Considerando fundamental crear las condiciones adecuadas para garantizar el cumplimiento de las medidas de salud pública, la guía establece una serie de recomendaciones y estrategias para facilitar la adaptación de las medidas para su aplicación en las diferentes fases de la pandemia, desde una perspectiva intersectorial que aborda los determinantes sociales de la salud y la equidad.
Según señala la guía, algunos de los obstáculos de las medidas de salud pública son los problemas de acceso y continuidad de la atención de salud -derivados de los períodos de cuarentena que han conllevado aislamiento social, y que han agravado especialmente la situación de las personas con trastorno mental-, y los riesgos psicosociales, observándose como el confinamiento domiciliario, el aislamiento físico, el miedo y la incertidumbre producidos por la pandemia causan estrés y tensión en los casos, sus contactos y sus familias.
Subraya también el impacto de las restricciones de movimiento y la distancia física social sobre los niños y niñas, limitando su derecho al juego y al ocio con otros niños y niñas, con consecuencias importantes en su desarrollo psicosocial y a nivel colectivo, donde las condiciones psicosociales negativas podrían traducirse en una pérdida de la cohesión social, incrementándose aún más las conductas discriminatorias y de exclusión, principalmente a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad. Además, el cierre de escuelas se traduce en una falta de estimulación en los/as menores, así como en una reducción de oportunidades para obtener apoyo social para el bienestar mental. En la misma línea, advierte de que aquellos y aquellas que enfrentan privaciones extremas pueden sufrir estrés agudo, con menoscabo en su desarrollo cognitivo y en su salud mental a largo plazo.
Entre las acciones propuestas en el informe destacan el garantizar el acceso a servicios de apoyo a la salud mental y psicosocial, así como la provisión de información y recomendaciones sobre el manejo del estrés y la salud mental, adecuadas a la realidad de las poblaciones (habilitando para ello, líneas telefónicas de emergencia, canales de comunicación masivos, redes de psicólogos comunitarios y a través de servicios de atención de salud telefónica y telemedicina), facilitar la continuidad de los programas escolares de apoyo psicosocial por medio de seguimiento telefónico o virtual y establecer estrategias para prevenir el ciberacoso, o mejorar el apoyo psicológico a quienes están en los centros de larga estancia.
De acuerdo con la PAHO, la aplicación de políticas sociales inclusivas permitirá limitar los obstáculos y mitigar los efectos no deseados de las medidas de salud pública que afectan de manera desigual según las condiciones de vida y de trabajo de la población destinataria.
Se puede acceder a la guía a través del siguiente enlace:
Orientaciones para la aplicación de medidas de salud pública no farmacológicas en grupos de población en situación de vulnerabilidad en el contexto de la COVID-19 (paho.org) |