutir. Transcurrido este periodo, y tras la aprobación de esta Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación, Infocop Online ha querido conocer ahora su punto de vista sobre esta Ley, sus implicaciones para las personas con discapacidad, así como sus repercusiones para la Psicología.

ENTREVISTA

En la entrevista que concedió a Infocop Online hace ahora un año, usted hablaba de la diferencia entre independencia y autodeterminación de las personas, según nos estuviéramos refiriendo a una discapacidad física o intelectual respectivamente. ¿A qué nos estamos refiriendo con estos conceptos?

En primer lugar, como bien dice, tendríamos que diferenciar los distintos tipos de discapacidad, así como la gravedad, la extensión y la cronicidad de la misma, aspectos fundamentales que debemos contemplar a la hora de diseñar y planificar la intervención, así como para hablar de las implicaciones de la discapacidad. De modo general, la autodeterminación, término utilizado principalmente en el ámbito de la discapacidad intelectual y la enfermedad mental, hace referencia a la capacidad de autonomía cognitiva que debe desarrollar y la toma de decisiones que debe practicar la persona discapacitada en su vida diaria. En el ámbito de la discapacidad física, se emplea más el concepto de independencia funcional para hacer referencia principalmente a la capacidad de movimiento y autocuidado de estas personas. La diferencia radica principalmente en que en las discapacidades de tipo cognitivo, entre las que se encuentran las intelectuales, las relacionadas con problemas de salud mental o el daño cerebral como afectación cognitiva, hay que enfatizar particularmente las habilidades cognitivas y el incremento de control de la propia vida del sujeto.

De ninguna manera. No están contemplados ni los aspectos preventivos ni los que podríamos denominar habilitadores. Esta Ley parte de una concepción rehabilitadora clásica, más propia de un modelo biomédico, en el que lo que lo central es rehabilitar o paliar efectos producidos previamente, como efecto del envejecimiento, entre otros factores. No obstante, cuando hablamos de la discapacidad o del envejecimiento de personas que han nacido con grandes limitaciones, no podemos perder de vista la importancia que tiene habilitar en muchas de las tareas durante toda la vida de la persona; es decir, es central el aprendizaje de competencias y habilidades que le permitan ser un ciudadano como los demás. En ese sentido, tendríamos que diferenciar por una parte la prevención que está comentando, propia del envejecimiento, y por la otra, toda esta perspectiva habilitadora que se tiene que tener en cuenta y que en la Ley no está contemplada.

La ley enfatiza un enfoque rehabilitador, pero además muy centrado en lo físico y observable, sobre todo en relación al autocuidado y la movilidad. Por otra parte, en teoría la Ley se basa en la clasificación internacional del funcionamiento y discapacidad de salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero si hacemos una valoración algo más cuidadosa, nos daremos cuenta de que, en la práctica, tan sólo se concreta en dos de las nueve dimensiones que se definen en los marcos de referencia internacionales. La Ley, en este sentido, está limitada a paliar situaciones ya producidas, y está pensada básicamente para ancianos y otros tipos de poblaciones similares.

En resumidas cuentas, en la atención a estos colectivos, no nos podemos ceñir únicamente a la prevención (a la que por supuesto reconocemos su utilidad en la reducción de costos económicos), sino que tenemos que hacer una planificación de la intervención con el objeto de contrarrestar una situación descompensada que, de partida, tiene la población de discapacitados. La Ley, en este sentido, debería entender la prevención en un sentido amplio. Así, es pertinente hablar de habilitación y no sólo de rehabilitación.

Lo primero que habría que señalar aquí es que ha habido una evidente falta de información sobre el instrumento de valoración, al igual que una falta de transparencia en relación a cómo se va a reglamentar y aplicar la Ley. Pero del análisis que he podido hacer de esta información es clara la ausencia de la perspectiva psicológica en todo el proceso. No obstante, la Psicología forzosamente tiene que estar presente tanto en los procesos de evaluación como en los de intervención con estos colectivos.

Paradójicamente, parece ser que en la construcción de este instrumento no se ha contado con la participación de la Psicología, o por lo menos, con expertos del ámbito psicológico en esta materia. Por otra parte, tampoco queda claro en la Ley que el papel del psicólogo en el proceso de evaluación esté arbitrado. Tal y como aparece reflejado en el documento, podría ser que un trabajador social, el personal de enfermería o el de fisioterapia fueran quiénes pudieran aplicar el instrumento. Es decir, no queda clara esta regulación y esto, consecuentemente, representa un peligro para la profesión. Todas esta cuestiones, sin lugar a dudasn requieren un proceso de análisis concienzudo por parte de la profesión, como de hecho se está haciendo.

Y aunque podemos apreciar que este instrumento se está perfeccionando en base a las críticas que se le han hecho, es meridianamente claro que quienes han construido el instrumento lo han hecho desde un desconocimiento importante en lo tocante a las aportaciones realizadas desde los paradigmas de apoyo y las competencias evaluativas. No se puede dejar el proceso de evaluación en manos de profesionales que no son especialistas en la materia. No podemos obviar que la persona encargada de evaluar debe tener un criterio de análisis médico en un momento determinado, pero para todo lo referente a lo psicosocial, como bien apunta en sus preguntas, el psicólogo es la figura más competente al respecto y, por tanto, el profesional clave en la evaluación. De todas las profesiones, la Psicología es la que ha desarrollado más competencias formativas en el plano de la valoración, y por este motivo, considero que los psicólogos serían los que deberían tener una responsabilidad y competencia clara en la coordinación de la información requerida en este proceso de evaluación e intervención. No alcanzo a entender cómo esto no se ha tenido en cuenta y, por tanto, considero que es normal la alarma que se ha creado en el colectivo de psicólogos en torno a este tema.

Desde un punto valorativo de la Ley, hay que reconocer el gran valor político de la misma, ya que supone generar un derecho para un sector de la población que va a permitir grandes cambios y consecuencias en las vidas de estas personas. En este sentido, debemos hacer una valoración muy positiva y reconocer la iniciativa del Gobierno al poner el tema sobre la mesa. No obstante, es pertinente enfatizar que se está queriendo hacer con demasiada rapidez y está impidiendo la participación de colectivos implicados, como es el de la Psicología. Es un proceso que al no haberse planificado bien desde el principio, está generando inquietud, desconfianza y crítica. Afortunadamente estamos observando que la ley está siendo receptiva a la incorporación de aspectos críticos que se están planteando, pero la clave está en ralentizar su puesta en marcha, cosa que se debería haber hecho antes para facilitar la participación regular de otros colectivos que, sin lugar a dudas, van a tener una implicación considerable en la implantación de esta ley.