Se necesita urgentemente una legislación de la Unión Europea más robusta y sólida que obligue a los Estados miembros a cumplir sus compromisos en materia de igualdad de trato en el mercado laboral de las personas con discapacidad. Así, lo expresó la eurodiputada Katrin Langensiepen, miembro de la Coalición para la Salud Mental y el Bienestar de Mental Health Europe (MHE) en el Parlamento Europeo, durante la presentación del primer borrador en esta materia.

La situación es preocupante. Según datos aportados por MHE, se estima que la mitad de las personas con discapacidad están en situación de desempleo. Sin embargo, si se tienen en cuenta a las personas institucionalizadas esta cifra es aún más elevada.

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Marcus Aurelius Fecha descarga: 23/20/2020

La meta hacia un trato igualitario en el mercado laboral de las personas con discapacidad, incluidas las personas con trastorno mental, es un objetivo que la Unión Europea adoptó hace una década al ratificar la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (UNCRPD). No obstante, a la luz de los datos actuales, todavía queda mucho camino por recorrer, según advirtió la eurodiputada en su intervención.

El documento presentado señala una serie de puntos clave de actuación, entre los que se incluye:

  • La eliminación progresiva de los talleres protegidos que no están en consonancia con la UNCRPD. Según el texto, estos talleres crean un entorno segregado para las personas con discapacidad, en el que no se respetan los mismos derechos que en otros empleos ni se reconoce su condición de empleados. Por este motivo, los estados miembros deben realizar una evaluación de estos programas y crear alternativas laborales que garanticen la seguridad social, un salario mínimo y se cumplan las medidas de no discriminación.
  • Mejorar y simplificar la normativa europea de cara a facilitar la contratación de personas con discapacidad, proporcionando información clara y evitando los obstáculos innecesarios que puedan suponer para las empresas involucrase en estos procesos de contratación.
  • Ampliar las cuotas de contratación a la diversidad de forma que no sólo se sancione a las empresas por incumplimiento, sino que se proporcione apoyo económico para contratar personas con discapacidad (por ejemplo, mediante listas voluntarias de solicitantes) y elaborar planes de diversidad.
  • Exigir el “diseño universal” en todos los nuevos edificios y productos (incluidos los equipos informáticos y el software) de la UE, de forma que cualquier persona pueda utilizarlos, independientemente de su nivel de capacidad o discapacidad.
  • Tener en cuenta la variedad y complejidad de las diferentes formas de discapacidad y elaborar medidas de acción positiva específicas para abordar las desventajas múltiples e  nterseccionales.
  • Ofrecer una definición común de lo que se entiende por “discapacidad” en todo el territorio europeo, para evitar que los derechos sociales y la asistencia varíen de un Estado miembro a otro, un aspecto que frena la movilidad de estas personas.
  • Mejorar la recogida de datos sobre las personas con discapacidad, para poder tener una visión realista de la situación, puesto que las personas con discapacidad continúan quedando fuera de las estadísticas de empleo.

La eurodiputada advirtió que estas medidas se deben implementar con la mayor celeridad posible, teniendo en cuenta que llevan un retraso de una década. “Desde que se realizó la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, la UE y sus Estados miembros siguen incumpliendo drásticamente sus compromisos al excluir sistemáticamente a las personas con discapacidad del mercado laboral abierto”, señaló.

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MHE

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