A través de varios colegiados de los Colegios de Valencia y Cataluña, se ha tenido conocimiento de una reducción de los horarios de trabajo de los psicólogos forenses que ejercen sus funciones en régimen de interinidad en ambas comunidades, otra de las medidas con las que se pretende aliviar la situación económica en dichas comunidades, y que pudiera tomarse como ejemplo en otros territorios.

Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España deseamos insistir en la improcedencia de dichas medidas de supuesto ahorro. Conocedores de la grave situación presupuestaria del país, no creemos que la tarea psicológica forense pueda ser considerada como superflua o prescindible.

Estamos seguros de que los buenos profesionales de la Psicología Jurídica Española contribuyen, no sólo a reducir el coste emocional que supone el paso de los ciudadanos por la justicia, sino a un importante ahorro económico y social en los tribunales, y también que el coste de sus salarios se sufraga con creces con el servicio que prestan a la sociedad. Por ello debe potenciarse el mantenimiento de dichos servicios para una mayor eficacia en el funcionamiento de la Administración de Justicia.

Desde este Consejo ofrecemos nuestro apoyo a la Administración para estimar el impacto económico del trabajo psicológico forense en juzgados y tribunales, impulsando así su limitada implantación.