EDUCACIÓN CONFIRMA EL COMPROMISO DEL MINISTERIO CON LAS PROFESIONES REGULADAS ESPAÑOLAS

Madrid, 10 abril de 2007 – «La relación entre el mundo profesional y el universitario es un objetivo prioritario de la reforma de las enseñanzas y de la propia estrategia de la Unión Europea de modernización del sistema productivo y social». Así se expresaba el Director General de Universidades, Javier Vidal, esta misma mañana durante su intervención en la Asamblea General de Unión Profesional.

En un ambiente «de debate constructivo» Javier Vidal, de acuerdo con el compromiso adoptado en la reunión del pasado 28 de febrero entre Carlos Carnicer y la ministra de Educación, ha explicado la situación del proceso de construcción del Espacio Europeo de Enseñanza Superior y ha dado respuesta a las dudas planteadas por los distintos presidentes de Consejos Generales y Superiores y Colegios Profesionales que forman parte de Unión Profesional y que representan al millón y medio de profesionales colegiados españoles.

Entre los temas destacados durante el encuentro, de más de dos horas, está el debate sobre las profesiones reguladas. Para el Director General, una de las cuestiones que quizás contribuyan a aclararlo será la transposición de la Directiva de Reconocimiento de Cualificaciones, cuyo plazo vence el próximo 20 de octubre. Vidal ha querido tranquilizar a los presentes indicando que «todos los borradores que se están manejando en el ministerio no añaden nada nuevo a la directiva». De lo que se trata ahora es de «listar las profesiones reguladas» de acuerdo con la información que aportan los ministerios de adscripción de las diferentes profesiones tituladas, algo que harán antes de finales de mes. Pero éste, ha advertido, no es un procedimiento que permita regular profesiones, sino tan solo «listar e informar».

El Director General de Universidades ha explicado que lo que desde el Ministerio se propone es un modelo general que habrá de adaptarse a la normativa vigente. «En caso de duda, prevalece la Directiva». Es el caso de profesiones que cuentan con directiva propia, como puedan ser Farmacia, que según la normativa tendrá una duración de cinco años, Medicina o Arquitectura, entre otras. «Queremos que nuestros titulados sean, como mínimo, lo que la directiva quiere», señalaba al respecto Vidal. La idea es que «ningún titulado español tenga dificultades en el reconocimiento de cualificaciones con otros países», porque, como ha señalado el presidente de Unión Profesional, Carlos Carnicer, sobrevivirán las profesiones que sean competitivas y que sean capaces de proveer a los ciudadanos de los bienes y servicios que necesitan cada día».

Otro de los temas considerados en la reunión es el del papel de los colegios profesionales en cuanto al Informe sobre las titulaciones que propongan las diferentes universidades. Así, la petición por parte de las profesiones tituladas españolas es la de que el informe de los colegios profesionales sea preceptivo y no discrecional, como señala la propuesta del Ministerio. Vidal ha coincidido en que ésta podría ser una posibilidad interesante, siempre y cuando no suponga un incremento de la burocracia en los procesos, dado que, además, la propia Ley de Colegios Profesionales recoge ya dicha función.

El conjunto de Unión Profesional se ha comprometido a alcanzar un acuerdo respecto al Grado, al Máster y a que éste último tenga atribuciones. «Estamos obligados a llegar a un entendimiento y creo que llegaremos».

El ministerio ha aplazado hasta el jueves 12 de abril la publicación del documento anunciado en el que se recogerán los criterios sobre esta materia que, en todo caso, están aún en fase de debate, ya que hasta septiembre no verá la luz su regulación mediante el decreto.

Respecto a la homologación de las titulaciones, las profesiones han mostrado su preocupación por cuanto los colegios profesionales no son notificados de las homologaciones que se realizan desde el Ministerio. De esta forma, los colegios profesionales están obligados a colegiar a personas a las que se las ha homologado un título que, a veces, no cumple con los requisitos ni tiene los conocimientos suficientes para el ejercicio de la profesión de que se trate, con el correspondiente perjuicio para la sociedad y la responsabilidad en la que pueda incurrir el Estado. Por este motivo, se ha insistido en encontrar una solución con carácter urgente.