La imagen social de las personas con un diagnóstico de trastorno mental está configurada por falsas creencias y estereotipos que llevan al estigma. Esta imagen errónea causada por la desinformación y el desconocimiento hace que la sociedad sienta y actúe de forma discriminatoria hacia ellas. Esa discriminación supone una situación de exclusión en muchas esferas de sus vidas impidiendo que participen de forma efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que todas las demás. La sociedad percibe esta situación de exclusión como derivada de “un diagnóstico”, cuando en realidad son las “barreras sociales” las que impiden su participación real y efectiva.

Con este análisis explicativo sobre la vulnerabilidad de las personas con discapacidad psicológica y social, el Observatorio de Salud Mental de Feafes Salud Mental Extremadura presenta su guía de “Aproximación a la Perspectiva de Derechos Humanos en Salud Mental” un documento a través del cual se pretende avanzar, informar y concienciar sobre el problema de la vulneración de Derechos que afecta gravemente a las personas con discapacidad y, especialmente, a aquellas con discapacidad psicológica y social.

Autor: Josh Hild Fuente: pexels Fecha descarga: 05/01/2021

Tal y como denuncia el informe, las personas con problemas de Salud Mental son objeto de discriminación generalizada, de exclusión social, de estigma y, en muchas ocasiones, no se respeta su autonomía, voluntad y preferencias. Esta situación de vulneración de derechos se da en muchas esferas de sus vidas (por ejemplo, en la atención que reciben en los servicios públicos de salud y apoyo social), y se ve agravada por la falta de denuncias dado que, en la mayoría de los casos la persona que lo sufre no tiene conciencia de que se están vulnerando sus derechos, existen barreras especiales que les impiden acceder a la justicia, carecen de una cultura de denuncia, etc. Esta falta de denuncias constituiría una de las razones por las que aún existe una gran invisibilidad sobre la vulneración de los derechos en salud mental.

El documento alerta de la variedad alarmante de abusos de derechos que enfrentan las personas con discapacidad psicológica y social o problemas de salud mental en España, entre ellos los siguientes:

  • Vulneración de derechos en relación con la MATERNIDAD Y PATERNIDAD: Esterilizaciones forzosas, abortos coercitivos, pérdida de la custodia de los hijos/as, denegación del certificado de idoneidad para adoptar, ideario común y extendido sobre todo de ser “malas madres”, etc.

    Cabe señalar que en España se ha dado un avance histórico en el cumplimiento de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad y su inclusión, con la aprobación, en diciembre de 2020, de una Ley para erradicar del Código Penal la esterilización forzosa o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente.

  • Vulneración de derechos en relación con el TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO: sobremedicación, administración de fármacos obligatoria, forzosa, sin autorización, sin respetar la autonomía, voluntad y preferencia, sin información, con el fin de enlentecer, obnubilar para facilitar el trabajo de los profesionales, etc.

  • Vulneración de derechos en relación con la SALUD: Diagnostic overshadowing (atribución errónea de síntomas físicos a su problema de salud mental), no se realizan las pruebas pertinentes a su dolencia, se les deriva a psiquiatría sin filtros al acudir a urgencias, no se les ofrece información sobre las interacciones con otros medicamentos o sobre efectos secundarios.

  • Vulneración de derechos en relación con la VIOLENCIA DE GÉNERO: las mujeres con problemas de salud mental tienen una mayor probabilidad de sufrir este tipo de violencia (el 75% lo han sufrido) debido a las barreras que impiden el acceso a los recursos destinados a las mujeres víctimas de violencia de género, una falta de credibilidad en sus testimonios e invisibilidad de los efectos psicológicos de este tipo de violencia. Asimismo, el informe advierte de frecuentes situaciones de abuso sexual y otro tipo de violencia en lugares de custodia de personas con problemas de salud mental.

  • Vulneración de derechos en relación con la INCAPACITACIÓN: el abuso de la incapacitación y las dificultades a la hora de revertirla.

  • Vulneración de derechos en relación con la SEXUALIDAD: uso de medicamentos que producen falta de deseo y disfunción sexual, sin brindarles información sobre los efectos secundarios de la medicación, falta de escucha profesional sobre aspectos relacionados con la impotencia y la fertilidad, se les considera como seres asexuales. El informe pone de relieve la resistencia por parte de los profesionales de salud mental a que dejen la medicación para recuperar la libido.

  • Vulneración de derechos en relación con el SUICIDIO: este grave problema de salud pública (definido así por la OMS) constituye la primera causa de muerte no natural en España y, según estima este informe, entre el 65% y el 95% de los casos se relacionan con los problemas de salud mental. Es una realidad evitable: el suicidio se puede prevenir. La falta de medidas para prevenir el suicidio es una vulneración de derechos.

  • Vulneración de derechos en relación con el EMPLEO: las personas con problemas de salud mental tienen una mayor tasa de desempleo (el 84% están desempleadas). Este colectivo se encuentra con una mayor exclusión de procesos de selección, discriminación, incluso en empleos reservados para personas con discapacidad, dificultades para encontrar un entorno laboral abierto, inclusivo y accesible, falta de medidas para acceder y mantener un empleo (adaptación de puesto a sus necesidades), estigma fruto de estereotipos y prejuicios, etc.

  • Vulneración de derechos en relación con las MEDIDAS COERCITIVAS: entre las medidas y tratamientos coercitivos “legales o formales” se incluyen: tratamientos involuntarios, la contención (mecánica y/o farmacológica) y el aislamiento terapéutico.

  • Vulneración de derechos en relación a los RECURSOS SOCIOSANITARIOS: escaso o inadecuado consentimiento informado, participación en investigaciones sin consentimiento, carácter obligatorio de trabajos no remunerados y su uso como herramienta terapéutica, falta o inadecuación de espacios privados e íntimos, con acceso de profesionales a dichos espacios, uso ilimitado de cámaras de vigilancia sin información y/o consentimiento, restricciones injustificadas en el uso de teléfono, ordenador y/o visitas, abuso físico y sexual, etc.

Dado el estado actual de la cuestión, el informe subraya la trascendencia de fomentar acciones en Salud Mental que desarrollen al máximo la participación real y activa de las personas con experiencia propia y las familias, especialmente con respecto a la defensa de sus propios derechos.

En esta línea, el documento incluye información sobre Derechos Humanos, recursos de protección, así como conclusiones de Personas con experiencia propia en Salud Mental.

Se puede acceder directamente al informe a través del siguiente enlace:

Derechos Humanos y Salud Mental. Aproximación a la Perspectiva de Derechos Humanos en Primera Persona

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