El pasado día, 4 de diciembre, el Consejo General de la Psicología (COP), a través de su División de Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y los Recursos Humanos (PTORH), celebró una segunda edición de la Jornada salud mental en el trabajo, dedicada, en esta ocasión, a analizar uno de los retos más acuciantes para la salud mental y el sistema laboral: la reincorporación al trabajo tras procesos de incapacidad temporal, especialmente, cuando están vinculados a problemas de salud mental.
La apertura del encuentro corrió a cargo del presidente del COP, Francisco Santolaya, quien, desde el inicio, subrayó la necesidad de situar este debate en el triángulo propuesto por los pitagóricos: empresa, sindicatos y salud mental, recordando que la reincorporación laboral “no es un trámite burocrático”, sino un proceso con altos impactos personales, organizativos y sociales, y reivindicó, además, que el Gobierno debería asumir un papel más activo en este reto, pudiendo contar, para ello, “con los profesionales de la psicología para acompañar a empresas y sindicatos en este proceso”.
A su lado, Rosa Ramos, vicesecretaria de la Organización Colegial, puso sobre la mesa estos datos preocupantes: hay 1,5 millones de personas de baja por motivos de salud mental en España, y se han perdido 9,5 millones de jornadas laborales en 2025 por este motivo.
Ramos recordó que el bienestar en el trabajo es ya una prioridad para la Unión Europea, que exige superar intervenciones centradas exclusivamente en la persona para avanzar hacia transformaciones organizativas y destacó el papel estratégico de la psicología como puente entre las necesidades de las empresas y el bienestar de las personas trabajadoras, subrayando la importancia de “integrar a profesionales de la psicología en los espacios de diálogo con dirección, representación sindical y servicios de prevención”.
La psicología del trabajo ayuda a reincorporar y contribuye a construir organizaciones más humanas, resilientes y sostenibles.
Posteriormente, Pilar del Pueblo, coordinadora de la División PTORH del COP, situó el foco en la salud mental como materia prima de la psicología del trabajo e insistió en que la reincorporación tras una baja prolongada es un proceso multidimensional —con influencias psicológicas, organizativas, sociales y económicas—, y debe entenderse desde una perspectiva tanto preventiva como de protección. En este contexto, destacó el aumento de problemas de adaptación en las generaciones más jóvenes y la importancia de que las organizaciones dispongan de “intervenciones rigurosas y bien diseñadas, acordes a la evidencia”.
La jornada continuó con la conferencia de Olga Merinos Suárez, psicóloga y directora general de Salud Mental de Avanta Salud, quien ofreció una exposición detallada sobre la incapacidad temporal, el absentismo y la necesidad de una mirada poliédrica para entender su impacto. España, aseguró Merinos, encabeza las tasas de absentismo en Europa y el 34% de las bajas superan el año de duración. A ello se suma el incremento del 111% en las bajas por problemas de salud mental en los últimos cinco años.
Sin embargo, y a pesar de estas cifras, la psicóloga incidió en que la salud mental “preocupa, pero no termina de ocupar” las agendas, por lo que reclamó una mayor coordinación entre administraciones, servicios sanitarios y empresas para que la reincorporación al trabajo no se convierta en una prolongación del daño, sino en una oportunidad de recuperación y bienestar laboral.
La reincorporación no puede ser un trámite: requiere intervención psicológica y planificación organizativa.
Promover la profesionalidad y la intervención psicológica en las empresas para facilitar una reincorporación exitosa tras la incapacidad temporal, fue un tema central en el debate de la primera mesa, moderada por Lourdes Munduate, catedrática de Psicología Social de las Organizaciones y asesora División PTORH, y con la participación de Marta González Pescador, Doctora en Psicología, experta en salud laboral de la Fundación Laboral San Prudencio; Miguel Ángel Mañas Rodríguez, catedrático de Psicología de la Universidad de Almería; Ana Monroy, gestora de Proyectos de la AECC, y Esteban Sola González, coordinador del área de diagnóstico psicosocial, Affor Health.
Entre todos, expusieron el papel que puede desempeñar y aportar la psicología del trabajo, con prácticas basadas en la evidencia, para que el retorno al empleo venga acompañado de calidad de vida laboral y desarrollo del potencial, entre otros factores.
En este sentido, Marta González, recordó que “la baja no es un estado binario y la reincorporación debe gestionarse con seguimiento continuo y coordinación entre empresa y psicología”, mientras Miguel Ángel Mañas, recalcó que el liderazgo y el clima laboral son determinantes para el bienestar y para evitar recaídas.
La necesidad de protocolos claros en las empresas, para acompañar sin estigmatizar a los trabajadores con cáncer, fue expuesta por Ana Monroy. En la misma línea, Esteban Sola González, puso de relieve la importancia de la adaptación al puesto y la formación del mando intermedio como clave de una buena reincorporación, siendo imprescindibles los ajustes razonables, la flexibilidad y la planificación para evitar recaídas y favorecer un retorno seguro y sostenible.
La segunda mesa, moderada por María Jesús Terradillos García, directora del Departamento de Promoción de la Salud y Epidemiología Laboral del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), dio la palabra a los agentes sociales implicados en la reincorporación al trabajo tras una incapacidad temporal.
En la mesa participaron Olimpia del Águila Cazorla, responsable de protección social del Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social de la CEOE; Teresa Díaz de Terán López, directora del Departamento Sociolaboral de CEPYME; la doctora María Eugenia González Domínguez, presidenta de la Sociedad Española de Medicina y Seguridad del Trabajo y responsable de la unidad de salud laboral de Airbus en el Puerto de Santa María; Juan Grangel Vicente, off counsel en Baker McKenzie e inspector de Trabajo y Seguridad Social en excedencia; y Patricia Ruiz Martínez, secretaria de Salud Laboral de UGT.
Terradillos comenzó recordando que el retorno debe hacerse en condiciones que eviten recaídas, protejan la salud de las personas trabajadoras –especialmente, cuando existe trastorno mental–, y sean beneficiosas también para las empresas y para la sociedad, recordando el elevado gasto público que suponen los procesos de incapacidad temporal.
Por su parte, Olimpia del Águila destacó que el problema de salud mental en España es, desde el punto de vista empresarial, un auténtico problema de salud pública, y diferenció entre la gestión del absentismo por contingencias comunes y la problemática específica de la salud mental, que tiene implicaciones tanto en la vigilancia de la salud como en la creación de ambientes laborales saludables. Subrayó la evolución de los riesgos psicológicos y sociales, el impacto del uso y abuso de tecnologías digitales y la necesidad de conectar estos cambios con la prevención de riesgos laborales.
Desde la perspectiva de la medicina del trabajo, María Eugenia González Domínguez explicó la complejidad del sistema de prestaciones, recordando que el Instituto Nacional de la Seguridad Social paga la incapacidad temporal con la misma “caja” con la que se financian otras prestaciones, como las jubilaciones o el cuidado de menores con enfermedad grave, en un contexto de déficit estructural.
Insistió también en que la eficacia de la reincorporación requiere conocer bien la patología y las demandas del puesto de trabajo, algo especialmente difícil cuando se trata de problemas de salud mental, por el estigma y la reticencia de muchas personas a compartir información clínica.
Teresa Díaz de Terán aportó la visión del diálogo social, recordando que empresarios y sindicatos habían sido capaces de detectar conjuntamente el grave incremento de la incapacidad temporal por contingencias comunes y su impacto para la sociedad y las empresas. Denunció que, pese a la importancia de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la mesa de negociación para su reforma se levantó tras apenas 12–18 meses de trabajo, por decisión de la Administración, y subrayó que una norma llamada a durar décadas debería incluir de forma adecuada los riesgos psicológicos y sociales y los problemas de salud mental, así como la participación de actores clave como el Ministerio de Sanidad.
De igual modo, Juan Grangel incidió en la necesidad de integrar de manera real la prevención de riesgos laborales, recordando que cualquier daño psicológico y social se califica como accidente de trabajo y activa procesos complejos, también en términos de recargos de prestaciones y determinaciones de contingencia. Reclamó una reflexión tanto en las empresas como en la Inspección de Trabajo y en el propio sistema de Seguridad Social para revisar decisiones que, en ocasiones, se adoptan “con cierta ligereza”.
Por otro lado, Patricia Ruiz Martínez puso el acento en la insuficiencia de recursos y de normativa específica: según los datos que manejaba, las 18 mutuas existentes en España contaban con apenas 70 psicólogos y 16 psiquiatras para atender a todo el territorio, una cifra que calificó como claramente insuficiente y que contrastó con la realidad de otros países. Insistió en la necesidad de protocolos y evaluaciones de riesgos psicológicos y sociales “reales, efectivos y concretos”, así como en introducir en la reforma normativa, obligaciones claras relativas a la adaptación del puesto, la evaluación de las condiciones de trabajo en el retorno tras ausencias prolongadas y la consulta a la representación legal de las personas.
La jornada, clausurada por Rosa Ramos y Mª Isabel Aranda, concluyó con un doble mensaje compartido: por un lado, la evidencia de que la incapacidad temporal por problemas de salud mental y otros motivos se ha convertido en un desafío sanitario, laboral y económico de primer orden; por otro, la convicción de que la psicología del trabajo, la medicina del trabajo, las empresas y los agentes sociales disponen ya de herramientas para mejorar los procesos de reincorporación, siempre que exista una coordinación real entre sistemas y un compromiso decidido de los poderes públicos. En este sentido, se recordó que el retorno al trabajo tras una baja no es solo un proceso sanitario, sino un compromiso ético, social y organizativo que requiere cooperación, rigor profesional y voluntad institucional.
Como apuntó Olga Merinos durante su conferencia, el reto es, por lo tanto, que la salud mental deje de ser solo objeto de preocupación y pase a ocupar, de manera estable, la agenda política y preventiva.
Se puede acceder al vídeo completo a través del siguiente enlace: