ENTREVISTA A TERESA GISBERT -COORDINADORA DE LA SECCIÓN DEL MENOR DE LA FISCALIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Teresa Gisbert, Coordinadora de la Sección del Menor de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana afirma que con frecuencia se detectan trastornos psicológicos en muchos de los menores que cometen este tipo de delitos.

A partir del conocimiento, a través de la prensa, de esta situación, Infocop Online ha querido entrevistar para sus lectores a Gisbert, con el propósito de acercar, entre otros aspectos, el punto de vista de la Coordinadora acerca de la necesidad de incrementar el número de profesionales incorporados en los equipos, entre ellos psicólogos y psicólogas.

ENTREVISTA

Respecto de las causas y características hay que señalar que, como cualquier tipo de violencia, y especialmente la intrafamiliar, se trata de una situación que suele obedecer a múltiples causas. En la gran mayoría de los casos el adolescente no sufre una patología mental grave, pero la interacción de una personalidad con rasgos agresivos y un entorno inadecuado pueden desarrollar en el adolescente trastornos de la personalidad de conducta antisocial.

Algunos expertos destacan que una sobreprotección de los hijos o una actitud laxa pueden favorecer que algunos adolescentes encuentren en la violencia y en la agresión las únicas formas contundentes e inmediatas de hacerse oír, y de imponer su voluntad en el momento en que lo deseen.

También se afirma que el comportamiento violento se puede relacionar con la preexistencia de otras agresiones en el interior de la familia: porque los agresores fueron ellos mismos víctimas de violencia o negligencia, porque han sido testigos de acciones violentas de sus propios padres contra sus abuelos, parejas, etc.

Otro de los factores que los expertos ponen de relieve es la «ausencia» de las figuras del padre y de la madre en el horizonte educacional del niño. En mi opinión, pueden tener mucha influencia el incumplimiento de las obligaciones parentales o la simple falta de atención, motivada por diversas razones, entre ellas, razones económicas, que derivan en horarios de trabajo excesivos que impiden una conciliación de la vida familiar con las obligaciones laborales. Esta situación obliga al hijo a hacerse adulto antes de tiempo y a que pase muchas horas solo, sin control ni apoyo, especialmente en aquellos núcleos familiares que no cuentan con la ayuda de los abuelos para la atención a los nietos o no disponen de medios económicos para pagar a una persona por tal ayuda.

Este tipo de violencia puede darse, y de hecho existe, en todas las familias y en todas las categorías socio-profesionales, económicas, sociales y religiosas. Puede aparecer en el caso de padres con un nivel social y cultural alto o bajo, muchos de ellos pertenecientes a profesiones liberales, y también en el caso de padres de edad elevada, que han tenido a sus hijos cuando ya eran mayores. No obstante, los padres que tienen más habilidades sociales y medios económicos suelen tardar más en acudir a la justicia para resolver sus problemas familiares, ya que intentan soluciones privadas, y sólo piden ayuda a la Fiscalía cuando la asistencia de profesionales privados ha fracasado

En otros casos lo determinante de este tipo de violencia no son sólo las circunstancias de los padres, sino que también influyen, y mucho, las circunstancias de los hijos. En este sentido, existe un porcentaje importante de menores a los que nunca se les han puesto límites y cuando los padres lo intentan, los hijos no lo aceptan. Otros presentan trastornos mentales o de personalidad, a veces agravados por los conflictos propios de la adolescencia y por el consumo de alcohol y otras drogas.

A continuación me gustaría resaltar, de manera específica, varias circunstancias en las que a los aspectos señalados se añaden otro tipo de dificultades, así como ofrecer algunos trazos del perfil del victimario y de la víctima.

Los hijos adoptados, además de tener que lidiar con los problemas propios de cualquier adolescente, se enfrentan, a menudo, con muchos conflictos cuando descubren o redescubren que son adoptados. En ocasiones parece que «no les perdonan» a sus padres el hecho de su adopción.

También he de señalar que existen padres que frente a los conflictos propios de cualquier adolescente, cuando el hijo es adoptado, se comportan como si hubieran sido engañados, como si eso no fuera «lo prometido» y como si la «culpa» no fuera de ellos, sino de los que les «han engañado».

Otras veces las víctimas son madres inmigrantes que se adelantaron y vinieron solas a España en busca de un futuro mejor para sus hijos. Éstos quedaron en su país de origen al cuidado de otros familiares, mientras la madre trabajaba sin descanso para poder enviarles dinero, hasta que ahorrando consiguió traerlos a España.

En ese momento se conjugan una serie de circunstancias que pueden desembocar en maltrato familiar. Por un lado, los hijos «no perdonan» a su madre que les dejaran «abandonados» en su país y, por otro, al llegar a España, casi siempre ya en la adolescencia, les cuesta mucho adaptarse a una sociedad y a unos pares que poco tienen que ver con ellos. A menudo se sienten frustrados porque esperaban mucho de su venida a España y de una sociedad, que vista más de cerca, no les parece tan interesante. La consecuencia de esa frustración es el maltrato familiar, el desarraigo y, por tanto, la búsqueda de otros pares más cercanos, el acercamiento a pandillas y bandas juveniles y la comisión de hechos delictivos.

La situación se vuelve insostenible, hasta tal punto que cuando la madre había logrado su sueño, para el que tanto trabajó y esperó, de reunir a sus hijos con ella, tiene que renunciar al mismo y enviarlos de nuevo a su país de origen, para impedir que aquí continúen con una carrera delictiva, que es justo lo que ella siempre quiso evitar.

     Perfil del victimario

Se trata de una violencia habitual, sin que sea necesario un motivo concreto y especial para desencadenarla. A veces una discusión trivial puede dar lugar a su erupción. Normalmente se produce cuando al hijo se le lleva la contraria en algún deseo o no se le concede, con carácter inmediato, lo que reclama, ya sea dinero, un horario para salir de fiesta, una explicación a su inactividad o fracaso escolar, etc.

Aunque la experiencia demuestra que el menor que tiene una actitud violenta y agresiva con su familia suele ser agresivo con la sociedad en general, en la inmensa mayoría de los casos, se trata de menores que no suelen cometer otro tipo de infracciones, como delitos contra la propiedad, robos y hurtos de uso, que son los más habituales entre menores.

Respecto a las víctimas, las principales son las madres y, en menor, número los padres. Cuando existen hermanos que conviven en el domicilio, éstos son siempre víctimas de los malos tratos familiares, bien directa o indirectamente, ya que participan del clima de violencia que existe en el hogar, constituyendo su defensa la causa que en última instancia lleva a los padres a denunciar a su hijo.

También pueden ser víctimas de la violencia doméstica los abuelos o personas de edad que conviven en el domicilio, sin embargo, en la práctica se dan pocos casos o pocas veces se denuncian los hechos cuando la violencia se dirige contra ellos. En esos supuestos se trata, muchas veces, de abuelos que asumen el rol de padres, bien de hecho, por ser los que más horas pasan con los nietos, o bien de derecho. En este último caso, los abuelos han sido declarados acogedores de sus nietos mediante resolución administrativa o judicial, al no cumplir los padres con sus obligaciones parentales, lo que puede deberse a diversas causas, toxicómanas, estancias en prisión, enfermedades mentales, etc.

Los equipos técnicos están formados por psicólogos, educadores y trabajadores sociales. Las funciones que le corresponden a este equipo técnico dentro de las Fiscalías de Menores la describo a continuación más detalladamente por su importancia en todo el proceso.

Durante la instrucción del expediente, el Ministerio Fiscal requerirá del equipo técnico la elaboración de un informe o actualización de los anteriormente emitidos, que deberá serle entregado en el plazo máximo de diez días, prorrogable por un período no superior a un mes en casos de gran complejidad. En él se informará sobre la situación psicológica, educativa y familiar del menor, así como sobre su entorno social y, en general, sobre cualquier otra circunstancia relevante a los efectos de la adopción de alguna de las medidas previstas en la presente Ley.

El equipo técnico podrá proponer también una intervención socio-educativa sobre el menor, poniendo de manifiesto, en tal caso, aquellos aspectos del mismo que considere relevantes en orden a dicha intervención.

De igual modo, el equipo técnico informará, si lo considera conveniente y en interés del menor, sobre la posibilidad de que éste efectúe una actividad reparadora o de conciliación con la víctima, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 19 de esta Ley, con indicación expresa del contenido y la finalidad de la mencionada actividad.

Así mismo, el equipo técnico podrá proponer en su informe la conveniencia de no continuar la tramitación del expediente en interés del menor, por haber sido expresado suficientemente el reproche al mismo a través de los trámites ya practicados, o por considerar inadecuada para el interés del menor cualquier intervención, dado el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos.

Una vez elaborado el informe del equipo técnico, el Ministerio Fiscal lo remitirá inmediatamente al Juez de Menores y dará copia del mismo al letrado del menor. Según la ley, el Fiscal también puede desistir de la continuación del expediente, atendiendo a la gravedad y circunstancias de los hechos y del menor, de modo particular, a la falta de violencia o intimidación grave en la comisión de los hechos, y a la circunstancia de que, además, el menor se haya conciliado con la víctima o haya asumido el compromiso de reparar el daño a ésta causado o al perjudicado por el delito, o se haya comprometido a cumplir la actividad educativa propuesta por el equipo técnico en su informe. No obstante, el desistimiento en la continuación del expediente sólo será posible cuando el hecho imputado al menor constituya delito menos grave o falta.

También se encomiendan al correspondiente equipo técnico realizar las funciones de mediación entre el menor y la víctima o perjudicado a los efectos indicados en los apartados anteriores, así como informar al Ministerio Fiscal de los compromisos adquiridos y de su grado de cumplimiento.

Finalmente, y teniendo en cuenta el creciente incremento del número de menores que agreden a sus padres y que cometen abusos sexuales, ¿considera usted que el número de psicólogos/as que trabajan en el ámbito judicial es adecuado para cubrir las necesidades actuales?

Considero que la dotación del equipo técnico en su totalidad es claramente insuficiente. Hacen falta más psicólogos, educadores y trabajadores sociales, a fin de que puedan remitir dentro de plazo, lo que nunca ocurre, el informe previsto en la ley. Además, es necesario que se les reconozcan mejores situaciones laborales, ya que muchos de ellos, tanto psicólogos como educadores, están contratados por una cantidad de dinero escasa al mes, de tal forma que sólo pueden realizar determinado número de informes.

También es necesario dotar de estabilidad a una plantilla que realiza un buen trabajo y que tiene un nivel de especialización muy importante.

Así mismo, es necesario que se les paguen adecuadamente las guardias de 24 horas que hacen todos los días de la semana, festivos incluidos.

Por último, una mayor dotación de personal en el equipo técnico permitiría ampliar los supuestos en los que se realiza una mediación como alternativa al procedimiento judicial, dado que la mediación es una de las mejores innovaciones de la ley del menor y una de las maneras más efectivas de contribuir a obtener la paz social, dando protagonismo y satisfacción a todas las partes intervinientes.