La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad aprobó, el pasado mes de abril de 2015, una Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió (CIU), relativa a garantizar el acceso a la neurorrehabilitación por daño cerebral sobrevenido con cargo al Sistema Nacional de Salud (SNS).

Tal y como ya informó Infocop Online el pasado mes de marzo, la iniciativa se presentó con el objetivo de dar solución a los “distintos obstáculos” que deben enfrentar los pacientes con daño cerebral sobrevenido, principalmente los menores, “a la hora de poder acceder a neurorrehabilitación con cargo al SNS”.

Con este propósito, planteaba mejorar la redacción de algunos apartados del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización.

Esta propuesta fue ampliamente justificada por CIU durante la sesión de la Comisión para su debate. En primer lugar, el Grupo Parlamentario catalán subrayó la necesidad de clarificar el punto 8 del Anexo III, de atención especializada, perteneciente al citado Real Decreto, puesto que, si bien “la Ley ya dice que debe constar en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud la rehabilitación y la neurorrehabilitación”, su redactado da pie a una interpretación ambigua que puede complicar el acceso a los servicios de rehabilitación. En este sentido, expresaba: “la lectura que del mismo hacen las comunidades autónomas se diferencia bastante, sobre todo cuando se trata de rehabilitación con menores de edad”, y esta dificultad se agrava, en opinión de CIU, en casos en que los accidentes afectan a personas de entre 3 y 18 años, puesto que “algunas comunidades autónomas no cuentan con servicios para que estos menores puedan tener su rehabilitación, a la que tienen derecho”.

Para solventar esta situación, la iniciativa pide precisar explícitamente en este punto que la rehabilitación sea integral, realizándose un “tratamiento transdisciplinar (...) a nivel cognitivo, a nivel conductual, a nivel emocional.

Otro aspecto contemplado en la PNL, hace referencia al concepto de situaciones de riesgo vital para aplicar la salvedad –recogido en el apartado 3 del artículo 4 del mismo Real Decreto-, cuya interpretación se ciñe al riesgo para la vida, por lo que el texto sugiere modificar el concepto de “urgencia vital”, de modo que no sólo implique un peligro para la vida, sino también un “posible riesgo funcional físico o psíquico, que requiera de una intervención inaplazable por riesgo de pérdida de funcionalidad de órganos esenciales para el desenvolvimiento de una persona”.

Durante la sesión de debate, el resto de Grupos Parlamentarios expresó su conformidad con el contenido de la PNL, por constituir un reflejo de la realidad actual en este ámbito, en tanto que había sido elaborada por asociaciones de pacientes con daño cerebral adquirido (un dato que CIU quiso dejar en claro desde un primer momento). Asimismo, la argumentación de la propuesta planteó sobre la mesa la importancia de poder “cuantificar y evaluar cuántos menores con daños cerebral sobrevenido existen en nuestro país, cuál es la situación de sus familias, cuál es el nivel de los cuidados” y la necesidad de diagnosticar la situación, para así “poder disponer de los recursos humanos y presupuestarios necesarios para realmente contar con una estrategia acerca de este problema”. A este respecto, se sugirió la posibilidad de instar al Gobierno a elaborar una estrategia nacional sobre el daño cerebral sobrevenido infantil, cuyo tratamiento se oferte desde la cartera de servicios comunes.

Previo a la votación de la iniciativa, el Grupo Popular mostró su acuerdo con la clarificación de apartados que se solicitaba (empero no con añadir dotaciones presupuestarias específicas, al considerar que estos servicios ya están incluidos en la cartera común y contemplados en los presupuestos de las comunidades autónomas), y propuso una enmienda orientada a especificar el alcance de los tratamientos de rehabilitación dirigidos a pacientes con déficit funcional recuperable. A tenor del tema debatido, el PP recordó que en los trabajos que en la actualidad “se están llevando a cabo dentro de la estrategia de atención sociosanitaria en el seno del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, se contempla a las personas con daño cerebral sobrevenido como uno de los colectivos que son objeto de esta atención, y todo ello con el fin de mejorar su estado de salud, su funcionalidad o autonomía física, psíquica y social”.

La iniciativa, que ha quedado aprobada por unanimidad junto con la enmienda, reza así:

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Primero. Clarificar el alcance de los tratamientos de rehabilitación a nivel cognitivo, conductual y emocional, mediante el tratamiento transdisciplinar a pacientes con déficit funcional recuperable en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud.

Segundo. Clarificar que el término de situación de riesgo vital se refiere no sólo a situaciones de riesgo para la vida sino a aquellas que suponen un riesgo de pérdida funcional esencial para la salud y autonomía de la persona”.

La sesión del Congreso está disponible aquí (pág. 19): http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-796.PDF

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