El Grupo Europeo de Expertos sobre la transición de la asistencia institucional a la comunitaria (The European expert Group on the transition from institutional to community-based care) ha elaborado un informe solicitando aumentar la financiación europea que se destina para garantizar el cambio de la atención institucional a la comunitaria, un proceso que se conoce como “desinstitucionalización”. La finalidad del documento es realizar un análisis de la situación, así como ofrecer recomendaciones específicas que contribuyan al debate sobre la planificación de los fondos económicos europeos para los próximos años.

Según los datos aportados por el grupo de expertos, más de un millón de niños, personas con discapacidad, personas con trastornos de salud mental, personas sin hogar y personas mayores viven en instituciones residenciales de larga estancia, segregados de la sociedad. A este respecto, se define el término “instituciones”, como cualquier dispositivo de atención residencial donde los residentes están aislados de la comunidad y/o están obligados a vivir juntos, no tienen suficiente control sobre sus vidas y sobre la toma de decisiones que los afectan y sus necesidades personales son pasadas por alto o ignoradas. Tal y como se advierte en el documento, este tipo de instituciones residenciales sitúan tanto a niños como a adultos, en riesgo de violaciones de los derechos humanos, los aíslan de sus familias y comunidades y no son capaces de proporcionar una atención o apoyo de alta calidad y centrada en la persona.

Desafortunadamente, aunque actualmente existen una serie de disposiciones que promueven la implementación de medidas para realizar el cambio de la atención institucional a la basada en la comunidad dentro del territorio europeo, aún persisten “limitaciones que plantean una serie de desafíos para su alcance, implementación y eficacia”, según los expertos. De hecho, muestran su preocupación al observar que actualmente se continúan empleando fondos europeos “para crear o renovar servicios institucionales destinados a personas con discapacidades, escuelas segregadas de educación especial y talleres protegidos, contrariamente a los principios y disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas”.

Por este motivo, el grupo de expertos reclama un mayor compromiso europeo en la financiación destinada al proceso de desinstitucionalización. “Una inversión más sólida en la desinstitucionalización puede marcar una diferencia real en las vidas de las personas más excluidas socialmente en Europa, sus familias y la sociedad en general, y garantizar que los ciudadanos y las personas de la UE puedan disfrutar plenamente de sus derechos humanos”, señala el informe. Asimismo, se muestran tajantes al afirmar que “no se deben invertir fondos de la UE en servicios de atención institucional en ningún lugar del mundo” y solicitar una coherencia en la política interna y exterior de la Unión Europea a este respecto.

Según se establece en el documento, el momento actual supone una oportunidad decisiva para tener en cuenta estas preocupaciones y apostar por la defensa e inversión en derechos humanos, puesto que está pendiente el reparto de los próximos fondos para el desarrollo de la Unión Europea.

En este sentido, y de cara a esta nueva planificación, establecen una serie de recomendaciones entre las que se encuentra que se garantice que al menos el 30% de los recursos futuros del Fondo Social Europeo en cada Estado miembro se destinen a la inclusión social y a la lucha contra la pobreza o cualquier otra forma de discriminación y que se amplíen las medidas para asegurar el cambio de la atención institucional a la comunitaria y basada en la familia, estableciéndose como una inversión prioritaria para lograr la plena inclusión de las personas en situación de vulnerabilidad y con necesidades de apoyo.

Las personas interesadas pueden acceder al documento a través del siguiente enlace:

The European expert Group on the transition from institutional to community-based care

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