I CONGRESO INTERNACIONAL DE VIOLENCIA ESCOLAR (BULLYING). ENTREVISTA A MANUEL VERGARA

Con motivo de la celebración de este evento Infocop Online ha querido entrevistar para sus lectores a D. Manuel Vergara Blázquez, Psicólogo del Juzgado de Menores de Almería.

Los factores que influyen en la aparición de conductas infractoras en los menores no se dan de forma aislada, sino que interactúan, conformando una situación de conflicto social. Habría que diferenciar los factores de riesgo de tipo individual, familiar, escolar y social.

Entre los factores personales, los diversos estudios hacen mención a un sistema cognitivo caracterizado por la rigidez, un cociente intelectual (C.I) por debajo de la media de su edad cronológica, una falta de empatía, alta impulsividad e hiperactividad, dificultad para anticiparse a las consecuencias a medio y largo plazo, apatía y desmotivación general por lo que le rodea y desorientación profesional.

Una historia afectiva condicionada por graves problemas desde la primera infancia, la inestabilidad emocional, el egocentrismo, el locus de control externo, conforman una personalidad desequilibrada que influye en la asunción de un rol delincuencial en nuestra sociedad.

Respecto a los factores de riesgo a nivel familiar, estarían principalmente, las carencias afectivas, las relaciones problemáticas entre los progenitores, los estilos educativos incoherentes y/o discrepantes, los modelos parentales asociales y la falta de diálogo en el seno familiar. Ha de tenerse muy en cuenta el riesgo que suponen en nuestra sociedad actual las dificultades para conciliar la vida laboral y familiar: El que los padres estén fuera de casa la mayor parte del día conlleva una ausencia de control normativo y de supervisión educativa familiar muy necesaria en la socialización del menor.

Los factores sociales como la adscripción a grupos de riesgo delincuencial, el consumo de tóxicos, los modelos sociales y la influencia de la TV, el desempleo y la ociosidad influyen de manera significativa en esta etapa evolutiva.

Por último, entre los factores del ámbito escolar, tema del congreso que se celebra en Almería, está el absentismo, el rechazo y el abandono escolar. La mayor parte de la población que pasa por las Fiscalías de Menores tiene graves problemas en este ámbito. Dificultades de aprendizaje desde la primera infancia, déficit de atención, retraso escolar, desmotivación, absentismo y abandono forman una escalada que impulsa a nuestros menores a buscarse y agruparse en el patio o en los alrededores del centro escolar para inmiscuirse en actividades de riesgo infractor. Si el sistema familiar también falla, el riesgo se multiplica.

Habría que denominarles menores infractores, no delincuentes juveniles, pues esta categorización estigmatizante sólo se podría utilizar con los multirreincidentes, que suponen sólo una cuarta parte de los menores que pasan por las Fiscalías de Menores y son los que asumen el rol que en el futuro les impele a ser delincuentes adultos.

Los modelos parentales son fundamentales en la infancia a la hora de interiorizar las normas sociales, y es evidente que los menores que tienen a sus padres en prisión imitan unos patrones conductuales aprendidos en la familia, que les llevan a seguir sus mismos pasos. Por tanto, es frecuente encontrarnos a menores reincidentes con padres con antecedentes de criminalidad.

En cuanto a si es frecuente que los menores que pasan por nosotros presenten consumo de tóxicos o trastornos psicológicos, la respuesta es NO; sin embargo, la pregunta hecha al revés debe ser respondida con un SI. Es decir: Los menores que consumen o que presentan trastornos es frecuente que cometan infracciones.

En la familia se deberían fomentar las relaciones positivas en primer lugar. Una familia rota y conflictiva, generadora de ansiedad e inseguridad es un importante factor de riesgo. El diálogo y las relaciones afectivas satisfactorias en la familia previenen la adscripción a grupos de riesgo delincuencial.

No olvidemos que la adolescencia es una etapa caracterizada por el cambio fisiológico y psicológico, donde la búsqueda de sensaciones nuevas y la experimentación es una constante. Si no se dispone de un lugar seguro, donde se dialogue y se atiendan las necesidades afectivas de los adolescentes, la conducta de riesgo puede aparecer y convertirse en delictiva.

A nivel escolar podríamos prevenir la delincuencia juvenil mediante la instauración de programas educativos desde la etapa de Educación Infantil, evaluando tempranamente e interviniendo en los factores de riesgo aludidos de hiperactividad, falta de atención, dificultades de aprendizaje temprano, impulso de valores prosociales, estimulación intelectual, lucha contra el absentismo escolar, hasta la Educación Secundaria con diversificación de recursos con contenidos-trayectorias accesibles a los que actualmente presentan retraso, desinterés, abandono escolar y ociosidad.

Las Escuelas Prácticas de Padres que abordan con seriedad el fomento de las relaciones positivas, el entrenamiento en resolución de conflictos intrafamiliares, el moldeado de estilos educacionales o la conciliación entre la vida familiar y laboral, deberían ser fomentadas tanto a nivel de los centros educativos de nuestros hijos como en las empresas de trabajadores.

A nivel social, erradicar las desigualdades en las oportunidades de acceder a los bienes y servicios públicos, luchar contra la pobreza y contra el afianzamiento de los barrios marginales, son tarea de todos como integrantes de la sociedad.

¿Qué aspectos debe contemplar la intervención psicológica en la rehabilitación de estos jóvenes? Los programas de entrenamiento en estilos disciplinarios parentales/maternales y los programas cognitivo-conductuales de entrenamiento en habilidades de resolución de conflictos son los más efectivos (Rutter, M, Giller, H y Hagell, A, 2000). Han de tenerse muy en cuenta los principios de la modificación de conducta estudiados por nuestra ciencia a la hora de intervenir en la reeducación y reinserción social de los menores infractores.

La inmediatez en la aplicación de medidas, las contingencias en la adecuación de éstas a las circunstancias concretas de cada menor, la creación o potenciación de repertorios conductuales incompatibles con el delito y de programas tanto predelictivos como de tratamiento, son aspectos que debe contemplar nuestra intervención.

El Equipo Técnico formado por Psicólogos, Educadores y Trabajadores Sociales es uno de los pilares en los que se sustenta la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

Quisiera llamar la atención sobre el olvido de estos Equipos Técnicos desde que la Ley contemplara la creación de los Cuerpos de Psicólogos Forenses, Educadores Forenses y Trabajadores Sociales Forenses, nunca llevada a cabo.

Las transferencias en materia de Justicia a las Comunidades Autónomas ha desmembrado su identidad y su unidad de acción, de forma que la selección del personal, la categorización laboral, la organización de su actuación y la consecución de sus objetivos varía enormemente de unas comunidades a otras.

No olvidemos que la mayor parte de la población de los menores y jóvenes, de edades comprendidas entre los 14 y 18 años, que pasan por nosotros en la Fiscalía de Menores, no reinciden si son, con prontitud, correctamente evaluados y derivados a las medidas educativas correspondientes. Potenciar la labor diagnóstica, dotando a las Fiscalías de Menores de personal especializado, con una formación adecuada para dar respuesta adecuada a las funciones tan importantes que les atribuye la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores y su Reglamento, supondría prevenir la delincuencia juvenil.

Se está destinando desde hace 7 años mucho esfuerzo al tratamiento, a la intervención-ejecución de medidas, cosa que hacía falta, pero no habría que olvidar que el tratamiento adecuado siempre debe ir precedido de un buen diagnóstico. El tratamiento no es efectivo sin un buen diagnóstico y ese diagnóstico se está llevando a cabo tarde y con escasos recursos en la justicia juvenil.