El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del pasado día 15 de octubre de 2020, ha aprobado por unanimidad la Proposición de Ley Orgánica de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente.

Tal y como señala el texto, pese a que el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), en vigor en España desde 2014, prohíbe expresamente las esterilizaciones forzadas, el Código Penal permite que, en nuestro país, siga llevándose a cabo esta práctica que vulnera gravemente los derechos de las personas con discapacidad.

La permanencia de esta posibilidad legal en el Derecho nacional, sustentada en mitos como “el bien de la familia”, “la incapacidad de las mujeres con discapacidad para ser madres” o “por su bien”, atenta directamente contra el artículo 23 de la Convención internacional de las personas con discapacidad, en vigor desde hace ya más de una década. 

Autor: Cliff Booth Fuente: pexels Fecha descarga: 06/11/2020

A este respecto, el Tratado Internacional pone de relieve el mayor riesgo de las mujeres y las niñas con discapacidad de estar expuestas a violencia, lesiones o abuso, abandono o trato negligente, malos tratos o explotación, y subraya la importancia de adoptar medidas para garantizar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

A pesar de lo anterior, el Comité sobre los Derechos para las Personas con Discapacidad, en su observación general n.º 1, confirma que las mujeres con discapacidad están sujetas a altas tasas de esterilización forzosa, y, con frecuencia, se les niega el control de su salud reproductiva y toma de decisiones, bajo el supuesto de que no son capaces de tener relaciones sexuales consentidas. Por otro lado, la anticoncepción y la esterilización forzada pueden dar lugar a la violencia sexual sin la consecuencia del embarazo, especialmente en el caso de las mujeres con discapacidad psicológica y social o intelectual, las mujeres internadas en centros psiquiátricos y otras instituciones y aquellas privadas de libertad.

Dado lo anterior, la propuesta incide en la obligación de los Estados que han ratificado la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho de todas las personas con discapacidad a la igualdad y la no discriminación, concretamente, modificando o derogando leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra esas personas. Ejemplo de estas leyes son, junto con las leyes de esterilización de mujeres y niñas con discapacidad sin su consentimiento, las de tutela y otras normas que vulneran el derecho a la capacidad jurídica, y las leyes de salud mental que legitiman la institucionalización y la administración forzada de tratamientos, que son discriminatorias y deben abolirse.

Lamentablemente, como bien señala el texto, la esterilización forzada “es una práctica más extendida de lo que la opinión pública considera”. Prueba de ello, son los datos del Consejo General del Poder Judicial y del CERMI, que apuntan a más de un millar de esterilizaciones forzadas practicadas en nuestro país durante la última década, la mayoría de ellas en mujeres, dándose sólo en el año 2016, 140 casos (entre los años 2005-2013 se registraron 865 casos más).

Para mejorar la protección de los derechos de las niñas y mujeres con discapacidad y defender derechos básicos de las personas con discapacidad, la Proposición de Ley considera prioritario que la esterilización forzosa o no consentida deje de practicarse en España. En esta misma línea, ya en 2011, la ONU -a través del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad-, recomendó oficialmente a España la acomodación de su ordenamiento interno (Código Penal).

La trascendencia de una Proposición de Ley de esta índole ha sido puesta de manifiesto en el Congreso de los Diputados, resultando aprobada por unanimidad de todos los Grupos Parlamentarios.

Tras su aprobación, la Propuesta ha sido remitida por el Congreso a la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Senado, para su debate y aprobación.

Se puede acceder al texto desde la página Web del Senado o bien directamente a través del siguiente enlace:

Proposición de Ley Orgánica de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente

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