Escribo estas líneas cuando toda la Nación se encuentra inmersa en un compás de espera, mientras los grupos parlamentarios surgidos de las recientes elecciones generales se afanan por llegar a acuerdos y configurar un Gobierno estable. Nada hace presagiar que vaya a ser un empeño fácil que pueda estar coronado por el éxito. Mientras tanto, España sobrevive con un Gobierno en funciones que no tiene capacidad para tomar decisiones de cierto calado, que vayan más allá de la simple gestión del día a día.

Como les pasa a otras profesiones, la Psicología española está esperando pacientemente que se vayan resolviendo los graves problemas que padece. Algunos de esos problemas ya tienen solución legal, pero el Gobierno no la desarrolla, así que estamos empantanados. Este es el caso de la regulación del Grado, una exigencia contenida en la Ley de Salud Pública, que debería haberse resuelto, de acuerdo con los plazos que marca la propia Ley, hace más de tres años, y de la que aún no hay norma administrativa que la desarrolle. Otros problemas tienen soluciones que cuentan con un amplio respaldo profesional y social, pero no hay iniciativa política para resolverlos. Estamos refiriéndonos aquí a temas de gran calado como la introducción de la atención psicológica especializada dentro del sistema educativo, la mejora del acceso de la población a la atención psicológica y psicoterapéutica dentro del sistema sanitario, la configuración de la carrera profesional Grado – Máster PGS – Especialidad de Psicología Clínica, o la regulación de la Psicología Jurídica y Forense dentro del campo de la Justicia.

Francisco Santolaya Ochando

Podemos decir que la legislatura pasada fue, en gran medida, tiempo perdido para dar respuesta a estos problemas. Ahora la interinidad de la situación puede ser la razón de la parálisis. Pero no debemos dejar que el tiempo pase sin hacer nada. El Consejo se ha puesto manos a la obra para que el próximo Gobierno, cuando esté constituido, cuente con nuestra opinión en estos importantes temas.

La regulación del Grado es una obligación inexcusable para el nuevo Ejecutivo. Una norma con rango de Ley y aprobada por unanimidad de ambas cámaras debe ser respetada y cumplida. Da vergüenza ajena que tengamos que decir estas cosas, en un país desarrollado como España. Su cumplimiento debe hacerse sin subterfugios y con total fidelidad a la letra y espíritu de la Ley. La titulación de Grado debe regularse para garantizar una formación adecuada que dé acceso tanto al Máster de Psicología General Sanitaria, como a la Especialidad de Psicología Clínica. Tan pronto esta regulación este hecha, deberían llevarse a cabo las modificaciones legales y reglamentarias necesarias para que se ponga en marcha el itinerario formativo Grado - Máster – Especialidad. Pedimos algo muy simple y fácil de entender. Antes de poder recibir la formación especializada es necesario tener la formación generalista que le sirva de fundamento. No podemos seguir con la situación actual, en la que están accediendo a los exámenes PIR titulados de otros Grados diferentes al de Psicología, debido a la indefinición existente en el Grado. Esta situación es absurda, va contra la lógica de la formación especializada, y tiene como principal interés debilitar a la Psicología como profesión sanitaria, en detrimento de la calidad formativa de los especialistas y del interés de los usuarios. Urge regular el Grado y establecer un itinerario formativo lógico. Estamos completamente abiertos a analizar las condiciones de cada uno de los tramos del itinerario pero no la lógica subyacente al mismo.

Sobre el desarrollo de la atención psicológica dentro del sistema educativo, creo que el Estado (autonomías y Gobierno central, ambos con competencias en esta materia) debería decidir si desea una respuesta de calidad a las demandas existentes, o si más bien quiere hacer una “faena de aliño”. Si opta por la primera opción, tiene que hacer muchas cosas, pero entre ellas una muy importante es crear las condiciones para que haya profesionales cualificados, diferentes a los profesores, que sirvan de apoyo a la tarea educativa, en la que participan principalmente profesores, padres y alumnos. Si lo que quiere es lo segundo, está bien elegido el camino para dar respuesta a importantes desafíos como el del acoso escolar. Mucho ruido mediático y pocas nueces para el trabajo del día a día en las escuelas. Y no digo esto porque crea que el Plan de Convivencia Escolar es un conjunto de medidas equivocadas, que no lo es globalmente, sino porque creo que incluso ese conglomerado de acciones tiene pocos visos de cumplirse realmente. A ver si el próximo Gobierno apuesta por la opción de calidad.

Todos los indicadores apuntan a que el acceso a la atención psicológica y psicoterapéutica dentro del sistema sanitario público es un derecho de los pacientes que se está vulnerando. El tratamiento psicológico es un medio eficaz para tratar trastornos mentales, y tiene ventajas comparativas tanto desde el punto de vista de su efectividad como de su eficiencia. Si las Guías Clínicas más reputadas aconsejan el uso del tratamiento psicoterapéutico para los trastornos de ansiedad y afectivos, altamente prevalentes dentro de nuestro sistema sanitario, los problemas de acceso de los usuarios a ese tipo de tratamiento sólo puede ser entendido como una vulneración de sus derechos. ¿Por qué si son más eficientes y efectivos frente a algunas condiciones psicopatológicas, sobre todo en el medio y largo plazo, no se facilita el acceso de los usuarios a este tipo de tratamientos tanto en Atención Primaria como en la Especializada? La respuesta para dar solución a este problema pasa por la incorporación de la Psicología Clínica tanto en Atención Primaria como por un incremento notable de plazas de psicólogo clínico en la Salud Mental especializada. Las cifras del desfase existente de psicólogos trabajando dentro del sistema sanitario público, cuando comparamos a España con la media europea, no dejan lugar a dudas sobre el camino que hay que recorrer. Es necesario seguir insistiendo en que esta demanda no tiene sólo un componente de reivindicación profesional, sino que también es un testimonio de nuestra firme defensa de un sistema sanitario público efectivo y eficiente al servicio de los pacientes. Esperemos que el próximo Gobierno lo entienda así también.

Por último, la Psicología Jurídica y Forense vive horas de perplejidad. Nunca como hasta ahora, los psicólogos han tenido un papel tan destacado, en múltiples ámbitos del sistema judicial y penitenciario. Y sin embargo, es, en este preciso momento, cuando ciertas medidas administrativas y legales no acaban de estar a la altura. Parafraseando un eslogan que ha hecho recientemente fortuna, parece que el reconocimiento obtenido con el trabajo bien hecho y la confianza de los distintos agentes jurídicos, nos lo merman las intrigas de despacho y el clientelismo político. Así aparecen normas como la creación de los institutos médico legales o la propia Ley del Poder Judicial en las que la presencia de la Psicología está deficientemente reconocida. Por otra parte, se repiten los incidentes aquí y allá, donde profesionales solventes, con muchos años de trabajo a su espalda, se ven injustamente tratados o marginados. Un nuevo Gobierno debería afrontar la creación de la profesión de psicólogo forense, poner en marcha una sección de psicología a su cargo dentro de los institutos de medicina legal y ciencias forenses y constituir el Consejo de la Psicología Forense como órgano asesor del Ministerio. No hay ninguna correspondencia entre la realidad de la profesión dentro de la Justicia y su regulación legal y administrativa. Causa sorpresa la poca justicia que el sistema judicial hace a nuestra profesión. Confiemos en que los tiempos de cambio que se vislumbran en la política, sirvan para reconocer el servicio que la Psicología Jurídica y Forense presta a nuestra sociedad.

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