El Pleno de la Asamblea de Madrid ha resuelto aprobar una Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa al rol fundamental que desempeñan los psicólogos forenses que prestan sus servicios a la Administración de Justicia y sus condiciones de acceso para el empleo público.

Como ya informó Infocop Online en su momento, Ciudadanos presentaba su iniciativa señalando la importancia de la labor de asesoramiento de la Psicología Forense a Tribunales y Fiscalías, reflejada en el trabajo que en la actualidad desempeñan con un alto grado de especialización en materia de familia, discapacidad, menores, violencia sobre la mujer y asistencia a víctimas, tanto en las clínicas médico-forenses, como en los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, Juzgados de Familia, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales y en la Audiencia Nacional.

A este respecto, afirmaba que la Psicología en su vertiente de praxis forense, está consolidada “como una verdadera especialidad, absolutamente necesaria e imprescindible”, dado que, a su juicio, garantiza en aquellas materias propias de su disciplina profesional, el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia.

Sin embargo, desde la entrada en vigor del Real Decreto 1429/2002, de 27 de diciembre, la relación de servicios profesionales y retribuidos por cuenta de la Administración a los psicólogos forenses se realiza empleando la figura del personal laboral y de la contratación temporal, “a pesar de que con carácter general, los puestos de trabajo de la Administración se atribuyen a los funcionarios (principio de reserva general), y la excepción, al personal laboral (principio de limitación de los puestos de trabajo en régimen general)”.

Esta situación, según el Grupo Ciudadanos, provoca la “desprofesionalización” del empleado público y sentimientos de inseguridad jurídica del personal laboral que no puede consolidar la fijeza en plantilla con adscripción definitiva del puesto de trabajo, ocasionando que se puedan dar situaciones de privatización de los servicios públicos mediante la externalización de los servicios, por lo que el Grupo Parlamentario consideraba necesario modificar el régimen de acceso al empleo público de la Comunidad de Madrid, para que los psicólogos forenses que presten sus servicios para la Administración no lo sigan realizando como personal laboral, sino como personal funcionario, o como trabajadores fijos en plantilla, con adscripción definitiva al puesto.

Asimismo, manifestando que actualmente no se exige ningún requisito de formación o experiencia especializada en los procesos de provisión de vacantes, selección y contratación de psicólogos forenses, subrayaba la importancia de que en dichos procesos, tanto para la adscripción a las unidades de valoración de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses como para los Equipos Técnicos, queden garantizados suficientemente los requisitos de formación específica, experiencia y especialidad en las diferentes áreas de actuación profesional.

Tras debatir la propuesta, la misma ha quedado aprobada en los siguientes términos:

“Resolución para que la Asamblea de Madrid inste al Gobierno de la Comunidad de Madrid a:

1. Modificar el régimen de acceso al empleo público para los psicólogos forenses que presten sus servicios a la Administración de Justicia, estableciendo un procedimiento reglado que garantice su selección especializada y su carrera, sobre la base de los criterios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad, para establecer un justo equilibrio entre sus derechos y responsabilidades como empleados públicos.

2. Modificar los procesos de provisión interna de vacantes, de selección de personal laboral permanente de nuevo ingreso, así como de contratación mediante Oferta de Empleo Público de psicólogos forenses, de manera que se garantice suficientemente una asistencia realmente especializada a las víctimas de violencia de género y doméstica, menores, familia, personas con discapacidad y, en general, a todos los ciudadanos.

3. Prever los instrumentos legales que faculten a la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid, para la planificación y ordenación de sus efectivos y la utilización eficiente de los mismos, garantizando una retribución acorde a la responsabilidad, importancia y complejidad del trabajo que desempeñan los psicólogos forenses al servicio de la Administración de Justicia.

La iniciativa aprobada se encuentra disponible en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid (p. 25162) o bien directamente a través del siguiente enlace:

www.infocoponline.es/pdf/BOAM_10_00183.pdf

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