EL CONSEJO ES PARTIDARIO DE INCLUIR EN LA LEY DE DEPENDENCIA A LOS MENORES DE TRES AÑOS, LOS ENFERMOS MENTALES Y LOS DISCAPACITADOS INTELECTUALES

13 Oct 2006

El pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado 5 de octubre el proyecto de Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Esta iniciativa configurará un sistema público de atención a las personas sin autonomía personal, entre ellos más de un millón de mayores o discapacitados en situación difícil. Ahora se debatirá en el Senado, si bien, es previsible que no sufra cambios sustanciales en su aprobación definitiva.

El Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos ha seguido el debate de este proyecto de Ley, dada la importante mejora de la calidad de vida que puede suponer para las personas dependientes y sus familiares, así como por la gran implicación de nuestra profesión en el fomento de la autonomía personal y reducción de la dependencia de discapacitados y enfermos. Con este motivo se constituyó un Grupo de Trabajo del Consejo que estudió el contenido del proyecto y emitió un informe sobre el mismo.

 

Finalmente, el pasado mes de septiembre el Consejo hizo llegar al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, a los diputados y a los senadores que están debatiendo este proyecto en las Cortes, una serie de propuestas para mejorar su texto y futura aplicación. Estas propuestas se resumen en los siguientes puntos:

1. Inclusión de los menores de tres años y los tratamientos de atención temprana.

2. Inclusión de las personas que sufren enfermedad mental o discapacidad intelectual.

3. Creación de una Comisión de Expertos para el seguimiento de la implantación del baremo (que determina el estado de dependencia y el acceso a las prestaciones) y los criterios para su valoración en la que estén incluidos los profesionales de la Psicología.

4. Garantizar que las personas que apliquen el baremo tengan un suficiente nivel formativo, por lo que los psicólogos deberían estar implicados en su aplicación.

5. Cuidar que la formación prevista de profesionales se desarrolle en las instituciones educativas.

6. Señalar la necesidad de la formación de los cuidadores no profesionales, en la que los psicólogos han ejercido un papel pionero e importante.

7. Crear estructuras básicas de contenidos formativos para garantizar su calidad, los cuales deben tener una orientación biopsicosocial.

El proyecto, finalmente, ha incluido bastantes enmiendas que han variado su redacción original. Entre los cambios introducidos ha estado la inclusión de los menores de tres años como beneficiarios de la Ley y los tratamientos de atención temprana, así como reformas terminológicas para dejar claro que los discapacitados intelectuales y enfermos mentales también están incluidos. En cuanto al baremo se ha dejado a posteriores desarrollos reglamentarios su determinación, así como la definición de los profesionales implicados en su aplicación. Gracias a estos cambios se ha producido un gran acuerdo en el Congreso de los Diputados, por lo que el proyecto de Ley ha contado con el voto favorable de todos los grupos políticos, excepto de CiU, PNV y las dos diputadas de EA y Nafarroa Bai.

Esta Ley configurará un sistema público de atención a las personas sin autonomía personal, estimadas en un millón doscientas mil personas en España, de las cuales se prevé que casi 600.000 serán atendidas entre 2007 y 2009. Se aplicará de forma gradual a partir del 1 de enero de 2007, empezando por los ciudadanos en situación de gran dependencia (los que necesitan ayuda las 24 horas del día), estando previsto su pleno desarrollo en 2015. Aparte de los gran dependientes, hay dos tipos más: los severos, que necesitan ayuda dos o tres veces al día, y los moderados, sólo una.

 

El Estado aportará más de 12.638 millones de euros desde 2007 hasta el 2015. El año que viene serán 400 millones, incrementándose hasta los 2.212 millones en 2015. El dinero saldrá de los Presupuestos Generales del Estado. El sistema tendrá una gestión descentralizada, y su financiación recaerá en las comunidades autónomas, Administración Central y usuarios, que pagarán en función de su renta.

Un baremo determinará el tipo de prestación a la que tiene derecho cada persona y habrá un catálogo nacional de prestaciones mínimas. El catálogo incluirá servicios de ayuda a domicilio, centros de día, servicios de autonomía personal, atención residencial, ayudas técnicas y ayudas para la adaptación y accesibilidad del hogar. Todas estas prestaciones podrán ser ampliadas por las comunidades autónomas. Los cuidadores familiares (no profesionalizados) podrán percibir una prestación económica y tendrán que darse de alta en la Seguridad Social. Otra posibilidad será la suscripción de un seguro privado, lo que conllevará beneficios fiscales.

Carta del Consejo remitida al Ministro, a los diputados y los senadores.

Texto del proyecto de Ley aprobado en el pleno del Congreso de los Diputados el pasado 5 de octubre

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