Editorial enero-marzo 2014

El pasado día 24 de enero tuvo lugar una reunión institucional en la sede del Consejo General de la Psicología. En dicha reunión, en la que participaron miembros de la Junta de Gobierno del COP y miembros de la Comisión Interinstitucional de Psicología Educativa (CIPES), se analizó la situación de nuestro colectivo en el ámbito de la psicología de la educación, tomándose diversos acuerdos que colocan este ámbito de la Psicología como uno de los objetivos prioritarios y primordiales, para los próximos cuatro años, en la agenda de trabajo de la Junta de Gobierno del Consejo. Esta decisión, junto a los trabajos realizados por la Coordinadora del Área de Psicología de la Educación en sus últimas reuniones, ha promovido la realización de una jornada interna de trabajo con los representantes de todos los COPs y a la que será invitado el CIPES, para los próximos días 9 y 10 de mayo en Valencia. Durante el desarrollo de dichas jornadas, se debatirá la necesidad de profesionalización de los servicios de orientación escolar, la creación de un máster en Psicología de la Educación que sea profesionalizante, así como la situación de esta área que es, tras el ámbito de la Psicología Clínica y de la Salud, la de mayor desarrollo e inserción profesional;  y  cuyas aportaciones en los últimos años no han sido valoradas como se debiera por las instituciones públicas.

Las políticas educativas de un país son esenciales para el desarrollo del mismo y, dentro de la estructura educativa, el papel que juegan los psicólogos es único e insustituible; el proceso educativo adaptado a las necesidades del desarrollo del alumno, el equilibrio emocional, el ayudar a crear unas expectativas realistas y adecuadas en el educando, el saber detectar las patologías emergentes y poderlas prevenir o derivar a los dispositivos adecuados para su tratamiento, etc., son entre otras, funciones y tareas propias de nuestra profesión, que deben ser tenidas en cuenta en las políticas educativas del país y potenciadas a través de una formación específica y exclusiva, por y para el psicólogo de la educación, así como aumentando el ratio de psicólogos educativos por alumno en la estructura educativa española.

Esta última proposición puede resultar extraña o disonante cuando nos seguimos encontrando inmersos en una crisis económica de grandes dimensiones, pero también es cierto, creíble o no, que las instancias gubernativas empiezan a transmitir al ciudadano que España empieza a salir de dicha crisis y, en todo caso, no podemos olvidar que, si bien un buen político es el que piensa en términos de  conseguir volver a ser elegido y lo consigue, un gran estadista es el que logra ver las necesidades de un país a largo plazo y pone a disposición de las instituciones y los ciudadanos los recursos económicos y legislativos que permitirán cubrir dichas necesidades en el futuro, de tal manera que el país se desarrolle armónicamente.

En otro orden de cosas, y siguiendo con el refranero español de “A  Dios rogando y con el mazo dando”, me gustaría señalar que los acuerdos tomados en las distintas reuniones que se mantuvieron a lo largo del pasado año con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para resolver definitivamente la situación de los psicólogos que desarrollan sus funciones en el ámbito privado de la Psicología Clínica y de la Salud, van tomando forma. Así, la propuesta de solución realizada por el Gobierno de la nación a través de una enmienda incluida en la nueva Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios sigue su camino, no sin ciertas dificultades, que se resolvieron a través de las reuniones mantenidas por miembros de la Junta de Gobierno del Consejo con diversos diputados del Congreso. Dicha propuesta de solución, en el momento en que se escribe esta editorial, se encuentra ya en el Senado de la nación y es de desear que en breve, y sin más dilaciones, se vea reflejada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

También lamento, aún reconociendo el derecho legal que tienen de hacerlo, el recurso que ha interpuesto la Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes (ANPIR) contra la Orden reguladora del Máster en Psicología General Sanitaria. Dicho máster consolida el ejercicio, la inserción profesional y el apoyo legal a las funciones que desarrollan los psicólogos en el ámbito de la Psicología Clínica y de la Salud.

Por último, os animo a participar en el IX Congreso Iberoamericano de Psicología, que tendrá lugar en Lisboa (Portugal) entre los días 9 y 13 de septiembre de 2014, un punto de encuentro esencial para dar a conocer y afianzar los avances científicos en Psicología en el espacio iberoamericano.

Y me gustaría advertir, nuevamente, sobre la publicidad engañosa de cursos y másteres dirigidos a obtener la condición de Psicólogo General Sanitario o el título de Psicólogo Clínico, que induce a confusión respecto a la titulación o acreditación que concede.