Provisión de apoyos a las personas con discapacidad para el ejercicio de la capacidad jurídica

¿Cómo se ejerce la guarda de hecho? ¿Con qué recursos puede contar la persona que ejerce la guarda de hecho? ¿Cómo se tramita la curatela y el defensor judicial?… Estas son algunas de las cuestiones que aborda la guía sobre Provisión de apoyos a las personas con discapacidad para el ejercicio de la capacidad jurídica.

La guía, editada por la Diputación Foral de Bizkaia, está dirigida a todos los profesionales que desde diferentes sectores trabajan con las personas con discapacidad y pretende acercar el conocimiento legal vigente para ayudar a estas personas y sus familias a asegurar el pleno desarrollo de su capacidad jurídica, dando a conocer los diferentes apoyos a los que pueden acceder y cómo solicitarlos.

Tal y como explica la guía, “con la nueva regulación si una persona con discapacidad tiene dificultades en la toma de sus decisiones, la solución no es iniciar un procedimiento de incapacitación o modificar su capacidad para designarle un/a tutor/a o un/a curador/a. Se deben de adoptar “las medidas pertinentes” para proporcionarle acceso al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica”. De esta manera, se pueden implantar medidas de apoyo dirigidas al respeto a la dignidad de la persona y ajustarse a los principios de necesidad y proporcionalidad. Asimismo, tal y como explica la guía las personas que presten apoyos deberán actuar atendiendo a la voluntad, deseos y preferencias de quien lo requiera, procurarán que la persona con discapacidad pueda desarrollar su propio proceso de toma de decisiones, informándola, ayudándola en su comprensión y razonamiento y facilitando que pueda expresar sus preferencias y fomentarán que la persona con discapacidad pueda ejercer su capacidad jurídica con menos apoyos.

La guía se encuentra disponible en la Web de la Diputación Foral de Bizkaia y en el siguiente enlace:

Guía: provisión de apoyos a las personas con discapacidad para el ejercicio de la capacidad jurídica