Desde que se empezara a elaborar y discutir lo que inicialmente fue un anteproyecto y posteriormente se convirtió en la actual Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, una preocupación constante por parte del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos (CGCOP) ha sido la de velar por la necesaria incorporación de los aspectos psicológicos en dicha Ley. Esta organización colegial considera que para que se puedan ofrecer de manera adecuada los servicios y prestaciones que establece la Ley, es de suma importancia tanto los conocimientos como la práctica profesional de los profesionales de la Psicología.

Infocop Online ha venido informando puntualmente de los asuntos y novedades más relevantes sobre la aplicación de la denominada Ley de Dependencia, recogiendo diversas noticias, artículos y entrevistas sobre esta temática. En esta ocasión, y coincidiendo con el primer año de la puesta en marcha de la Ley, esta publicación ha querido entrevistar para sus lectores a Mario García Sánchez, Presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). En esta entrevista, García Sánchez hace balance del primer año de su puesta en marcha, y nos ofrece, entre otras cuestiones, su opinión sobre la presencia y pertinencia de la Psicología dentro del marco de la Ley de Dependencia.

 

ENTREVISTA

Hace ya más de un año que la Ley de Dependencia entró en funcionamiento en todo el territorio español. De manera general, ¿cuál es la valoración que usted hace en estos momentos? ¿Qué aspectos le parece más destacados señalar al respecto?

En primer lugar, me gustaría decir que cuando desde el movimiento asociativo de la discapacidad hablamos de esta Ley, nos gusta más enfocar esta norma desde la perspectiva de la autonomía personal, que desde la de la dependencia. Dicho esto, considero que la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia ha sido una norma muy esperada, sobre la que ha existido y existe una enorme expectación. El hecho de que haya una Ley que trata de dar respuesta a una necesidad social de esta magnitud, es positivo y así lo hemos juzgado.

 

Ésta no es una Ley ni perfecta ni inmediata, de efectos tangibles nada más publicarse en el BOE, por lo que desde el CERMI nos gusta referirnos a ella como una Ley en proceso, que inicia un camino, aún difícil y más lento de lo que nos gustaría. Sentado esto, tenemos que decir que la implantación de la Ley y del Sistema que crea –nos acercamos a los 18 meses de vigencia- no está siendo ejemplar. Falta de desarrollos reglamentarios o acuerdos, diferencias muy acusadas entre territorios, procesos administrativos lentos y a veces frustrantes, ausencia de coordinación y hasta de lealtad institucional entre los poderes públicos llamados a aplicarla, politización, poca participación de los movimientos sociales en el seguimiento de la Ley, etc., son algunas de las lagunas y deficiencias que hemos detectado.

Reclamamos un pacto interinstitucional que saque la aplicación de la Ley del enfrentamiento político de baja estofa y acelere los plazos previstos. Las personas y las familias han de ver con urgencia que la Ley es una realidad en su vida práctica. 

Usted representa institucionalmente al colectivo de personas con alguna discapacidad. Como Presidente del CERMI, ¿qué consecuencias está teniendo la Ley de Dependencia para este colectivo? ¿Qué se podría mejorar o reajustar?

La Ley es la expresión de un cambio de tendencia de enorme importancia, a saber, el abordaje de las necesidades sociales más acuciantes desde la perspectiva de los derechos sociales plenos; y no desde la beneficencia, la caridad o los reconocimientos precarios. Esto es un hito. Pero hemos de pasar de las musas al teatro. Todavía hay mucha desinformación con respecto a lo que este nuevo derecho supone en los posibles beneficiarios y los procesos están siendo muy lentos.

Pocas personas saben ya qué van a recibir, qué tienen que aportar, etc. Los efectos prácticos son todavía escasos. En este sentido, es necesario acelerar el proceso de valoración y el subsiguiente de asignación de prestaciones. Esto es inaplazable. Las Comunidades Autónomas han de asumir su responsabilidad y realizar un esfuerzo ingente para traducir en hechos la Ley. No caben más demoras.

EL CGCOP ha estado defendiendo desde el principio la necesaria incorporación de los aspectos psicológicos tanto en el texto final como en la aplicación de la Ley de Dependencia. Una Ley que, para no pocos profesionales, adolece de contenido psicológico suficiente. Haciendo un balance de la puesta en marcha de la misma, ¿cuál cree que es el peso que ha tenido y tiene la Psicología en la elaboración y aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia? ¿Qué aportan hoy día los profesionales de la Psicología en este contexto?

Los profesionales de la Psicología son una pieza fundamental en todas las cuestiones sociosanitarias, también por tanto en lo relativo a la autonomía personal y la atención a la dependencia. Todo lo que suponga refuerzo de su papel nos parecerá no sólo deseable, sino muy recomendable y lo apoyaremos. Hay que tener en cuenta que la Ley y el Sistema han de revisarse en el año 2010. Hemos de preparar las mejoras que se entiendan necesarias, y entre ellas, ésta de que se reconozca con amplitud la función de la Psicología y de sus profesionales.

Como usted conocerá, una de las preocupaciones del CGCOP ha sido la de la aplicación e implicaciones del actual Baremo de Valoración de la Dependencia (BDV). En esta misma línea, el pasado mes de enero, la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental (FEPSM) y la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES) exigían la modificación del BDV, pues consideran que no contempla los aspectos psicológicos como debiera. ¿Cuál es su opinión sobre el actual BDV en la aplicación de la Ley? ¿Tiene usted algunos datos sobre las implicaciones de este instrumento?

Carecemos aún de datos amplios, representativos y fidedignos de cómo está resultando la aplicación del baremo. Nos llegan noticias diversas y dispersas de valoraciones, que dependen mucho no sólo del territorio dónde se han producido, sino a veces de los equipos concretos de profesionales (pues su configuración no es en absoluto homogénea) que las están realizando. Nos queda mucho recorrido para que los sistemas e instrumentos de valoración vayan afinándose.

Desde el CERMI, estamos recogiendo toda la información posible de nuestro tejido asociativo para documentar las valoraciones y ver si se están produciendo desajustes. Por suerte, el baremo ha de revisarse al año de su aprobación, y será el momento de plantear las mejoras que la experiencia nos aporte.

¿Le gustaría añadir alguna otra cuestión que quisiera que nuestros lectores y lectoras conocieran con respecto al tema que nos ocupa?

 

Desearía recordar que la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia ha de revisarse en el año 2010, es decir, dentro de dos años. En cierto sentido, es una Ley que está permanentemente haciéndose, en construcción. Desde la responsabilidad de representar al colectivo de personas con discapacidad, estamos trabajando ya en esas mejoras, en las propuestas que han de ampliar y acelerar el derecho. En nuestra agenda para esta Legislatura, este asunto ocupa un puesto preferente.

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