EL NÚMERO DE INFORMES PROPUESTA NO POSITIVOS DE LA CNEPC DESATA LA ALARMA ENTRE LOS COLEGIADOS- ENTREVISTA AL PRESIDENTE DEL CONSEJO

30 May 2007

En fechas recientes, Infocop Online se ha hecho eco del creciente malestar e indignación que se está sintiendo en la Organización Colegial a raíz de que se hayan conocido las últimas cifras de expedientes evaluados y de resoluciones provisionales emitidas por la Comisión Nacional de la Especialidad de Psicología Clínica (CNEPC).

Según esos datos, se puede estimar que, al final del proceso, más de 7.000 solicitantes del título de especialista en Psicología Clínica no obtendrán un informe propuesta positivo de la Comisión y, como consecuencia, bien el Ministerio de Educación y Ciencia les denegará el Título, bien deberán presentarse a examen (en el caso de la transitoria tercera) o realizar formación complementaria (en el caso de la transitoria segunda). El hecho añadido de que los rechazos se encuentren mayoritariamente entre los solicitantes por la vía transitoria tercera, la correspondiente al ejercicio colegiado, ha hecho que muchos ojos se vuelvan hacia el Consejo para conocer su posición sobre este estado de cosas.

 

Francisco Santolaya             

Infocop Online ha querido entrevistar al Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, Francisco Santolaya, para que dé a conocer la opinión colegial sobre tan elevado número de informes negativos y las medidas que deben adoptarse ante esta alarmante situación.

ENTREVISTA

Infocop: Nos gustaría comenzar esta entrevista preguntándole cómo es posible que se esté dando un porcentaje tan elevado de negativos a las solicitudes del título de especialista

Francisco Santolaya: Es posible porque así lo ha decidido la Comisión Nacional de la Especialidad, con el visto bueno de los Ministerios de Sanidad y Educación, que son los que designan los componentes de esa Comisión. En esta Comisión, la Organización colegial, que es la que legítimamente representa a más de 45.000 profesionales, cuenta con un solo representante, algunas sociedades científicas de psicólogos de gran prestigio han sido excluidas, y, sin embargo, se da la circunstancia de que una asociación de neuropsiquiatría sí tiene representación. En este contexto, lo que está ocurriendo es que se están aplicando unos criterios, decididos por esa mayoría de la Comisión nombrada por el Gobierno, no equitativos y muy restrictivos para valorar las solicitudes. La única explicación lógica para la adopción de los mismos es que se pretende reducir al mínimo el número de psicólogos que obtenga el título de especialista.

I.: ¿Nos puede detallar y explicar a qué se refiere cuándo habla de criterios restrictivos y cuáles son éstos?

F. S.: En primer lugar, se está exigiendo que los solicitantes de la vía tercera acrediten su ejercicio profesional con documentación fiscal. Parece obvio que para determinar si un psicólogo ha ejercido en el campo de la Psicología Clínica, el alta fiscal es un elemento probatorio más, junto con otros, de que se ha estado ejerciendo. Sin embargo, en ningún caso debe ser éste un requisito necesario o imprescindible. Así lo entendió la Organización Colegial cuando tuvo que valorar los expedientes de los colegiados que solicitaron la acreditación de la experiencia profesional en el campo de la Psicología Clínica. Resulta de una extrema insensibilidad no darse cuenta de las dificilísimas condiciones en las que se ha venido desarrollando el ejercicio privado en nuestra profesión. La Psicología es una profesión joven que ha tenido que ir haciéndose hueco en una sociedad que muchas veces no conocía ni entendía quiénes eran los psicólogos y cuáles eran sus funciones. Afortunadamente hoy ya no es así, y la profesión ha alcanzado un grado de reconocimiento social mucho más alto del que se refleja en las raquíticas contrataciones públicas. Sin embargo, durante mucho tiempo, y aún en la actualidad, los profesionales que trabajan en el sector privado se ven obligados a vivir con el subempleo en sus múltiples versiones (compaginar un puesto público ejerciendo otra profesión con el ejercicio de la Psicología a tiempo parcial, contratos a tiempo parcial en diferentes sectores junto con el ejercicio privado, ejercicio privado en condiciones muy precarias, etc.). No es extraño que en esas condiciones el alta fiscal no fuera para muchos psicólogos veteranos una de sus prioridades. Esta ausencia de alta fiscal es, sin duda, una infracción administrativa que los Colegios han colaborado activamente a corregir informando a los colegiados, pero en ningún caso puede servir de excusa para privar de sus derechos a estos profesionales, que pueden probar su ejercicio clínico por otros medios. No debemos olvidar que gran parte del desarrollo e implantación de la Psicología en este país se debe a ese sector profesional que, de forma callada y eficiente, ha extendido la intervención psicológica a toda la sociedad. Dicho esto, ¿cómo es posible que se le diga a alguien que lleva 10 ó 15 años ejerciendo la Psicología Clínica de forma privada, que no se le da la titulación porque no puede avalar todos sus años de ejercicio profesional con una certificación fiscal?.

En segundo lugar, otro aspecto en el que la Comisión está actuando de manera desproporcionadamente exigente es en la valoración del desarrollo profesional y la formación. La Comisión está exigiendo que ambas se hayan llevado a cabo en todos o la mayoría de los campos de aplicación de la Psicología Clínica. Esto no tiene ningún sentido. Lo más llamativo es que este criterio tan extremo no se ha seguido, ni de lejos, para valorar a los solicitantes de las otras transitorias, ni en otras especialidades sanitarias cuando se han concedido los títulos de especialista, por un procedimiento excepcional, como en nuestro caso, a quienes estaban ejerciendo.

En tercer lugar, la Comisión está valorando desfavorablemente, en la mayoría de las ocasiones, la formación de post-grado que se ha impartido dentro de circuitos profesionales privados, algo bastante común en nuestra profesión. El Colegio y su representante colegial se han opuesto a este enfoque, ya que durante mucho tiempo la formación privada ha sido la única posible, mucha de ella ha tenido y tiene calidad, y, en gran parte, es el único tipo de formación posible en determinadas escuelas psicoterapéuticas, como por ejemplo el Psicoanálisis.

Para los solicitantes de la vía tercera, se añade un cuarto problema, y es que en algunos casos la única experiencia que valora la Comisión para comprobar si se cumplen los cuatro años y medio de ejercicio profesional es sólo la del ámbito privado. El tiempo ejercido en el ámbito público también debería computarse, dado que esta vía, según el Real Decreto 2490/1998, se dirige a aquéllos que estaban «colegiados para el ejercicio profesional«, sin especificar el ámbito de ejercicio. Sin embargo, como ya se ha dicho, en algunos casos, independientemente de que se haya ejercido en los dos ámbitos, parece ser que sólo se está computando el tiempo de ejercicio profesional privado.

Todo esto pone de manifiesto que la Comisión está entrando a valorar el ejercicio profesional de los solicitantes de la vía transitoria tercera, cuando el Real Decreto 2490/1998 establece que este ejercicio se acredita «mediante certificación expedida por el correspondiente Colegio Profesional«. El prestigioso jurista García de Enterría ha confirmado que es así mediante un dictamen. Esta situación se ha comunicado al Gobierno, solicitando su intervención, pero, al menos hasta la fecha, no ha puesto los medios para evitarla, lo que hace pensar que es esto, precisamente, lo que quiere que ocurra.

Puede ser, y así lo reconocemos, que si en algún caso hubiera dudas con respecto a la autenticidad de alguna certificación, la Comisión, de forma motivada, reclame la correspondiente aclaración al interesado. Sin embargo, no entendemos que esas aclaraciones sean la norma y no la excepción. Muchos colegiados nos comentan que la Comisión les pide aclaraciones que sólo se pueden entender como una nueva valoración de su ejercicio profesional, o bien que reciben propuestas denegatorias con una fórmula que puede dar a entender que no se considera que hayan cumplido ese requisito, pese a estar en posesión del certificado colegial. Entendemos que eso es completamente inadmisible. Debe quedar claro que quien valora el ejercicio profesional es el Colegio, y que la Comisión debería basar su juicio en esa realidad. Si no se hace así, se está vulnerando la ley y así lo haremos saber a quien corresponda en cada momento.

En resumen, a la hora de valorar las solicitudes se está incumpliendo la normativa aplicable, despreciando la validez de la certificación colegial, y se están aplicando unos criterios restrictivos para reducir el número de psicólogos que obtengan el título de especialista. Así que no es de extrañar el enfado de los solicitantes y de la Organización Colegial.

I.: Ante esta situación ¿qué está haciendo la Organización Colegial y qué pueden hacer los solicitantes afectados?

F. S.: Siempre hemos sido partidarios de la negociación y el diálogo. No podemos entender cuáles son las razones que justifiquen y a quién va a beneficiar un uso tan poco generoso y restrictivo de la oportunidad que brindan las disposiciones transitorias para hacer justicia a los «padres y abuelos» de la Psicología Clínica en España. La situación actual, con ese previsible número de rechazos, nos escandaliza.

La Organización Colegial viene haciendo lo que está en su mano. La representante colegial en la Comisión se ha opuesto sistemáticamente a esas decisiones que imponen criterios tan restrictivos, pero al ser una sola persona frente a todos los demás miembros pierde las votaciones. Se ha informado al Gobierno y se le ha solicitado que intervenga, cosa que hasta el momento no ha hecho. Además, se ha presentando esta problemática a los distintos grupos parlamentarios, para que, si lo consideran conveniente, planteen preguntas parlamentarias al Gobierno sobre este tema, como ya han hecho Esquerra Republicana, el grupo de Izquierda Unida-ICV y el Grupo Popular.

La Organización colegial va a continuar demandando al Gobierno y a la Comisión que este problema se solucione, y son ellos los que tienen el poder de arreglarlo o dejar que continúe por este lamentable camino. Si esto sigue así, la única vía que queda es acudir a los tribunales, y esto sólo se puede hacer cuando el solicitante reciba la resolución definitiva del Ministerio de Educación denegándole la concesión del título. Los colegiados son las personas afectadas y son ellas las habilitadas legalmente para poder interponer los recursos contenciosos-administrativos, esto no pueden hacerlo los Colegios. Así que lo que se está empezando a hacer es celebrar reuniones informativas sobre este asunto, informar mediante los medios de comunicación colegiales y ofrecer asesoramiento legal a los colegiados para hacer frente a esos futuros recursos. Resulta vital que los colegiados afectados se informen y actúen coordinadamente con la Organización Colegial para tener las mayores posibilidades de éxito, si bien hay que ser conscientes de las dificultades a las que nos enfrentamos.

En definitiva, se trata de seguir exigiendo lo que es justo y ajustado a Derecho. En esto la determinación de todos es fundamental. No estamos sino ante otro obstáculo más que se nos trata de poner para dificultar el desarrollo de nuestra profesión. Continuemos trabajando, prestando un buen servicio a la sociedad, y exigiendo lo que legítimamente nos pertenece.

I.: Algunos opinan que lo que realmente está sucediendo es que existe un conflicto dentro de la Psicología española. ¿Cuál es su punto de vista al respecto?

F. S.: Efectivamente, en ocasiones he escuchado el discurso de que hay una especie de guerra en la profesión. Por un lado, estarían los especialistas, que desean hacer un selecto club al que sólo se admitan a unos pocos y que estarían intentando por todos los medios reducir el número de socios. Por el otro, estaría la Organización Colegial, que defiende a los licenciados, y que buscaría vaciar a la especialidad de toda excelencia y prestigio. Nada hay más falso que esta visión. Somos muchos los especialistas, y yo lo soy, que tenemos la opinión de que debemos de ser especialistas todos los que, según la ley, tengamos mérito para serlo. Ni uno más ni uno menos. Somos muchos los que creemos que debemos mejorar la formación de los especialistas día a día, y que la creación de la especialidad no ha sido el fin de la historia, sino el comienzo de una nueva etapa en la que debemos meditar muy seriamente a dónde queremos dirigirnos. Somos muchos los que opinamos que éste es un momento para la amplitud de miras y la justicia. No podemos dejar al margen de este logro a miles de psicólogos que han abonado con su trabajo, serio y eficaz, el nacimiento de la especialidad, un título que debe servir, sobre todo, para reforzar el papel del psicólogo en el sistema sanitario. Así que no hay tal división entre especialistas y quienes no lo son. Esa visión de una guerra entre psicólogos puede ser el producto del deseo de aquéllos que nunca han sabido ganarse la voluntad democrática de los colegiados y de quienes atrincherados en las posiciones más reaccionarias y corporativistas piensan que cuanto peor les vaya a los psicólogos, mejor. Yo no soy de esos. Puede que una minoría de psicólogos se esté prestando a este destructivo juego, fomentado por instancias externas a la Psicología, pero la inmensa mayoría de los psicólogos, con o sin especialidad, trabajamos por la salud y el bienestar de los ciudadanos y estamos unidos en la determinación de seguir ofreciendo nuestro saber para hacer que nuestra sociedad sea cada vez mejor. He defendido, defiendo y defenderé a la Psicología y a sus profesionales, sean licenciados o especialistas, porque creo que prestamos un importante servicio público. Lamentablemente, mientras unos intentamos que los profesionales de la Psicología huyan de guerras corporativistas fratricidas y puedan prestar todo su potencial para mejorar el bienestar psicológico de la comunidad, parece ser que hay otros, una pequeña minoría bien promocionada por el poder establecido, que se está dejando utilizar para ir en contra de su propia profesión. Esa es la situación actual. Esperemos que, más bien temprano que tarde, se den cuenta de que atacar la propia esencia de lo que son, psicólogos, no va a reportarles más que descrédito profesional y social.

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