En las últimas décadas se ha producido un gran avance en la capacidad de los profesionales de la salud mental para evaluar el riesgo de violencia.  Los denominados juicios clínicos no estructurados, basados en la historia clínica o la entrevista y la aplicación de test para establecer un diagnóstico psiquiátrico, y en los que tiene un importante peso la intuición clínica del profesional, no han demostrado ser mucho mejores que el azar cuando se trata de predecir si una persona cometerá o no cometerá una determinada acción violenta. Este es el motivo que ha impulsado un denodado interés de los investigadores hacia la búsqueda de modelos alternativos que permitan la ejecución de esta delicada tarea con ciertas garantías de éxito a los clínicos y forenses implicados. De esta manera, en los últimos años se han desarrollado procedimientos actuariales de evaluación del riesgo, que combinan estadísticamente el peso de determinados factores de riesgo para optimizar la predicción de la conducta violenta (Hanson, 2009). Estos instrumentos de juicio profesional estructurados están diseñados para guiar a los clínicos y a otros profesionales en la evaluación de los factores de riesgo y de protección que han recibido apoyo empírico, ajustados para cada tipo de violencia: juvenil, de pareja, sexual, etc. (Sighn et al., 2011).

No obstante, aunque actualmente contamos con numerosos procedimientos de estimación del riesgo de violencia, se ha prestado muy poca atención a las formas para integrar de manera efectiva estas herramientas en el contexto clínico diario (Elbogen, 2002; Schwalbe, 2004). La realidad práctica muestra que los profesionales no llegan a emplear estos instrumentos o, si lo hacen, los aplican mal, lo que imposibilita que se alcancen los beneficios esperados de su utilización.

El asunto es suficientemente grave como para invitar a la reflexión de los profesionales implicados en esta labor. La evaluación del riesgo de violencia influye en la toma de decisiones para valorar el ingreso involuntario de un paciente, la libertad condicional de un preso o el establecimiento de órdenes de alejamiento y medidas de protección a víctimas de violencia de género, por citar algunos ejemplos. La predicción del riesgo de violencia tiene, por tanto, implicaciones a nivel jurídico, clínico o público, con un impacto directo en la vida de las personas.

Las razones que subyacen a esta brecha entre los avances en la investigación y la práctica clínica están siendo objeto de investigación desde hace unos años. Junto a la escasa formación de los profesionales para la adecuada selección, uso e interpretación de test psicológicos, en el campo específico de la evaluación del riesgo de violencia se han identificado una serie de sesgos cognitivos y heurísticos que pueden estar influyendo negativamente en este proceso de toma de decisiones clínicas.

A modo de ejemplo, entre los sesgos que menciona la literatura y que influyen negativamente a la hora de considerar la posible acción violenta de la persona que está siendo evaluada se encuentra el sesgo de disponibilidad heurística (Elbogen, Huss, Tomkins y Scarola, 2005; Brown y Rakow, 2015). Esta fuente de error potencial consiste en la tendencia a considerar ciertas variables que son fácilmente observables, incluso cuando estas variables no tienen una correlación empíricamente demostrada con la violencia -como, por ejemplo, la presencia de ideas delirantes extravagantes- en detrimento de otras variables, menos accesibles, que son factores de riesgo establecidos y validados –como, por ejemplo, los detalles y antecedentes de la violencia-. Así, en un estudio reciente realizado por Brown y Rakow (2015), con una muestra de profesionales sanitarios trabajadores de un hospital, se observó que la evaluación del riesgo de violencia se establecía prioritariamente sobre las conductas violentas recientes de la persona evaluada (durante su internamiento hospitalario) frente a la conducta violenta ejercida en el pasado (antes de su admisión hospitalaria), lo que según los autores refleja este sesgo en el procesamiento de información a favor de los datos recientes o más accesibles.

Otros sesgos que pueden afectar negativamente en los procesos de valoración de la reincidencia de la conducta violenta son el sesgo de negación de la tasa base de la violencia o el exceso de seguridad del propio clínico que realiza la evaluación, entre otros (Miller, S. Spengler y M. Splengler, 2015; Mills y Kroner, 2006), lo que subraya aún más la necesidad de apoyar las decisiones clínicas en instrumentos basados en la evidencia que corrijan o reduzcan el impacto de estos errores.

Hace unos meses, Antonio Andrés Pueyo, catedrático de Psicología y profesor de Psicología de la Violencia en la Facultad de Psicología y la Facultad de Derecho (Criminología) de la Universidad de Barcelona, así como investigador Principal del GEAV (Grupo de Estudios Avanzados en Violencia) y director del Máster de Psicología Forense y Criminal de dicha universidad, concedió una entrevista a Infocop abordando estas cuestiones. La entrevista, que se puede consultar aquí, es un adelanto de su participación en el III Congreso Nacional de Psicología, organizado por el Consejo General de la Psicología de España (COP), que se celebrará próximamente en Oviedo los días 3 y 7 de julio de 2017.

Referencias:

Schwalbe, C. (2004). Re-visioning risk assessment for human service decision making. Children and Youth services review, 26, 6, 561-576.

Singh, J.P., Grann, M. y Fazel, S. (2011). A comparative study of violence risk assessment tools: a systematic review and metaregression analysis of 68 studies involving 25.980 participants. Clinical Psychology review, 31, 3, 499-513.

Miller, D.J., Spengler, E.S., y Spengler, P.M. (2015). A meta-analysis of confidence and judgment accuracy in clinical decision making. Journal of Counseling Psychology, 62, 4, 553-567.

Mills, J.F. y Kroner, D.G. (2006). The effect of base-rate information on the perception of risk for re-offence. American Journal of Forensic Psychology, 24, 45-56.

Elbogen, E.B. (2002). The process of violence risk assessment: a review of descriptive research. Aggression and violent behavior, 7, 6, 591-604.

Elbogen, E.B., Huss, M.T., Tomkins, A.J. y Scarola, M.J. (2005). Clinical decision making about psychopathy and violence risk assessment in public sector mental health settings. Psychological services, 2 (2), 133-141.

Brown, B., y Rakow, T. (2015). Undestanding clinicians’ use of cues when assessing the future risk of violence: a clinical judgement analysis in the psychiatric setting. Clinical Psychology & Psychotherapy, 23, 125-141.

Hanson, R.K. (2009). The psychological assessment of risk for crime and violence. Canadian psychology, 50, 3, 172-182.

 

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