El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) recomienda el aumento de la presencia de psiquiatras y psicólogos en diferentes centros penitenciarios de España. Así lo establece en el informe que elaboró tras su visita a España y que ha sido publicado el pasado 6 de noviembre de 2017.

El CPT es el órgano encargado por el Consejo de Europa para vigilar las acciones de los países en materia de prevención de las violaciones a los derechos humanos y evaluar el trato dado a las personas privadas de libertad. Por este motivo, las delegaciones del CPT tienen acceso libre a todos los centros de detención, como prisiones, centros de menores, comisarías de policía, centros para inmigrantes detenidos, hospitales psiquiátricos, etc., del país al que visitan.

En relación con la visita a España, celebrada del 27 de septiembre al 10 de octubre de 2016, el CPT ha presentado su informe en el que se detallan los resultados observados y se establecen una serie de recomendaciones, comentarios y requerimientos de información al Gobierno Español, clasificados en tres grandes bloques, referentes a las fuerzas del orden (sobre la detención preventiva y detención incomunicada), a los centros penitenciarios (sobre los malos tratos, las condiciones de detención en régimen ordinario, régimen cerrado, medidas de contención, atención sanitaria y otras cuestiones) y a los centros de detección de menores delincuentes (sobre los malos tratos, condiciones de detención, servicios sanitarios, plantilla, uso de medios de contención, disciplina y medidas de seguridad y otras cuestiones).

Sobre los diferentes aspectos recogidos en el informe, el CPT recomienda, entre otras cuestiones, que:

  • Las autoridades españolas permanezcan atentas en su esfuerzo por combatir los malos tratos por parte de los agentes de las fuerzas del orden. “En particular, se les debería recordar que no debe utilizarse más fuerza de la estrictamente necesaria al realizar una detención (...) y, una vez que se ha reducido a las personas, no existe justificación alguna para golpearlas”.
  • Se tomen medidas efectivas para poner fin a la sujeción de personas detenidas a objetos fijos.
  • Se elimine de la legislación el régimen de incomunicación dentro de la detención policial.
  • Las autoridades españolas “reiteren al personal un mensaje claro de que los malos tratos, el uso excesivo de la fuerza y la agresión verbal hacia los reclusos no son aceptables, debiendo estar más vigilantes las direcciones de los centros penitenciarios en esta materia".
  • “Se adopten medidas para mejorar la capacidad del personal de prisiones a la hora de manejar situaciones de alto riesgo con el fin de no tener que recurrir a uso de la fuerza innecesariamente, ofreciéndoles formación en técnicas sobre maneras de evitar situaciones de crisis y apaciguar las tensiones, así como para la utilización de los medios control y contención de los reclusos. Además, el personal debería estar bajo una supervisión más estrecha por parte de la dirección y recibir formación especial en técnicas de control y contención de reclusos con tendencias suicidas y/o a la autolesión”.
  • Se establezca una estrategia eficaz para combatir la violencia entre los reclusos.
  • Se adopten las medidas necesarias para garantizar que los reclusos vulnerables destinados en módulos de régimen cerrado y en departamentos especiales reciban la atención y tratamiento apropiados y que los presos con trastornos mentales sean trasladados a un centro médico adecuado.
  • En relación con la sujeción mecánica de presos, el CPT advierte que se sigue recurriendo a este método “durante periodos prolongados sin agotar otros medios alternativos, sin la supervisión y el registro adecuados para su aplicación, en ocasiones con carácter punitivo, de forma inapropiada y a internos con síntomas de algún tipo de trastorno mental”, por lo que “insta a que se ponga fin a la práctica actual de recurrir a la sujeción mecánica regimental de los internos".
  • Específicamente, el CPT recomienda que “se adopten las medidas necesarias para garantizar la presencia de un psiquiatra y un psicólogo clínico a tiempo completo en las prisiones de León, Puerto III, Sevilla II y Teixeiro”.
  • Se revise la aplicación del Programa PAIEM, estimando insuficiente la vía terapéutica ofertada e instando a proporcionar a los internos afectados de un trastorno mental de un entorno más apropiado, implicando a las distintas categorías de profesionales sanitarios y formando específicamente al personal penitenciario que trabaje con ellos.
  • Se adopten las medidas necesarias para armonizar el enfoque para la prestación a los internos afectados por toxicodependencia de unos servicios de reducción de daños a nivel nacional.
  • Ampliar el abanico de actividades ofrecidas a los menores que sufren un trastorno mental y no pueden participar en actividades con otros menores, o considerar el traslado de estos menores a  un  entorno más adecuado para ellos.
  • El personal de los centros de detección de menores, “incluidos aquellos con meras funciones de seguridad, deberían recibir formación profesional, tanto durante el periodo de orientación como de forma regular, y recibir el apoyo externo adecuado, así como ser supervisados en el ejercicio de sus tareas. Dentro de dicha formación, debe hacerse hincapié en la gestión de incidentes violentos, tales como el uso de técnicas verbales para reducir la tensión y técnicas manuales de restricción física”.
  • El CPT considera que inmovilizar a menores en una cama o esposarlos a objetos fijos en una celda de aislamiento es un uso desproporcionado de la fuerza y una medida que es incompatible con la filosofía de un centro educativo que debería enfocarse en la educación y en la reintegración social de los menores.
  • El uso de la inmovilización como medio coercitivo y esposar a menores violentos y/o agitados a objetos fijos hasta que se calmen debería eliminarse de inmediato. En su lugar, deberían emplearse métodos alternativos en la gestión de incidentes violentos y otros medios de contención, tales como las técnicas verbales que impiden que aumente el conflicto y el control manual; esto requeriría que el personal, especialmente los oficiales de seguridad, recibieran una formación adecuada y certificada en el empleo de estos métodos.
  • “Las autoridades españolas desarrollen medidas para identificar a aquellos internos que corran el riesgo de autolesionarse y apliquen medidas preventivas, como el desarrollo de mecanismos de adaptación positivos y habilidades saludables para la resolución de problemas".

El detallado informe elaborado por la CPT, de más de 100 páginas, ha sido presentado al Gobierno Español para que adopte las medidas o establezca los comentarios pertinentes a cada uno de los requerimientos establecidos.

El informe, en su totalidad, puede consultarse en el siguiente enlace:

Informe para el Gobierno español sobre la visita llevada a cabo en España por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o tratos inhumanos o degradantes (CPT)

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