En diciembre de 2014, el Ministerio del Interior dio a conocer el  primer Protocolo de actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado ante los delitos de odio y conductas que vulneran las normas legales sobre discriminación.

Este protocolo pretende sentar las bases para la actuación ante determinadas agresiones, como ataques o insultos, que se produzcan mediante el  uso de redes sociales, aplicaciones para móviles (mensajería, etc.) u otras plataformas de Internet, y que pueden estar motivadas por cuestiones de racismo, orientación sexual, religión, etnia o discapacidad, entre otros.

Según ha comunicado Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad en una nota de prensa, el protocolo pretende facilitar que las víctimas de estos delitos denuncien su situación, lo que constituye un paso fundamental para poder actuar de manera temprana sobre estas situaciones de odio que pueden derivar en violencia física, psicológica y verbal.

Tal y como se recoge en el protocolo, los miembros de las Fuerzas de Seguridad deben ser conscientes de algunas de las barreras existentes que impiden que las víctimas denuncien estos actos y entre las que se encuentran la creencia, por parte de las víctimas, de que los ataques no son graves o de que la denuncia no tendrá ningún efecto, el miedo a desvelar cuestiones personales asociadas a su orientación sexual o filiación étnica, religiosa o política y problemas asociados a la victimización secundaria que pueden sufrir, entre otros.

El documento proporciona información sobre las diferentes tipologías de conductas penalizadas, relacionadas con los delitos de odio, por lo que se trata del primer protocolo en el que se identifican y se especifican los tipos de comportamiento que pueden ser objeto de esta actuación. Asimismo, el texto detalla la información esencial que se debe recopilar a la hora de realizar los atestados para que las autoridades judiciales puedan formular cargos de imputación contra los agresores.

Mediante este protocolo el Ministerio del Interior pretende dar visibilidad a las víctimas de estos delitos, incrementar la formación y sensibilización de las Fuerzas de Seguridad del Estado, mejorar la atención a la víctima, facilitar el proceso de denuncia, perfeccionar los atestados dirigidos a jueces y fiscales y completar un mapa de discriminación en España, de tal manera que los miembros de las Fuerzas de Seguridad puedan identificar más fácilmente este tipo de delitos y se pueda implantar una homogeneización de su actuación en todo el territorio español.

Más información en:

Protocolo de actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado ante los delitos de odio y conductas que vulneran las normas legales sobre discriminación

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