La Confederación Salud Mental España entidad orientada a la mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedad mental y sus familias, defender sus derechos y representar al movimiento asociativo-, ha publicado un documento titulado Informe sobre el estado de los Derechos Humanos de las Personas con Trastornos Mentales 2015, a través del cual realiza un balance del estado de los DDHH de este colectivo durante el pasado año. Este documento técnico, enmarcado dentro de las actividades realizadas con el programa Promoción de la Salud Mental y Prevención de la Exclusión (financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la convocatoria de subvenciones con cargo al IRPF 2014-2015), recoge los avances y vulneraciones de los derechos humanos conforme a los artículos de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, detectados a lo largo del año 2015, por parte de la asesora jurídica de la Confederación y por miembros del Comité Jurídico de la misma. | |
Según señalan los autores, la protección de los derechos de la población con trastornos mentales (discapacidad psicosocial) requiere efectuar un análisis completo de su situación y necesidades específicas, abordando esta realidad en toda su complejidad para poder adoptar medidas adecuadas y efectivas. Por este motivo se ha elaborado este informe, adoptando para su desarrollo un enfoque multidimensional, abierto a todos los aspectos de la realidad objeto de estudio, con el propósito de constituirse como un instrumento de visibilización de la discriminación que sufren los hombres y las mujeres con trastorno mental, y concienciar a la sociedad sobre las vulneraciones de sus derechos. A continuación presentamos algunas de las principales conclusiones del documento: En relación con el Derecho de las mujeres a la igualdad y no discriminación, el texto recoge los datos de una investigación realizada por FEDEAFES (federación miembro de Salud Mental España) -que indican cómo el riesgo de sufrir violencia por parte de la pareja o ex pareja se multiplica por dos o tres veces cuando se tiene una enfermedad mental grave-, para poner de relieve la trascendencia de denunciar la doble discriminación que sufren las mujeres con trastornos mentales, y la importancia de reclamar la incorporación de la perspectiva de género en las cuestiones relacionadas con la salud mental, incidiendo en la necesidad de organizar talleres, grupos y cursos para mujeres con enfermedad mental que impulsen su participación social e inserción laboral especialmente en sectores tradicionalmente masculinizados. Con respecto a los Derechos de los niños y niñas con discapacidad, el texto recuerda que, a tenor de los expertos, en España, la cifra de niños y adolescentes a los que se les detecta un trastorno mental se sitúa en más de un millón. Algunos de los trastornos mentales más comunes entre ellos son la ansiedad, la depresión, la hiperactividad o los problemas relacionados con la alimentación. Sin embargo, pese a que, según se destaca, todos los datos revelan que uno de cada cinco niños padecerá a lo largo de su vida un problema de desarrollo emocional o de conducta, el informe advierte de la falta de una apuesta clara del Sistema Nacional de Salud (SNS) por «proveer de recursos y profesionales específicamente formados, suficientes y adecuados para la atención de este sector de la población desde un enfoque multidisciplinar». A este respecto los autores recuerdan que, ya en 2010, el Comité de los Derechos del Niño, en los párrafos 41, 42, 47 y 48 de sus Observaciones finales a España, expresó su preocupación por los criterios para internar a los niños con trastornos de comportamiento en un centro y su situación una vez internados, así como la falta de abordaje adecuado de los problemas relacionados con la alta prevalencia de trastornos emocionales y psicosociales y el aumento, en un corto período, en la prescripción de psicoestimulantes a niños diagnosticados con un trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), alentando a que se promuevan y protejan los derechos de los niños con discapacidad. Actualmente siguen existiendo en la sociedad mitos y tabúes que afectan a los trastornos mentales en general, siendo su repercusión mucho mayor en el caso de niños y adolescentes. Muchas personas con trastornos mentales (personas con discapacidad psicosocial) sufren graves y frecuentes vulneraciones de sus derechos humanos ante la indiferencia, el desconocimiento o el consentimiento del conjunto de la sociedad, situación cuyas raíces, la OMS sitúa en la estigmatización y la discriminación. Es fundamental crear cauces que permitan garantizar de un modo eficaz el derecho de acceso a la justicia de este colectivo. Lamentablemente, España carece de mecanismos efectivos de detección, control y sanción de estas conductas, así como de una cultura jurídica y judicial que promueva los cambios necesarios para hacerles frente. Esta falta de conciencia se traduce en la ausencia de estudios que permitan efectuar una evaluación cuantitativa y cualitativa de la situación (incluida la consideración de la combinación género, edad y discapacidad como factor de riesgo de discriminación múltiple), lo cual impide el diseño de las correspondientes acciones para garantizar tales derechos, incrementa su invisibilización y favorece la creación de amplios espacios de impunidad. Como ejemplo, se observa con frecuencia cómo las denuncias de las personas afectadas suelen ser interpretadas como meros síntomas de su enfermedad mental. Las personas con discapacidad por trastorno mental se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad en los contextos de privación de libertad. Concretamente, en el ámbito penitenciario se han detectado graves vulneraciones que dificultan e impiden el acceso a la justicia de estas personas y la garantía de su derecho a la libertad y seguridad de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, incluida «la realización de ajustes razonables». En nuestro ordenamiento siguen vigentes disposiciones que permiten la práctica de una medida lesiva para la integridad personal como es la esterilización forzosa, a pesar de la profusa normativa que en el contexto del derecho internacional de los derechos humanos la proscribe. Los efectos físicos y psicológicos de la esterilización (al igual que el aborto coercitivo) están suficientemente constatados, sin embargo, las personas con trastornos mentales son especialmente vulnerables a este tipo de prácticas y lo más frecuente es que el interés que se protege no coincida con el interés superior de la persona con discapacidad. Bajo diversas denominaciones con connotaciones terapéuticas, se siguen aplicando dispositivos de contención y aislamiento, por encima de otras opciones menos lesivas de los derechos de las personas, como la atención en unidades abiertas basadas en un modelo de Atención Comunitaria en Salud Mental.
El informe finaliza realizando propuestas de intervención terapéutica como alternativa al tratamiento ambulatorio involuntario (TAI), basadas en los principios de atención integral de las personas con enfermedad mental y de sus familias con especiales dificultades y necesidades, en línea con los principios de actuación asumidos por la Estrategia de Salud Mental. El documento aboga por un modelo biopsicosocial de base comunitaria, orientado a los usuarios y las usuarias, con una práctica asistencial justificada en pruebas aceptadas por la comunidad científica internacional y una concepción integrada de la atención. En este sentido, subraya la importancia de que cada persona diagnosticada con una enfermedad mental disponga de un tratamiento integral adecuado, es decir, que contemple todas las medidas terapéuticas necesarias, reconociendo y reivindicando el centro/unidad de salud mental comunitaria como estructura básica de atención. Dicho centro/unidad de salud mental comunitaria debería contar con un equipo multidisciplinar formado por un número suficiente de psicólogos, psiquiatras, enfermeros, trabajadores sociales, auxiliares, auxiliares de apoyo domiciliario, etc., que asegure la necesaria continuidad de cuidados, desde una perspectiva de accesibilidad y adaptación a las necesidades de cada persona, la atención domiciliaria y de tratamiento asertivo. El informe completo puede descargarse a través de la página Web de la Confederación: Informe sobre el estado de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales en España |
