Aunque desde el inicio de la profesionalización de la Psicología en España, siempre hemos tenido que luchar por alcanzar el reconocimiento legal que nos corresponde, en los últimos años, la Psicología española se ha visto aún más inmersa en un periodo de  turbulencias.

Desde que el 20 de noviembre de 1998 se consolidase la Psicología Clínica en el SNS, a través de la entrada en vigor del Real Decreto 2490/98 por el que se crea y regula el título oficial de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica (RD 2490/98), y que da carta de naturaleza a la actividad del psicólogo en el ámbito de la salud y de la psicopatología, nos hemos visto envueltos en innumerables debates con los distintos Gobiernos de la Nación para que se reconociese de facto y de iure con suficiente rango normativo y con todas sus consecuencias lo que era de sobra sabido y reconocido por todo el tejido social y profesional: que la Psicología es una profesión sanitaria.

Gracias a los grandes esfuerzos realizados por los Colegios de Psicólogos y el Consejo General de la Psicología, y principalmente por los propios profesionales con su quehacer diario, se han ido logrando avances significativos: aunque no a la velocidad que nos gustaría se han aumentado las plazas PIR (excepto en una convocatoria), se ha cerrado el proceso de homologación de títulos  y, más recientemente, con la aprobación de la Ley 33/2011 General de Salud Pública (Disposición adicional séptima), aquellos psicólogos que no han obtenido el título de especialista cuentan ahora con la posibilidad de continuar trabajando en el ámbito de la salud a través de la realización del Máster en Psicología General Sanitaria o, en su caso, por la vía de la habilitación transitoria.

Francisco Santolaya

Resulta obvio que el camino que ha llevado a ir conquistando estos derechos que nos eran propios no ha sido nada fácil. Y ahora nos encontramos ante una nueva dificultad que nos obliga, una vez más, a demostrar lo que es obvio. Con la aprobación, el pasado 2 de agosto, del Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, redactado por el Ministerio de Economía y Competitividad, el Gobierno parece querer rebajar la actividad sanitaria de la Psicología a una segunda categoría reduciendo la capacidad negociadora de la profesión ante los órganos titulares de gobierno. De hecho, de confirmarse lo plasmado en el Anteproyecto, la Psicología sería la única actividad sanitaria asistencial sin colegiación obligatoria; y eso por criterios puramente económicos, ya que el Ministerio de Sanidad ha mostrado claramente su apoyo a la colegiación en las profesiones y actividades sanitarias.

Lo que llama poderosamente la atención de la actual redacción del Anteproyecto es su propia incoherencia ya que siguiendo los principios postulados en él mismo la conclusión es obvia, y no se justifica de ninguna forma la exclusión: si el Gobierno considera que toda actividad asistencial relacionada con la salud debe ser controlada deontológicamente por los Colegios, la asistencia sanitaria psicológica también ¿o es que se considera a esta asistencia menos importante que otras? Si admitiésemos esto estaríamos admitiendo la degradación de la intervención psicológica, y abriendo la puerta a su desaparición del SNS.

Estamos convencidos de la racionalidad de nuestros argumentos, y como quiera que la aprobación de una ley en España conlleva un proceso largo en el que intervienen múltiples agentes: Ministerios, Consejo de Estado, CC.AA., Partidos Políticos, Grupos Parlamentarios, etc.; tenemos tiempo y razones para hacer comprender a la Administración y al Congreso que nuestra profesión es una profesión que realiza una gran actividad sanitaria, y que ésta debe tener el mismo nivel de regulación que la que llevan a cabo farmacéuticos, médicos, enfermeras, etc., y que, por lo tanto, la intervención de los psicólogos en el ámbito de la salud debe estar incluida en la redacción final de la Ley en iguales condiciones que otras profesiones.

En ello estamos y todos vosotros podéis estar seguros de que el Consejo y los Colegios usaremos todos los recursos a nuestro alcance para llevar a buen fin los diferentes asuntos pendientes por cerrar con el Gobierno en este momento: Ley de Servicios y Colegios profesionales; solución definitiva para que los psicólogos inscritos en los correspondientes Registros de Centros Sanitarios puedan continuar ejerciendo la Psicología Sanitaria tras la finalización del período transitorio establecido por la Ley General de Salud Pública; la inserción profesional; y la protección de los derechos e intereses de los colegiados.

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