De las distintas formas de violencia de género, la violencia sexual es el máximo exponente de las relaciones de poder y desigualdad estructural que viven las mujeres. Supone una vulneración de los derechos humanos, un atentado a la integridad y libertad, y origina sin duda graves consecuencias en la salud mental de las mujeres.

Con esta introducción, se presenta el Informe sobre la violencia sexual en las mujeres con discapacidad intelectual, un estudio promovido y financiado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Genero, realizado por la Fundación CERMI Mujeres y que ha contado con la colaboración de organizaciones del movimiento de la discapacidad que trabaja por los derechos de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo.

Esta investigación pretende aportar conocimiento a una realidad aun invisible y oculta que supone una vulneración de los derechos humanos de las mujeres con discapacidad y en particular de las mujeres con discapacidad intelectual.

Foto: Puwadon Sangngern Fuente: pexels Fecha descarga: 12/11/2020

Para ello, se plantea conocer las percepciones que existen sobre la violencia sexual en mujeres con discapacidad intelectual, indagando en sus causas y consecuencias, así como en las necesidades específicas de atención a las víctimas de violencia sexual con discapacidad intelectual y los elementos reparadores.

De acuerdo con el informe, en el abordaje de la violencia sexual es clave la adopción de un enfoque de derechos humanos, basado en la obligación de los Estados de respetar, proteger y cumplir con los DDHH y, por tanto, de prevenir, erradicar y castigar la violencia contra las mujeres y las niñas. En este caso, España tiene la obligación de garantizar los derechos recogidos en los distintos instrumentos internacionales con respecto a la CRPD, a la CEDAW, al Convenio de Estambul, a su legislación y al Pacto de Estado de Violencia contra la Mujer.

Con la finalidad de exponer la magnitud real de este grave problema en nuestro país, el documento pone de relieve una serie de datos preocupantes, entre ellos, los recogidos en la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019 (DGVG, 2020), que señalan que el 14,8% de las mujeres con discapacidad acreditada igual o superior al 33% ha sufrido violencia sexual de alguna pareja (actual o pasada) a lo largo de la vida frente al 8,9% de las mujeres sin discapacidad, y la han sufrido fuera de la pareja en mayor proporción (10,3%) que las mujeres sin discapacidad acreditada (6,2%). Asimismo, los datos indican que es mayor el porcentaje de aquellas que la han sufrido en la infancia (6,3% de las mujeres con discapacidad frente al 3,3% de las mujeres sin discapacidad).

Por otro lado, según el informe, hay evidencia de que las mujeres con discapacidad, concretamente intelectual y psicológica y social, tienen mayor riesgo de sufrir violencia sexual, pueden ser una víctima fácil de abuso por parte del personal de atención sanitaria, los compañeros de hogar o aquellos hombres de los cuales pueden ser dependientes económicamente, mediante el uso de la violencia, la intimidación, la manipulación, el engaño o la superioridad. Asimismo, existen otras formas de violencia específicas de los entornos institucionales en los que viven las propias mujeres, viéndose privadas sistemáticamente en estos contextos de su derecho a fundar una familia, “al estar expuestas a la anticoncepción involuntaria y a la esterilización”.

El texto incide en las graves consecuencias de la violencia sexual sobre las mujeres, tanto a corto como a largo plazo, entre ellas, lesiones corporales, embarazos no deseados, problemas crónicos de salud, alteraciones en la esfera sexual (disminución del deseo, trastornos menstruales, infecciones de transmisión sexual, dolor pélvico crónico…), discapacidades e incluso la muerte de la mujer. No menos grave es el impacto a nivel psicológico (estados de ansiedad, estrés, síndrome de estrés post‐traumático, perdida de la confianza en sí misma, baja autoestima, y depresión que, en algunos casos, puede derivar en suicidio) y a nivel social (estigmatización, aislamiento o el rechazo social).

El documento da cuenta también del continuum de la violencia y los múltiples contextos en los que se manifiesta (la escuela, la familia, en la calle con extraños, en instituciones…) y recoge una serie de propuestas de mejora para la prevención y detección de la violencia sexual en mujeres con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, tales como:

  • Elaborar un protocolo de atención integral a las mujeres con discapacidad intelectual y/o del desarrollo que hayan sido víctimas de violencia sexual en todas sus manifestaciones (prevenir, detectar, atender y reparar el daño).

  • Desarrollar un plan de formación en género, discapacidad y sexualidad desde un modelo biopsicosocial, dirigido a las mujeres, a las familias y al conjunto de profesionales que intervienen en la atención (policía, personal sanitario, trabajo social, judicatura, etc.). El informe pone de relieve la necesidad de formar a los profesionales, especialmente médicos y otro personal sanitario, “para que entiendan hasta qué punto pueden influir en las vidas de las mujeres y niñas con discapacidad, cambien sus actitudes y las escuchen en los procesos de investigación”.

  • Lanzar campañas de concienciación sobre la violencia sexual que sufren las mujeres con discapacidad intelectual y/o del desarrollo.

  • Realizar talleres de empoderamiento de las mujeres para prevenir abusos sexuales. Y mixtos para desmontar los mitos e ideas erróneas sobre la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual.

  • Elaboración de materiales preventivos e informativos que estén adaptados. Implementar las herramientas necesarias en materia de comunicación aumentativa si fuera necesario.

  • Elaboración de estudios sobre el tema para disponer de datos, estadísticas y contextos en los que ocurre la violencia, lo que serviría de base para elaborar políticas públicas de prevención y atención. Investigación orientada a la identificación del tipo de servicios necesarios para la atención.

  • Coordinación transversal de las actuaciones de los equipos y programas que facilitan atención a las víctimas de violencia sexual, y la coordinación con entidades especializadas en las necesidades de las mujeres con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, de manera que se facilite una atención integral y especializada a aquellas que puedan ser víctimas de estas situaciones.

El documento concluye recordando la necesidad de trabajar desde la praxis profesional “en la deconstrucción de los prejuicios relativos a la construcción del concepto de sexualidad y discapacidad, así como en la definición del consentimiento”, como ayuda para poder detectar y reconocer situaciones de abuso, y subraya la relevancia de que se acompañe y se valide el testimonio de las mujeres con discapacidad intelectual y/o del desarrollo que han sufrido violencia sexual.

Se puede acceder directamente al informe a través del siguiente enlace:

La violencia sexual en las mujeres con discapacidad intelectual 

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