La salud mental de los y las docentes se está viendo afectada por las situaciones derivadas del contexto educativo actual y de la crisis pandémica que hemos vivido. Así lo advierte el Informe del Defensor del Profesor, un servicio de ámbito nacional que ANPE pone a disposición de todos los/as docentes que necesiten ayuda ante cualquier tipo de acoso e intimidación en las aulas, ya sea por situaciones relacionadas con los padres, los alumnos, la administración educativa o los propios compañeros. El documento pretende dar a conocer a la opinión pública, y, principalmente a la Comunidad Educativa, una serie de conclusiones en base a los datos recogidos durante el pasado curso 2021-2022, relacionados con las intervenciones realizadas a los y las docentes de diferentes CCAA con respecto situaciones de convivencia escolar y problemas de conflictividad y violencia en las aulas. A continuación, resumimos las principales conclusiones del informe: |  | Foto: max fischer Fuente: pexels Fecha descarga: 28/11/2022 |
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El número de actuaciones realizadas durante 2021/22 ha aumentado con respecto al curso anterior. Si bien no ha sido un incremento significativo (34 más que en 2020/21), ANPE alerta de una mayor complejidad en los casos atendidos, observándose la confluencia de distintos factores de diversa índole: estado anímico, burnout o síndrome del profesor quemado, carga burocrática, carga lectiva, ratios elevadas, atención a alumnado con necesidades educativas especiales, etc., que dificultan la resolución de los casos. En relación con las diferentes etapas educativas, los/as profesores/as de Educación Secundaria en este curso suponen un 42% de las intervenciones (un 4% más que el curso anterior), las actuaciones entre el profesorado en Educación Primaria descienden del 44% al 39% y en Educación Infantil se mantienen en un 6%. Si bien se atiende principalmente a profesionales de la enseñanza pública (97%), también hay demanda de ayuda por parte de docentes de la enseñanza concertada y privada (3%). Un 94% de las consultas al servicio han sido por asesoramiento general y un 80% han recurrido al mismo en busca de apoyo psicológico. El Defensor del Profesor señala el paulatino incremento de equipos directivos que se han puesto en contacto con el servicio en busca de asesoramiento para mediar o resolver conflictos para los que no se sienten, en ocasiones, con los recursos ni la formación necesaria. Dificultades y conflictos con los alumnos y las alumnas Los datos son muy similares con respecto al curso anterior: sigue siendo alto el porcentaje de problemas para dar clase y las faltas de respeto, y aumentan levemente las agresiones de alumnos a profesores, que pasan del 5% al 6%. El informe destaca la presencia de casos de agresiones hacia docentes y el ciberbullying (uso de redes sociales para acosar, ridiculizar o atentar contra ellos). No obstante, sus autores recuerdan aquí la relevancia de tener en cuenta el contexto social actual, en que se ha incrementado la cifra de problemas de salud mental infanto-juvenil, especialmente, desde la irrupción de la pandemia de la COVID-19, pudiendo ser síntoma de ello las conductas disruptivas que manifiestan en el centro escolar. Ante este tipo de situaciones, advierte, los y las responsables de la educación de niños/as y adolescentes no son conscientes de que si quedan impunes ante actuaciones contrarias a la convivencia, incorporarán dicha conducta a su forma habitual de actuar, con la seguridad de que la repetición de la misma no va a acarrearles ninguna consecuencia negativa, con lo que lo único que conseguiremos es perjudicar a todos los alumnos, a la vez que desacreditar y desautorizar al docente. Como solución, se incide en la necesidad de especialistas en los centros que trabajen mano a mano con profesores y padres con el objetivo de hacer efectiva una modificación de conducta en este grupo de alumnos que, aunque minoritario, causan un efecto altamente negativo en sus compañeros e impiden que se lleve con normalidad la enseñanza en las aula. Se destaca aquí la gran labor de concienciación que se está realizando desde los centros educativos y las fuerzas de seguridad, informando sobre la gravedad del uso de las nuevas tecnologías como herramientas para humillar, insultar y vejar a otras personas, formándoles en un uso responsable de las mismas. A juicio de los y las docentes, una de las posibles causas de los problemas que surgen entre el alumnado, principalmente de Secundaria, es la ausencia de motivación hacia el aprendizaje, con una falta claridad de intereses y objetivos, ausencia de expectativas e interés, la percepción de la enseñanza como algo impuesto de forma obligatoria (no como una necesidad) y, en algunos casos, la actitud en exceso permisiva y sobreprotectora de algunos padres, que derivan en situaciones en las aulas que impiden el normal desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aumentan también las situaciones en las que el/la docente se ve implicado/a en denuncias y acusaciones de alumnos en las que debe demostrar la falsedad de las mismas, a veces de difícil demostración al basarse en cuestiones del tipo: me mira mal, me mira de forma rara, nos tiene manía y por eso suspendemos, Vamos a hacer que te echen, hemos hecho un escrito en tu contra
. De acuerdo con el informe, este tipo de acusaciones impactan en la autoridad del docente, llegando a generar un alto índice de ansiedad, e incluso, a tener miedo de entrar en el aula.
Problemas relacionados con las familias Este tipo de problemáticas se han reducido porcentualmente en todos sus indicadores, excepto en el de agresiones físicas, que han pasado de un 2% a un 3%. Aunque ha habido un leve descenso de casos en los que hay acoso por parte de las familias y faltas de respecto, sí aumentan las falsas acusaciones y denuncias ante el centro o la inspección educativa (siendo conocedor el docente de los hechos cuando se lo comunica el equipo directivo). Según recoge el Defensor del Profesor, se trata de padres que solo escuchan la versión que les cuenta su hijo o hija, disculpando y justificando cualquier acción y comportamiento que tenga, así como desconfiando del docente y desautorizándole delante de sus hijos. Estas acciones suelen ser consecuencia de situaciones en las que se ha sancionado al alumno, o hay desacuerdo con la evaluación.
Problemas con el entorno laboral Se registra un aumento de los problemas relacionados con la Administración, que han pasado de un 25% a un 30%. De acuerdo con los datos, las actuaciones de las administraciones educativas han provocado un estado de tensión constante entre el profesorado, que comenzó durante el confinamiento debido a la COVID-19, con la publicación de múltiples protocolos de actuación, tardíos y cambiantes, y continuó debido a los recortes en el personal de apoyo para atender al alumnado y diversos cambios normativos una vez empezado el curso. Otro factor mencionado es el hecho de convertirse en centros de soporte psicológico y asistencial de las necesidades que presenta el alumnado, sin una formación previa y, por supuesto, sin aumento de recursos humanos para afrontar estas situaciones que afectan directamente a la convivencia y a la salud mental de los docentes. A este respecto, las Administraciones públicas han producido numerosos protocolos (a saber, prevención y actuación ante el acoso, ciberacoso y maltrato entre iguales, Ideación suicida y autolisis, Maltrato Infantil y abusos sexuales, Violencia de Género Acoso Diversidad Funcional, Acoso LGTBI fóbico, transfóbico y diversidad sexual y acompañamiento LGTBI+, Odio y discriminación, Agresión Personal Docente, Problemas de conducta, Igualdad-coeducación, Mutilación femenina, Alumnos recién llegados, Protocolo de drogas en centros), que han sido adoptados por los centros educativos a coste cero para las Administraciones públicas, y que dan cuenta de la gravedad de estos casos y de la gran responsabilidad que supone para el profesorado el desarrollar estos protocolos, sin formación suficiente al respecto. Un porcentaje de llamadas muy significativo corresponden a profesores/as que afirman no sentirse respaldados por la Administración, cuando tienen problemas de convivencia con familias y alumnado, sintiéndose indefensos ante ello.
Incidencia de los problemas anteriores en el estado anímico del personal docente El Defensor del Profesor considera que el porcentaje de casos que contacta con el servicio podría ser solo la punta del iceberg. A este respecto, indica que muchos docentes se resignan a seguir aguantando la situación por la que están atravesando, a pesar del estrés o ansiedad que ésta genere y del impacto que tenga sobre su salud física y mental. Las cifras muestran un empeoramiento en la salud mental en el colectivo docente: los índices de ansiedad siguen aumentando anualmente, hasta valores que rozan ya el 80% de los y las profesionales que se ponen en contacto con el servicio. Aumentan también los docentes que tienen depresión (12%), así como aquellos que se ven abocados a la baja laboral (que sube un 5% y se sitúa en un 15%). Algunos/as profesores/as perciben que la situación escapa a su control, lo que les genera sentimientos de incompetencia e indefensión, que derivan en estrés ocupacional. A esto se añaden dificultades para desconectar del trabajo. El informe advierte de las consecuencias de estas problemáticas, dado que un profesor con estado emocional alterado, además del sufrimiento personal que debe soportar, afecta negativamente a su rendimiento profesional, reduciéndolo significativamente y disminuyendo, consecuentemente, la calidad de la educación. En este sentido, manifiesta, las bajas laborales generan un coste para la administración y una modificación de la propuesta pedagógica para los alumnos.
Dado lo expuesto en párrafos anteriores, ANPE y El Defensor del Profesor inciden en la importancia de desarrollar una Ley de Autoridad del profesorado a nivel estatal, medidas reales que dignifiquen la labor docente y favorezcan un clima de convivencia adecuado, así como la redacción y elaboración de un Plan Estratégico de Mejora de la Convivencia Escolar en los Centros Educativos, liderado y coordinado por el Ministerio de Educación, partiendo del seno de la Mesa Sectorial de Educación. Para la asociación, dicho Plan debería contar con una serie de medidas clave, entre ellas, las siguientes: Desarrollar un programa de prevención de acoso escolar que contemple la aceleración de los protocolos de protección a las víctimas y un plan de detección precoz de los problemas de convivencia en los centros educativos. Actualización y cumplimiento de los Decretos de convivencia, así como los Planes de convivencia y los Reglamentos de los centros. La obligación de los equipos directivos, ante el conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito, de informar a la Dirección Provincial de Educación correspondiente, así como al Ministerio Fiscal. Un plan específico de formación del profesorado, en horario lectivo, para la prevención y detección de conflictos relacionados con la convivencia escolar. Reconocimiento de la ansiedad, la depresión y el estrés como enfermedades profesionales de los docentes siempre que se deriven de situaciones de acoso, estableciendo estas situaciones como accidentes laborales. El establecimiento de protocolos de actuación ante agresiones al personal docente de los centros sostenidos con fondos públicos y compromiso por parte de la administración para el tratamiento rehabilitador y educativo de los alumnos agresores. Incrementar la cifra de Orientadores, maestros de Pedagogía Terapéutica, maestros de Audición y Lenguaje, personal de Servicios Sociales y auxiliares de Educación Especial para atender a todo el alumnado en pro de una verdadera inclusión. Implantación o aumento de servicios de atención psicológica para la comunidad educativa en todas las comunidades autónomas. Destaca aquí una necesidad que ha venido poniendo de relieve en los últimos años el Consejo General de la Psicología, y es la de incorporar la figura del/de la psicólogo/a educativo/a en los centros escolares (sin menoscabo de otros profesionales), como profesional cualificado/a para brindar dar apoyo emocional y educativo a los equipos docentes, a las familias y al alumnado y dar respuesta a los problemas de índole psicológica que pueden surgir en la Comunidad Educativa.
El informe concluye resaltando la trascendencia de un apoyo político, social y familiar para resolver los problemas en las aulas y cambiar la tendencia actual, incluyendo dos recursos de especial interés para el personal docente: el Decálogo de convivencia y el Decálogo de salud mental del profesor. Se puede acceder al informe completo desde la página de ANPE o bien directamente aquí: Informe del defensor del profesor 2021/22 |
