La necesidad de recursos para detectar los problemas psicológicos del alumnado

El reciente incidente en el instituto Joan Fuster en el que un alumno de 13 años armado con una ballesta y un puñal causó la muerte a un profesor y heridas a 4 personas ha desatado el debate en torno al estado del sistema educativo y, en concreto, sobre las medidas que se pueden poner en marcha para reducir el impacto de este tipo de sucesos.

De hecho, esta cuestión es el objeto de interés de la página editorial de El Mundo.es, del pasado 22 de abril, que lleva por título La violencia en las aulas exige recursos para detectar problemas de los alumnos.

Tal y como se detalla en el mencionado texto, los hechos ocurridos en el instituto Joan Fuster ponen de manifiesto que resulta necesario “redoblar la atención a la educación por parte de los poderes públicos, multiplicar los recursos, incorporar el seguimiento psicológico en la estructura de los centros (…) y disponer de evaluaciones rigurosas que permitan trazar un diagnóstico, más allá de la detección de posibles dificultades en el aprendizaje, de aquellos alumnos con problemas mentales o cualquier otra afección que requiera una atención singular”.

Las soluciones no radican en establecer medidas legales como el adelanto de la responsabilidad penal del menor (“una reivindicación sin base consistente”, señala el citado texto) o en considerar al maestro una “autoridad pública”, sino “en la obligación de potenciar la educación tanto para evitar que vuelva a repetirse un crimen de estas características como para luchar contra la creciente violencia escolar”.

De esta manera, el texto sitúa el trasfondo del problema en la falta de medios y recursos especializados destinados al contexto educativo y reivindica el papel de los programas de prevención y su importancia fundamental en este ámbito. Desde esta perspectiva, y tal y como ha informado Infocop en otras ocasiones, resulta imprescindible la aportación de la Psicología. Precisamente esta disciplina es la que proporciona las herramientas y profesionales necesarios para desarrollar dichos programas preventivos y de mejora de la convivencia escolar, así como para la evaluación y atención especializada de los alumnos con problemas de salud mental.

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