El pasado miércoles, 12 de julio, el Consejo General de la Psicología (COP) compareció ante la Subcomisión para el Estudio y definición de una Estrategia Nacional de Justicia del Congreso de los Diputados, para hablar sobre temas relacionados con el estudio y definición de una Estrategia Nacional de Justicia.

En representación de la Organización Colegial, asistió su vicepresidente primero, Fernando Chacón, quien agradeció al Congreso de los Diputados y a la Comisión de Justicia, la oportunidad brindada al COP para comparecer en esta Subcomisión y poder exponer las diferentes cuestiones existentes en torno a la situación actual de la Psicología Forense.

A este respecto, su intervención se estructuró en cuatro puntos de enorme interés para la profesión de psicólogo forense: La regulación de su estatuto jurídico profesional, su acceso al empleo público, la creación de un registro profesional de psicólogos forenses y la adscripción de estos profesionales a distintos órganos judiciales.

A continuación resumimos los cuatro puntos abordados a lo largo de la comparecencia, junto con las propuestas esbozadas por el Consejo en cada uno de ellos:

1. la necesidad de regular el estatuto jurídico profesional del psicólogo forense

Como punto de partida, el vicepresidente primero del Consejo recordó la importancia de la labor de asesoramiento a Tribunales y Fiscalías por parte de los psicólogos forenses, actuando con un alto grado de especialización en materia de familia, discapacidad, menores, violencia sobre la mujer y asistencia a víctimas, tanto en los Institutos de Medicina Legal y las Clínicas Médico-Forenses, como en los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, Juzgados de Familia, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales y en la Audiencia Nacional.

Tal y como indicó Fernando Chacón, en los últimos años se han implementado algunas medidas legislativas que refuerzan y garantizan la actuación del psicólogo forense, entre ellas, la reforma de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, cuya novedad es la creación de Unidades de Valoración Forense Integral dentro de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML y CCFF), para garantizar, entre otras funciones, la asistencia especializada a las víctimas de violencia de género y doméstica, a menores, familia y personas con discapacidad, así como la integración dentro de estos Institutos del resto de profesionales que componen los denominados equipos psicosociales (a saber, psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales que prestan servicio a la administración de Justicia, incluyendo los equipos técnicos de menores). Sin embargo, pese a la trascendencia de su labor y el reconocimiento de la misma, “la Psicología Forense sigue careciendo de la más mínima regulación” sobre aspectos tan relevantes como su Estatuto Jurídico, su configuración como especialidad, los requisitos de formación específica que deberían requerirse, la posibilidad de crear un Consejo Psicológico Forense, el sistema de adscripción a las unidades de valoración  los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses y de los equipos psicosociales, sus normas de funcionamiento y delimitación de sus funciones, en relación al resto de profesionales, etc.

Por todo lo anterior, el vicepresidente primero del COP verbalizó una de las reclamaciones que ha venido formulando la Organización Colegial en línea con otros operadores jurídicos, esto es, “la adopción de medidas que permitan paliar estas deficiencias en la regulación del Estatuto Jurídico profesional del psicólogo forense”, para lo cual, el COP expone las siguientes propuestas, que coinciden con la Proposición No de Ley aprobada en diciembre de 2016 por la Comisión de Justicia del Congreso, relativa a la regulación de los Equipos Psicosociales adscritos a los Juzgados de Familia:

  • Regular el Estatuto jurídico profesional del psicólogo forense que presta sus servicios a la Administración de Justicia, estableciendo un adecuado procedimiento reglado que garantice los requisitos de su formación específica, así como un sistema de adscripción a las unidades de valoración en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses y de los equipos psicosociales, que prevea el funcionamiento, régimen de retribuciones y delimitación de sus funciones y responsabilidades, en relación al resto de profesionales de estas unidades y equipos, incluyendo la creación de Unidades o Secciones de Psicologia Forense.

  • Implementar aquellos instrumentos legales que permita configurar la Psicología Forense como especialidad, y asimismo, considerar la creación de un Consejo Psicológico Forense.

Fernando Chacón, durante su comparecencia ante la Subcomisión para el Estudio y definición de una Estrategia Nacional de Justicia

2. El acceso al empleo público de los psicólogos forenses

En este punto, pese a que con carácter general los puestos de trabajo de la administración se atribuyen a los funcionarios (principio de reserva general), y la excepción, al personal laboral (principio de limitación de los puestos de trabajo en régimen general), el vicepresidente primero del COP deploró que, tras más de 33 años al servicio de la Administración de Justicia, “la relación de servicios profesionales por cuenta de la Administración de los psicólogos forenses, se realiza empleando la figura del personal laboral, y cuenta con una alta tasa de interinidad”.

Contextualizando la situación actual en las diferentes Comunidades Autónomas, en algunas de las cuales se ha creado un cuerpo de funcionarios, mientras que en otras y en el llamado “territorio Ministerio”, se mantienen dentro de la categoría de personal laboral, Fernando Chacón puso de relieve una situación altamente preocupante, y es el hecho de que en muchas CC.AA. con competencias transferidas y que no han creado un cuerpo de funcionarios, los psicólogos adscritos están incluidos en una misma categoría con los psicólogos de otras áreas: servicios sociales, educación, etc.

Esta circunstancia deriva en que, citando un caso real, “mediante concurso de traslados, un psicólogo sin formación específica en Psicología Forense y que lleva décadas trabajando en una residencia de tercera edad, pase a valorar imputabilidad o a realizar un informe de violencia de género de un día para otro y sin ningún tipo de formación previa”.

Sin embargo, otros efectos perjudiciales consecuentes son que los psicólogos forenses no tienen posibilidad de carrera profesional ni complementos retributivos, “desprofesionalizándolos al quedar al margen de un sistema adecuado de ponderación de mérito y capacidad”, e incumpliendo los límites que la legislación establece para las administraciones públicas, todo ello, sumado a la inseguridad jurídica del personal laboral ante despidos o situaciones de interinidad cubiertas a través del servicio público de empleo.

Ante esta situación jurídica y, de cara a solventarla, la Organización Colegial ha trazado las siguientes recomendaciones:

  • Modificar el régimen de acceso al empleo público para los psicólogos forenses que presten sus servicios a la Administración de Justicia, estableciendo un adecuado procedimiento reglado que garantice la selección y la carrera, sobre la base de los criterios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad, para establecer un justo equilibrio entre sus derechos y responsabilidades como empleados públicos.

  • Establecer los instrumentos legales que faculten a las diferentes Administraciones para la planificación y ordenación de sus efectivos y la utilización más eficiente de los mismos, garantizando una retribución acorde a la responsabilidad, importancia y complejidad del trabajo que desempeñan los psicólogos forenses al servicio de la Administración de Justicia.

  • Considerar la creación del Cuerpo de Psicólogos Forenses y, mientras tanto, y dadas las peculiaridades de la actividad que realizan los Equipos Técnicos, acordar un convenio específico del Ministerio de Justicia para estos profesionales, tal y como ocurre en otros Ministerios.

3. La creación de un registro oficial de psicólogos forenses

En este punto, Chacón expuso la necesidad de crear un registro oficial de peritos, y en concreto, de psicólogos forenses, cuya inscripción en el mismo “de quienes cuenten con la debida habilitación y cualificación, sea requisito necesario para la adecuación de estos profesionales ante la Administración de Justicia.

La apuesta del COP por la profesionalidad y calidad de los operadores que realizan su labor en torno a la administración de Justicia, queda reflejada, en palabras de su vicepresidente primero, en la plena coincidencia de sus propuestas con la Proposición No de Ley aprobada por la Comisión de Justicia en diciembre de 2013, sobre el establecimiento de unos requisitos mínimos en la formación de psicólogos forenses y otros peritos judiciales.

4. La adscripción de psicólogos forenses a distintos órganos judiciales

En cuarto y último lugar, Fernando Chacón aportó datos recogidos en 2013 por la Asociación de Psicólogos Forenses de la Administración de Justicia, acerca del número y ubicación de los psicólogos forenses en el territorio español, y de la tasa de estos profesionales por habitante, para dar cuenta de las enormes diferencias entre tasas, y por añadidura, “en la atención a las demandas existentes, incluso en las CC.AA., cuyas competencias siguen siendo detentadas por el Ministerio de Justicia", así como del número insuficiente de psicólogos forenses públicos para atender la elevada demanda actual.

El vicepresidente primero del COP destacó también el acusado crecimiento de peticiones de informes periciales en el ámbito de Familia, debido a las demandas de Custodias Compartidas, lo se traduce en “situaciones de sobrecarga y de demora en la respuesta”.

Ante este panorama, el Consejo propone:

  • Aumentar la ratio de psicólogos para atender las demandas de periciales psicológicas solicitadas por los órganos judiciales de acuerdo con la Proposición No de Ley citada en el primer punto de esta exposición:

    “(…) Asimismo, y en el marco de dicho estudio, que se acuerde analizar, y en su caso mejorar, las dotaciones de personal, infraestructuras y medios materiales necesarios para que estos Equipos Técnicos puedan llevar a efecto sus funciones”.

  • Ampliar a todo el territorio nacional la adscripción de psicólogos a distintos órganos judiciales, como Vigilancia Penitenciaria o Tutelas e Incapacidades.

  • Formar a los operadores jurídicos (jueces, fiscales, abogados…) a fin de que conozcan la complejidad de la elaboración de informes forenses.

Fernando Chacón finalizó su intervención recordando alguna de las propuestas presentadas en nombre del Consejo General de la Psicología, durante su comparecencia ante la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, relativas a las actuaciones de los psicólogos forenses en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

A este respecto, recordó la importancia de modificar y ampliar los protocolos de valoración del riesgo actualmente en vigor, dado que, hoy en día, solo en un pequeño porcentaje de las denuncias que llegan a estos Juzgados se realiza una adecuada Valoración pericial del Riesgo, por lo que los jueces deben tomar decisiones sobre las medidas de protección “sin contar con toda la información”.

Entre las medidas expuestas, subrayó la necesidad de que “todos los profesionales realicen guardias en estos juzgados”, incluyendo así a los psicólogos y a los trabajadores sociales, en la citada valoración “y de la que actualmente están excluidos, porque el protocolo existente es de valoración médico-forense”, y puso de manifiesto la trascendencia de mejorar los sistemas de detección de las situaciones de alto riesgo, por lo que se propone un procedimiento en dos fases, una de cribado y la siguiente de análisis en profundidad.

Para acceder al Diario de Sesiones pincha aquí (pág. 11):

Del señor Chacón Fuertes, vicepresidente primero del Consejo General de la Psicología, para informar sobre temas relacionados con el estudio y definición de una Estrategia Nacional de Justicia

La comparecencia se encuentra disponible en vídeo a través del siguiente enlace:

Congreso de los Diputados

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