Cuando me dispongo a escribir este editorial, queda más o menos un mes para que haya nuevas elecciones generales. Nada ha cambiado desde finales del año pasado, así que los grandes temas que estaban pendientes en el país y en nuestra profesión siguen sin encontrar un camino para su solución. Redoblamos esfuerzos para que las principales fuerzas políticas nacionales sean conscientes de los principales problemas que afronta la Psicología, una profesión que afecta directamente a más de 200.000 profesionales, estudiantes y académicos, e indirectamente a millones de personas en nuestro país. Sin embargo, no soy especialmente optimista, y no creo que la formación de un Gobierno vaya a resolver sin más los problemas pendientes, sobre todo si los votantes no saben qué decidir, dado que las ideas de las principales formaciones políticas no están claras, y no parecen estarlo. Así que vamos a intentar ayudar. En este editorial voy a formular a los partidos políticos preguntas muy simples, cuya respuesta por parte de los partidos políticos ayudará a formar la intención de voto de todos aquellos que consideramos que la Psicología es una profesión importante para España.

Francisco Santolaya Ochando

La primera pregunta es muy sencilla: ¿debe el Gobierno que salga de las urnas estar sujeto al imperio de la Ley? Si es así, debe regular el Grado de Psicología sin dilación, ni trampa ni cartón. La Ley General de Salud Pública, en su Disposición Adicional séptima fue aprobada por unanimidad en las Cortes y salió publicada en el BOE el 5 de octubre de 2011. En su apartado 3 dice  que “…el Gobierno, en el plazo de un año, regulará las condiciones generales a las que se ajustarán los planes de estudio del título de Grado de Psicología, correspondiendo al Ministerio de Educación regular, en el citado plazo y con sujeción a lo previsto en dicho Real Decreto (1393/2007), los requisitos del título y planificación de las enseñanzas a las que habrán de ajustarse los planes de estudio de Grado en el ámbito de todo el Estado con sujeción a los siguientes criterios: a) El título de Grado en Psicología, que no habilitará, por sí mismo, para el ejercicio de la Psicología en el sector sanitario, constituirá un requisito necesario para el acceso al Máster en Psicología General Sanitaria; b) Las universidades que formen a psicólogos que pretendan acceder al Máster en Psicología General Sanitaria diseñarán el título de Grado en Psicología previendo, al menos, un recorrido específico vinculado a la Psicología de la Salud. Dicho recorrido determinará una mención expresa al mismo en el correspondiente título de Grado en Psicología; c) Las universidades procederán a adaptar los planes de estudio de Grado en Psicología ya aprobados a las condiciones generales antes citadas, solicitando su verificación en los términos previstos por la legislación vigente. La citada adaptación se llevará a cabo en el plazo de cinco años desde que el Gobierno apruebe las condiciones generales a las que se ajustarán los planes de estudios del título de Grado en Psicología”. Una vez leído el anterior texto, y siendo conscientes de que ya han transcurrido casi cinco años desde la aprobación de la Ley, ¿cabe dudar de que el Gobierno está obligado a regular cuanto antes el Grado de Psicología?

La siguiente pregunta podría formularse de la siguiente manera: ¿debe el futuro Gobierno facilitar a los ciudadanos el acceso a la psicoterapia como herramienta efectiva y eficiente para tratar los problemas de salud mental más prevalentes en la población? Hay abundante información sobre la eficiencia y efectividad de la psicoterapia en el abordaje de los trastornos mentales comunes y graves, tanto en nuestro país como en múltiples países de nuestro entorno cultural. La reciente experiencia inglesa de incluir la asistencia psicológica en Atención Primaria está resultando muy satisfactoria. Sin embargo, en España, como reconoce la abortada Estrategia de Salud Mental, estamos muy lejos de dar una respuesta adecuada a la creciente demanda de atención psicológica. En este sentido, ¿cabe dudar de que hay que hacer un cambio significativo en el ámbito de la salud mental, dotarla de más recursos, y optimizar los existentes para que la población tenga acceso a la mejor asistencia al mejor precio?

Una tercera pregunta debe referirse necesariamente al ámbito de la educación. Necesitamos urgentemente un acuerdo nacional, alejando la educación de la contienda partidista. En esto parece haber acuerdo. Pero para alcanzar ese objetivo, que no es fácil, tenemos que dejar hablar a sus principales protagonistas (profesores, padres, alumnos, técnicos, etc.), acordando los objetivos a alcanzar y los medios para llegar a ellos. La Psicología Educativa es una profesión que no puede quedar fuera de ese diálogo, máxime cuando ha concitado un apoyo claro entre padres y profesores. Los problemas psicológicos en el ámbito educativo son múltiples y sus consecuencias son graves y diversas. La mayoría de esos problemas deben tratarse prioritariamente allí donde se producen, en el medio escolar, pero la realidad es que no hay una asistencia especializada que la atienda. En consecuencia, las preguntas a formular serían dos: ¿debemos atender los problemas psicológicos que se dan en el medio educativo con el fin de reducir el fracaso escolar y personal que pueden llevar asociados? y ¿debemos garantizar que los problemas de nuestros hijos estén tratados por los profesionales más cualificados para su diagnóstico y solución? El PP pareció sensible a esta demanda cuando el 22 de marzo de 2011, por mediación de Juan Antonio Gómez Trinidad y María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, presentó una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados, que instaba al Gobierno a: “1. Adoptar las medidas necesarias para regular la figura del ‘psicólogo educativo’, que deberá ser graduado o licenciado en Psicología con máster en Psicología de la Educación. Esta figura estará integrada en la organización de los centros educativos, apoyando la acción tutorial, y desempeñará las siguientes funciones: evaluación diagnóstica en contextos educativos; asesoramiento psicológico a alumnos, padres, profesores y autoridades académicas; intervención de tipo correctivo, preventivo y optimizador; coordinación sistemática con otros profesionales y la adecuada derivación en tiempo y forma”. Nada se ha hecho hasta ahora, y todo el mundo está de acuerdo que en este asunto de la educación ya no caben más demoras. ¿A qué esperamos?

Por último, la cuarta pregunta tiene que ver con la delicada situación que están viviendo nuestros compañeros que ejercen en el campo de la Psicología Forense. ¿Para cuándo una profesión regulada dentro del ámbito de la Psicología Jurídica y Forense? Durante esta legislatura, el Ministerio de Justicia nos ha manifestado una actitud favorable al reconocimiento de los psicólogos forenses. Sabemos que contamos con la simpatía y el apoyo de los profesionales de la Justicia. Sin embargo, no acaba de haber un reconocimiento claro de la figura del psicólogo forense debido a la creciente tensión desregulatoria que vivimos. Los psicólogos forenses atienden aspectos críticos que afectan a derechos fundamentales de las personas y que están claramente vinculados con la salud y la seguridad. Su papel es creciente en múltiples áreas como son las de atención a víctimas, evaluación de la imputabilidad, protección de la infancia, o la rehabilitación y reinserción de los penados que no pueden ni deben estar al albur de medidas desregulatorias. Así parecía que el Ministerio de Justicia lo había reconocido cuando nos manifestó la intención de apoyar la creación de una formación de postgrado específica que fuera condición imprescindible para el acceso a las oposiciones de psicólogo forense. Luego todo quedó en nada. ¿Estaría dispuesto el próximo Gobierno a abordar la creación de la profesión regulada de psicólogo forense en el transcurso de la próxima legislatura?

Atentos a las respuestas que den los principales partidos políticos a estas preguntas. Para los que amamos a la Psicología, sus contestaciones orientarán nuestro voto.

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