– Las situaciones de acoso y ciberacoso no se dan siempre dentro del contexto escolar, aunque éste sea un ecosistema natural en la infancia y la adolescencia. Esto supone, según el estudio, que más actores (como la familia y la sociedad) deberían estar implicados en la solución y mejora de esta problemática.
– El ciberacoso es más pernicioso que el acoso escolar tradicional por las variables de anonimato, intemporalidad y amplificación/difusión de los actos perpetrados.
– Los datos muestran que un 55,1% de estos alumnos son víctimas (tanto leves como graves), pero si le sumamos la condición de víctima-agresora, el total es de 83,2%. Los resultados indican que más del 83% del alumnado desempeña un rol relacionado con la victimización tradicional y únicamente un 2,5% se declara como agresor leve. En el caso del ciberacoso, un 25,1% del alumnado es cibervíctima pura, un 3,9% ciberagresor puro y un 6,6% cibervíctima-agresora.
– Tanto en el acoso escolar tradicional como en el ciberacoso, las víctimas presentan peores puntuaciones en calidad de vida, depresión, estrés y ansiedad, que aquellos que no están implicados en estas problemáticas.
– La muestra de alumnos con altas capacidades estudiada presenta puntuaciones superiores tanto en acoso como en ciberacoso, a las encontradas en otros estudios con población escolar y una afectación severa en los casos relacionados con la victimización a nivel psicológico.
– Casi un 25% de los participantes considera que el profesorado ha propiciado de alguna manera que fuera víctima de acoso o ciberacoso, una cuestión que, a juicio de los autores, debería ser abordada en futuros estudios.
– El estudio concluye poniendo de relieve la trascendencia de emprender una labor de vigilancia activa y proactiva, en edades sensibles, por parte de la familia, especialmente ligada a los usos de la tecnología (concretamente, el teléfono móvil y el ordenador). Asimismo, considera objeto de debate el control del tiempo de uso, así como la tenencia de dispositivos móviles.
– En base a sus resultados, se hace hincapié en la necesidad de dedicar especial atención a los colectivos de altas capacidades (y, en general, a todos aquellos que presenten un rasgo diferencial). A este respecto, consideran esencial que las administraciones públicas establezcan programas de prevención e intervención ante estos problemas (especialmente en relación con aquellos grupos con necesidades educativas específicas, y teniendo en cuenta a distintos colectivos, como pueden ser los alumnos con altas capacidades). Consideran también sumamente importantes a las Asociaciones de Madres y Padres como un nicho ecológico para establecer formación y medidas de control.
