Infocop Online ofrece a continuación a sus lectores, un resumen de los aspectos más interesantes de la intervención realizada por Rocío Fernández-Ballesteros García, Catedrática de Psicología, experta en el área de gerontología y envejecimiento, y miembro del Grupo de Trabajo sobre la Ley de Dependencia del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, en el primer Desayuno de Infocop.

Este primer desayuno tuvo lugar en la sede del Consejo de Colegios Oficiales de Psicólogos, el pasado 23 de octubre, presentando como tema central de debate la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. 

Fernández-Ballesteros quiso iniciar su intervención dando la enhorabuena tanto al Parlamento como al conjunto de los diputados por las mejoras que se han producido desde las primeras versiones del documento. En este sentido, la psicóloga apuntó que se ha observado un cambio significativo en cuanto a la consideración de los aspectos preventivos en la ley que, en su opinión, deberían ocupar un lugar privilegiado en la misma.

 

Rocío Fernández-Ballesteros

La experta señaló que el borrador, excepto afirmar que la prevención es importante, no incluía en su primera versión aspectos relacionados con la misma, y reconoció como muy positivo que, en este momento, se hable al menos de un servicio de prevención (Art. 15). En este sentido, quiso llamar la atención sobre el hecho de que utilizar la palabra servicio para hablar de prevención, no es demasiado correcto, ya que la prevención no es un servicio en sí, sino que se incluiría como un programa o un proyecto de prevención que tuviera distintos pilares en distintos sectores de la Administración.

En todo caso, volvió a incidir Fernández-Ballesteros, aunque queda contemplada, en alguna medida, la prevención, habría que encontrar, bajo su punto de vista, la manera de poner de relieve y plasmar todos los estudios realizados en relación a la reducción de la dependencia por hábitos saludables a lo largo de la vida y que tuvieran repercusión en la ley.

Según palabras de la catedrática de Psicología, las personas con hábitos saludables reducen su probabilidad de dependencia al final de la vida en cuatro veces y posponen siete años la aparición de la discapacidad o la dependencia. Asimismo, apuntó que el mantener actividad intelectual pospone el declive y el deterioro cognitivo, constituyéndose como un factor promotor o protector de la demencia, una de las puertas por las que entra la dependencia. Añadió que si esos datos se ponen en relación con el hecho de que en España solamente un 10% de la población realiza regularmente ejercicio físico, la importancia de promover la prevención adquiere aún mayor relevancia. La experta no quiso dejar de señalar que el legislador no se cree la importancia de la prevención, así como que, tal vez, se podría primar la creación de gimnasios, polideportivos, la promoción de la buena nutrición... a lo largo de todo el ciclo de la vida frente a otros aspectos o paralelamente a los mismos. Quiso recordar que hay una responsabilidad extraordinaria en la prevención de la dependencia y que nos lo tenemos que creer, así como tenemos que creer que la reducción que podemos hacer de la dependencia procede de la promoción de hábitos saludables, como lo demuestran todos los estudios sobre impacto de políticas de este tipo. Señaló que, dado que el reglamento lo va a hacer el Consejo Territorial, ese Consejo debería asesorarse en aspectos de prevención con el fin de maximizar esos aspectos.

El segundo tema relevante que destacó Fernández-Ballesteros fue el de la evaluación. Como indicó la psicóloga, este sistema se va a apoyar en otro sistema, el que se utilice para evaluar la discapacidad y la dependencia. Señaló que, contemplado desde el punto de vista de la Psicología, finalmente lo que se van a evaluar son comportamientos humanos, es decir, si la persona puede o no realizar una serie de comportamientos de la vida diaria. La experta apuntó que todos esos aspectos están muy poco elaborados, independientemente de que haya que esperar a conocer los reglamentos y los baremos que se vayan a utilizar para realizar las evaluaciones, y que por el momento constituyen una incógnita. Hizo hincapié en que estos baremos, además, necesitan estar en constante reajuste.

Participantes del primer desayuno de Infocop

La psicóloga puso en evidencia que el baremo que vaya a utilizarse, va a bascular en el sistema de evaluación, y que tanto si finalmente se decide adoptar el sistema de la Organización Mundial de la Salud (OMS) - la clasificación internacional del funcionamiento de discapacidad y salud de la OMS-, como cualquier otro sistema de evaluación, y dado que se va a valorar a tantas personas, una cuestión de máxima relevancia es contar con profesionales formados que puedan llevar a cabo la evaluación. En este sentido, señaló que una cuestión importante que ha de considerarse es quién va a ser el profesional que realice estas evaluaciones, y, por supuesto, así como el hecho de que para que esta evaluación se pueda realizar correctamente, se requerirá de profesionales formados y capacitados en la aplicación de la misma. Señaló que habría que prever, por tanto, la preparación de los profesionales que se vayan a encargar de esta evaluación.

Un tercer aspecto que abordó la psicóloga fue el de la evaluación del propio sistema. Para Fernández-Ballesteros, en la ley se contempla la evaluación cada 3 años, sin embargo, quiso incidir en que el que ésta se rija por un sistema de gestión de calidad, no garantiza que realmente los servicios que se estén ofreciendo esta calidad. Según la experta, para evitar este tipo de situaciones, es necesario contemplar una evaluación externa que evalúe el sistema, a modo de auditoría externa. En este sentido, recordó la psicóloga, hay que tener en cuenta que el sistema va a vascular entre lo público y lo privado, y que, por tanto, habrá que contar con algún tipo de auditoría.

Finalmente, Fernández-Ballesteros insistió en el tema de la eficiencia del sistema, vinculado fuertemente a aspectos del coste-beneficio del mismo. Señaló a este respecto que, si bien no cabe duda de que con la creación de empleo que va a conllevar la implantación de la ley, el sistema vaya a ser seguramente eficiente, sería interesante, además, promocionar el envejecimiento activo o saludable, de forma que pudiera reducirse la morbilidad y la incidencia de la dependencia. La experta señaló que el juicio sobre la eficiencia del sistema no aparece contemplado en la ley y que, dado que el sistema va a estar presupuestado en los Presupuestos Generales del Estado, y como estos a su vez se generan por programas, habrá unos objetivos a conseguir, con unos costos del programa, señalando que debería emitirse un juicio sobre el mismo.

En otro orden de cosas, Fernández-Ballesteros consideró que esta ley es extraordinariamente política, y apuntó que la participación de profesionales y expertos, incluso en el Comité asesor, ha sido escasa.

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