El Gobierno acepta las recomendaciones del Defensor del Pueblo sobre la protección de menores víctimas de violencia de género

El proyecto de Ley de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia introducirá modificaciones del régimen de visitas y de la guarda y custodia de los menores en caso de condena del padre por violencia de género.

Así se lo ha hecho saber la Secretaría de Estado de Justicia al Defensor del Pueblo, informando a la Institución, dirigida por Francisco Fernández Marugán, de la aceptación de sus recomendaciones sobre suspensión del régimen de visitas de los menores para imputados por violencia de género, sustentadas en la premisa de que los menores de edad son siempre víctimas de la violencia de género que se ejerce sobre sus madres.

De este modo, el Ministerio de Justicia ha adelantado que, entre las medidas previstas, “muchas de las cuales conllevan reformas legislativas, se prevé configurar como obligatoria la imposición de la pena de privación de la patria potestad a los condenados por homicidio o por asesinato cuando la víctima y el autor de los delitos tuvieran un hijo en común, o cuando la víctima sea hijo o hija del autor, respecto de otros hijos e hijas, si existieren”.

Asimismo, esta nueva normativa reforzará el ejercicio del derecho de los y las menores “a ser escuchados y tenidos en cuenta en contextos de violencia contra ellos”.

Tal y como ha señalado el Defensor del Pueblo, la aceptación de estas recomendaciones y su incorporación al proyecto de Ley contribuirá a reforzar los mecanismos con los que ya cuenta nuestro ordenamiento jurídico, conllevando una mejora en la protección de los niños y las niñas víctimas de la violencia machista.

La Institución lleva años reclamando un doble enfoque, de género e infancia, para luchar contra la violencia machista, insistiendo en numerosas ocasiones que “un maltratador nunca puede ser un buen padre”.

Dado el impacto negativo de la violencia de género, sobre todo para los niños, niñas y adolescentes víctimas, el Defensor considera fundamental que el Ejecutivo priorice la lucha contra la violencia machista y desarrolle “de manera urgente” las medidas contenidas en el Pacto de Estado sobre Violencia de Género, cuya creación, manifiesta “fue un gran acierto”.

Como ya saben nuestros lectores, el Consejo General de la Psicología participó en el desarrollo de las propuestas de acción recogidas en el Pacto de Estado sobre violencia de Género, incidiendo en el desarrollo de cuestiones concretas, tanto en prevención como en detección e intervención frente a situaciones de violencia, y también en relación con los menores afectados, pidiendo que se contemplara tanto el ámbito sanitario como el de los servicios sociales y comunitarios, el de las empresas y organizaciones, el ámbito jurídico y forense, así como el educativo.

A este respecto, el COP ha venido insistiendo en el rol fundamental que juega la Psicología en este ámbito (puesto de relieve en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en cuyo artículo 19 se incluye la atención psicológica dentro de la asistencia social integral a la que tienen derecho las mujeres que sufren este tipo de violencia), y en la trascendencia de reforzar los recursos y servicios de Atención Primaria, aumentando la presencia de estos profesionales en los Servicios de Salud Mental y las plazas PIR, principalmente, la inserción del Psicólogo Clínico en los Servicios del Primer Nivel Asistencial del Sistema Nacional de Salud.

En este sentido, y como ya informó Infocop Online en su momento, además de las recomendaciones ahora aceptadas por el Gobierno, el Defensor del Pueblo formuló una batería de recomendaciones para reforzar el sistema de protección de las víctimas de este tipo de violencia.

En ellas, alertó de un déficit en el sistema VioGen, que evalúa el riesgo de las víctimas de violencia de género, indicando que no cuenta con una herramienta específica para valorar el riesgo en el que se encuentran los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia machista, siendo fundamental una estimación específica, con indicadores propios, dada la condición y especial situación de vulnerabilidad y de madurez de los y las menores.

Por ello, y con el fin de mejorar la protección de estos niños y niñas, la Institución pidió a la Secretaría de Estado de Seguridad, del Ministerio del Interior, que desarrollase e implementase un Sistema de Seguimiento Integral en los casos de violencia de género contra menores, específico y adecuado para el tipo de riesgo al que están sometidos y sometidas.

Este Sistema de Seguimiento Integral en los casos de violencia de género contra menores, debería actuar de forma complementaria al Sistema VioGén -actualmente en funcionamiento-, de cara a erigirse como una herramienta útil, para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan clasificar y proteger a todas las víctimas menores involucradas en la situación de riesgo, teniendo en consideración el tipo de peligro específico al que están sometidos y sometidas las y los menores de edad como víctimas de este tipo de violencia. De este modo, según sus palabras, podría ayudar a ofrecer “una respuesta policial protectora y proactiva en beneficio del superior interés del menor, y debe permitir, además gestionar el peligro permanente mediante su reevaluación”.

Otra de las recomendaciones del Defensor del Pueblo parte del rol fundamental de los puntos de encuentro familiar en la detección de posibles situaciones de riesgo para los y las menores que se atienden, instando a elaborar un protocolo común para que los puntos de encuentro familiar detecten cualquier situación de riesgo para el menor, relacionada con la violencia de género, y alerten de ella.

La Institución recomendó también a la Secretaría de Estado de Justicia, que desarrollara con urgencia las medidas 143 a 150 del Pacto de Estado, concretamente, las referentes a dotar a los juzgados de violencia de género, situados en los territorios dependientes del Ministerio de Justicia, de las Unidades de Valoración Forense y de los medios humanos y materiales, necesarios para que, tanto fiscales como jueces, puedan desarrollar sus funciones con plenas garantías. A este respecto, el Consejo General de la Psicología ha venido defendiendo en los últimos años, el rol fundamental de la Figura del Psicólogo Forense en estas Unidades de Valoración Forense.

De cara a evitar que a lo largo de todo el proceso se produzca una doble victimización, que lleve a las mujeres víctimas a desistir del ejercicio de sus derechos frente a la violencia de género o a pensar que están solas y abandonadas, la Institución solicitaba al Observatorio contra la violencia doméstica y de género, del Consejo General del Poder Judicial, una renovación y adaptación de los protocolos de actuación de la Administración de Justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la situación actual en la que se encuentra el sistema de protección y a las necesidades de las víctimas.

Igualmente, el Defensor instó a la Secretaría de Estado de Igualdad, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, que llevase a cabo una propuesta de Protocolo de referencia, para desarrollar “planes de intervención individualizada” o “planes personalizados de intervención” orientativo y aplicable a todas las Comunidades Autónomas. Este Protocolo de naturaleza estatal debería unificar los mínimos de intervención para todos los profesionales que desempeñan su trabajo en la red de recursos especializados de cada Comunidad, integrar las medidas previstas en el anterior (Pautas para la intervención integral e individualizada con mujeres víctimas de violencia de género, sus hijos e hijas y otras personas a su cargo), aprobado en junio de 2013, e incluir a los menores, a los que, de acuerdo con la Institución, “se les garantizará la intervención especializada de psicólogos, educadores y personal sanitario especializados en menores”.

Fuente: Defensor del Pueblo