La falta de credibilidad en sus testimonios, el fuerte deseo de deseabilidad social o las dificultades para la comprensión de la jerga utilizada en entornos judiciales y policiales son sólo algunas de las dificultades que presentan las personas con discapacidad intelectual implicadas en hechos delictivos que impiden el cumplimiento íntegro de sus derechos. Así lo recoge el informe realizado por Plena inclusión España, una organización sin ánimo de lucro cuya misión es “contribuir, desde su compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como a promover su inclusión como ciudadana de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria”, que tiene por título A cada lado, Informe sobre la situación de personas con discapacidad intelectual reclusas y exreclusas en España.

Fuente: www.pexels.com Artista:
Sinitta Leunen Fecha descarga: 06/11/2020

Tal y como se describe en el informe, las personas con discapacidad intelectual reclusas constituyen “los excluidos de los excluidos”. Sus dificultades en las habilidades conceptuales, sociales y prácticas combinadas con las complejidades del contexto policial y procesal sitúan a estas personas en situaciones de grave vulnerabilidad.

A modo de ejemplo, el texto señala las algunas barreras que complican que estas personas puedan acceder las mismas oportunidades de justicia y trato digno en sus procesos judiciales que el resto de la población.

En primer lugar, muchas veces la discapacidad intelectual pasa desapercibida a simple vista y, por tanto, no se detectan las necesidades de apoyo que requieren estas personas a lo largo de los procedimientos policiales o judiciales, ni se tienen en cuenta estas cuestiones a la hora de valorar la responsabilidad penal, ni al establecer la forma y lugar de su cumplimiento o los apoyos que se requieren en caso de ingreso en prisión.

En segundo lugar, las personas con discapacidad intelectual tienen problemas en cuanto a la descripción de los detalles, la secuenciación temporal de los hechos y su relación, la comprensión de preguntas complejas o el procesamiento de la información, lo que puede hacer que caigan en contradicciones, que mantengan silencios prolongados, que tarden más tiempo del habitual en responder, etc., restando credibilidad a sus testimonios. El prejuicio y la falta de formación especializada de los agentes que trabajan en los contextos policiales y jurídicos, así como la ausencia de apoyos necesarios para estas personas a lo largo del proceso son obstáculos que imposibilitan a estas personas tener un proceso judicial justo.

Más allá, el desconocimiento y la complejidad de la terminología y de las claves de los contextos judiciales y policiales suponen una dificultad adicional para estas personas. Esto unido a la elevada deseabilidad social que suelen manifestar las personas con discapacidad intelectual, manifestada en una “tendencia a responder exclusivamente para contentar al entrevistador sobre todo si es una figura de autoridad como un policía, abogado o juez, independientemente de si la respuesta es veraz o falsa o de si la comprende realmente”, su alta necesidad de agradar y su falta de asertividad hacen que sus respuestas sean fácilmente manipulables y estén sesgadas. Otro de los fenómenos que pueden invalidar su testimonio es el hecho de que sus respuestas muestran por regla general una elevada aquiescencia, es decir, tienden a articularse en el mismo sentido (afirmativo o negativo) que la pregunta o siguen la misma tendencia que la pregunta anterior.

El informe analiza el estado de la cuestión de las personas con discapacidad intelectual reclusas en España, realizando una revisión de la normativa más relevante y de realidad de las personas con discapacidad intelectual en prisión a partir de las respuestas de 367 personas que han estado o están privadas de libertad en España.

Los resultados obtenidos revelan que el 53,9% de las personas con discapacidad intelectual presentan problemas de drogodependencia y el 28,1% conductas problemáticas o desafiantes, lo que demuestra que las personas reclusas con discapacidad intelectual requieren unas necesidades de apoyo extensas y complejas que no se están atendiendo adecuadamente.

En cuanto los procedimientos judiciales, del total de personas entrevistadas, sólo el 31% recibieron apoyos de acuerdo con su situación de discapacidad, de forma que la vulneración de los derechos de estas personas es habitual en los contextos jurídicos y policiales de nuestro país.

Asimismo, el informe revela que la situación de las personas con discapacidad intelectual que se encuentran en prisión es aún más preocupante, puesto que los contextos penitenciarios tienen graves consecuencias e impacto en la capacidad de recuperación de estas personas. Del total de personas entrevistadas en el estudio, sólo el 3% habían accedido a programas de suspensión o sustitución de sus penas de prisión, mientras que el 94% se encontraba cumpliendo su condena en estos contextos.

Los autores del informe señalan la necesidad urgente de aumentar la concienciación pública sobre la desprotección de estas personas y garantizar sus derechos legales y jurídicos en los procedimientos jurídicos, proponiendo diferentes recomendaciones.

Se puede acceder al informe en el siguiente enlace:

A cada lado, Informe sobre la situación de personas con discapacidad intelectual reclusas y exreclusas en España

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