El Defensor del Pueblo destaca la escasez de profesionales especialistas en salud mental

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha publicado el Informe Anual de la actividad de la Institución en 2021, un documento donde se recogen las tareas y actuaciones del Defensor a lo largo del pasado año, incluyendo también el relato de las quejas recibidas por los ciudadanos y los procedimientos seguidos al respecto.

Tal y como señala Ángel Gabilondo, el informe es “una radiografía de la realidad social de España, ya que muestra no solo el estado de la Administración sino, aún más, del conjunto de la sociedad”, recogiendo a lo largo de sus páginas, problemas y conflictos reales, de personas reales, “cuyos derechos fundamentales no son garantizados, o no lo son plenamente, por los poderes públicos”.

El informe destaca el impacto social y económico provocado por la pandemia de la COVID-19, evidenciado por el número de quejas recibidas en materia sanitaria, que ha supuesto el cuestionamiento del alcance de determinadas políticas y medidas administrativas que han afectado, principalmente, a la salud pública y “muy singularmente en lo relativo al funcionamiento del Sistema Nacional de Salud”.  

Concretamente, la salud mental ha cobrado especial relevancia en los debates públicos, algo que, a juicio del Defensor, debería impulsar medidas concretas de mejora “que no admiten más demora”, por parte de las diferentes administraciones.

A este respecto, si bien lamenta que, a día de hoy, aún no se conozca el contenido oficial de la nueva Estrategia de Salud Mental del SNS, confía en que con su aprobación se promuevan planes de acción que atiendan eficazmente a las necesidades menos cubiertas en todas las administraciones sanitarias autonómicas, mejorando tanto a corto como a largo plazo, las capacidades del sistema y de la atención que se ofrece a las personas con problemas de salud mental.  

Sin contar con el texto publicado, de acuerdo con lo difundido por el Ministerio, la Estrategia profundiza en los aspectos de prevención de los trastornos mentales o la promoción de la salud mental de la población, refuerza los objetivos para una atención especializada para niños, niñas y adolescentes, e incluye una línea específica dedicada a la prevención de los suicidios.

Las carencias en salud mental apreciadas por el Defensor del Pueblo, a través de las quejas recibidas y las tramitaciones realizadas, son similares a las que se han venido advirtiendo en los últimos años: demanda de atención en centros especializados, “incluyendo la petición de ingreso del paciente para su rehabilitación o larga estancia, por el fracaso previo de la atención prestada en las unidades de hospitalización breve psiquiátricas y la imposibilidad de la continuidad de dicha atención desde los recursos comunitarios”, así como la necesidad de dotar adecuadamente los servicios de salud mental, teniendo en cuenta el insuficiente número de profesionales especializados, en las distintas categorías.

De igual modo que con el resto de especialidades, el informe advierte del impacto de la situación de pandemia en “el seguimiento clínico de los pacientes de salud mental”. En este sentido, subraya tanto las importantes consecuencias de la interrupción de la atención presencial debido a la propia naturaleza de los tratamientos terapéuticos, como la aparición y desarrollo de trastornos de entidad variable durante la emergencia sanitaria de la COVID-19. Entre las quejas recibidas a este respecto, figura la falta de atención que venían recibiendo los pacientes, “con la consiguiente percepción subjetiva de abandono”. Dadas las limitaciones existentes, por la escasez crónica de recursos, el Defensor insta a las administraciones a promover una acción más amplia para volver a atender adecuadamente a esos pacientes con sintomatología crónica.

Por otro lado, la Institución muestra su preocupación ante el aumento exponencial de fallecimientos por suicidios en establecimientos penitenciarios (pasando de 43 en 2019 por este motivo a registrarse 51 en el año 2020), que urge tratar el tema con una especial atención.

En este línea, aunque la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias señala indica que la población penitenciaria concentra muchos de los factores de riesgo que la OMS relaciona directamente con el suicidio (ruptura de las relaciones personales y el aislamiento social, el desarraigo y la desvinculación familiar y laboral, los problemas jurídico-penales, el nivel socioeconómico medio-bajo o bajo, el padecimiento de problemas de salud mental, el abuso de sustancias estupefacientes y psicoactivas, etc.), el Defensor considera imprescindible crear dinámicas y estrategias que traten de paliar esta situación.

El Informe indica que, pese a que la Administración penitenciaria adelantó en 2020 estar emprendiendo una revisión de la Instrucción 5/2014, que regula el Programa marco de prevención de suicidios, “acompañada de un manual de intervención psicológica que permitiera ser una guía para abordar de manera más completa las deficiencias detectadas hasta ahora”, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias valoró finalmente que la modificación de dicha instrucción no era necesaria. Asimismo, si bien dicha Secretaría afirma seguir en la búsqueda de herramientas de detección de simulación de conductas autolesivas (vinculadas a tentativas de suicidio a través del área de programas específicos de tratamiento integrada por cinco personas), el Defensor deplora que “todavía no se han plasmado en el ámbito penitenciario español”.

Entre las exigencias que la Institución estima que deben aplicarse a todos los centros penitenciarios, destacan la necesidad de supervisar y revisar en profundidad y desde un punto de vista del tratamiento penitenciario y médico, las conductas que parezcan “meras inadaptaciones regimentales”, con el propósito de conocer su origen y establecer un diagnóstico, por si pudieran existir patologías psiquiátricas latentes. En la elaboración de dicho diagnóstico considera trascendental el papel del personal médico y los psicólogos y penitenciarios.

Para tal fin, expone como requisito indispensable que las entrevistas realizadas por los distintos profesionales en la materia sean extensas y profundicen en las patologías que pueda sufrir la persona privada de libertad. De forma específica, según el Defensor del Pueblo, las entrevistas realizadas al ingreso de una persona en el centro penitenciario son especialmente importantes y delicadas, al ser los momentos iniciales de cumplimiento de condena los de más difícil abordaje y, desde un punto de vista psicológico, los que pueden dar lugar a más intentos de suicidio, debido al desconocimiento del medio, la incertidumbre jurídica o la reciente ruptura de los lazos familiares y sociales.

Teniendo en cuenta la «necesidad acuciante de que el sistema de salud a nivel nacional conceda a la salud mental y a los trastornos relacionados con ella la importancia que requieren», brindándoles la cobertura sanitaria y económica suficiente, el Informe subraya la trascendencia de extrapolar esta realidad en el ámbito penitenciario, donde hay personas con problemas de salud mental que dificultan en gran medida su proceso de adaptación a la prisión, así como su evolución a nivel personal y social.

En este contexto, la Institución recoge una serie de carencias e inconvenientes del sistema penitenciario español sobre las que es esencial emprender medidas, entre ellas, la dificultad de brindar una adecuada atención a estas personas, derivada de la ausencia de un diagnóstico claro y preciso sobre su problema de salud mental, lo que conlleva que sean considerados como «simples inadaptados» y reciban sanciones disciplinarias; y la escasez de centros o establecimientos específicamente ideados y creados para dar respuesta a sus concretas necesidades, lo que supone un incremento de su vulnerabilidad.

El informe anual refleja también la continuidad del compromiso del Defensor del Pueblo para hacer frente el problema de la violencia contra las mujeres (terminología utilizada por la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y por el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica [Convenio de Estambul]), que exige aproximaciones desde enfoques muy diversos. Entre las acciones necesarias, a parte de la mejora de la protección policial de las mujeres y del ajuste del ordenamiento penal, es esencial profundizar en la educación, la integración social de las víctimas o el abordaje de la violencia contra los menores vinculada a la de género.

Para el Defensor, el silencio de la víctima es «un factor de riesgo para la vida y la integridad física y psicológica de las mujeres maltratadas», por lo que afirma que continuará trabajando para facilitar el momento de la denuncia y evitar una doble victimización por parte de la Administración, que aumente el temor de la víctima ante su situación. A este respecto, indica que son los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado quienes en muchas ocasiones tienen los primeros contactos con la situación, y deben «dar cumplimiento y respetar los protocolos de atención a las víctimas de violencia de género en todas las comisarías y dependencias policiales», siendo garantizado por el Ministerio del Interior mediante medidas de inspección y vigilancia y a través de la formación especializada en tratamiento de víctimas de violencia de género para todos los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.

Algunas de las quejas recibidas al respecto son la falta de atención por las unidades de atención a la familia y mujer (UFAM) de la Policía, el no haber recibido ayuda psicológica o asistencia durante las gestiones en comisaría, o la sensación de que los profesionales de las oficinas de atención a las víctimas o de los servicios sociales de emergencias prejuzgan la veracidad de sus denuncias, condicionando el nivel de ayuda que ofrecen en función de su creencia sobre si es cierto o no que hayan sido maltratadas.

Concretamente, una cuestión que preocupa a la Institución es el funcionamiento de las redes autonómicas de centros de mujer, centros de atención diurna y ambulatoria y centros de emergencia, recomendando que la red de emergencia sea dotada adecuadamente, con personal especializado, incluyendo al menos un psicólogo y un trabajador social.

Un inconveniente detectado es que el sistema de lucha contra la violencia de género, inicialmente diseñado para la protección de mujeres adultas, no preveía que la violencia pudiese atacar también a los menores, algo que, a juicio del Defensor, podría explicar las dificultades a la hora de extender las herramientas con las que se cuenta a los menores. El objetivo marcado aquí es situar a los niños en el centro de la acción y ayudar a las administraciones a «protegerles mejor y más eficazmente, analizando el sistema de protección con el que ya contamos y adaptándolo a sus necesidades específicas y a su realidad infantil o adolescente, garantizando que se produce una reparación efectiva del daño causado, en especial de los daños psicológicos y las alteraciones de comportamiento, por haber estado sometidos durante largo tiempo a un contexto familiar de violencia, en sus hogares, donde deberían sentirse seguros y a salvo».

Otro aspecto sobre el cual el Defensor del Pueblo pone el foco en su informe es la interceptación y tratamiento de la inmigración irregular en alta mar, resaltando los graves y complejos problemas que de ello se derivan. Entre las múltiples cuestiones relacionadas con la interceptación y tratamiento de la inmigración irregular en alta mar (que, en este año 2021 se ha cobrado más fallecimientos y desapariciones), la Institución manifiesta su preocupación ante la falta de atención psicológica a las personas que son rescatadas en alta mar, tras haber presenciado el fallecimiento durante la travesía de otros integrantes de la misma patera. En esta misma línea, lamenta que las condiciones de detención de estas personas, y su posterior traslado a centros de internamientos o a centros de acogida humanitaria, no tengan en cuenta las necesidades de tratamiento médico y psicológico específico que precisan los supervivientes de un naufragio.

Para acceder al informe completo, pincha el siguiente enlace:

Defensor del pueblo. Informe anual 2021 y debates en las Cortes Generales