La crisis COVID-19 va camino de cumplir un año, incrementando de manera alarmante el número de personas enfermas, confinadas por cuarentena y fallecidas. En el momento de escribir este texto, en España el número de personas que se han infectado alcanza ya los 2 millones, y el número de fallecidas por esta causa son casi 52.000. Simultáneamente, la reducción de actividades económicas, en nuestro caso especialmente el turismo, está provocando la ruina de numerosas empresas y autónomos, así como la pérdida de muchos empleos, a pesar de las medidas que vienen adoptando las autoridades y la sociedad civil para reducir estos impactos negativos, que están deteriorando las economías familiares, en algunos casos de manera muy grave.

Este contexto de crisis sanitaria y económica, con todos los sucesos traumáticos que implica, está afectado de manera grave a la salud mental de la población, como están comprobando diversas investigaciones. La pandemia del SARS-CoV-2 ha generado un incremento sustancial de desórdenes emocionales y problemáticas psicológicas. El estudio “Las consecuencias psicológicas de la COVID-19 y el confinamiento”, realizado por varias universidades, concluye que aproximadamente un 9,5% de la población en España (4.370.000 personas), están sufriendo efectos emocionales negativos con un nivel moderado-grave, produciéndose el incremento del malestar psicológico en alguna medida en el 45,7% de la población (21.022.000 personas); se sabe que afecta algo más a las mujeres que a los hombres, a las personas más jóvenes que a las más mayores, y que están aumentando sobre todo los sentimientos depresivos, de irritación, enfado, problemas de sueño y síntomas de estrés y ansiedad.

 

Otra investigación que se puede citar es el estudio global sobre elImpacto psicológico de la COVID-19 en la salud de los trabajadores”, llevado a cabo por Affor Prevención Psicosocial. Realizado con posterioridad al anterior, viene a confirmar que los afectados son millones de personas en España. Respecto a las personas que trabajan, entre otros resultados, señala que:

  • El 41,99% presenta síntomas de ansiedad.
  • El 46,5% se siente poco feliz y deprimido/a.
  • El 84,7% presenta alteración del sueño.
  • El 86,2% siente nerviosismo, irritabilidad o tensión.
  • El 67,58% requeriría realizar una valoración detallada por posible ansiedad y depresión

Teniendo en cuenta que las principales guías de práctica clínica basadas en la evidencia científica recomiendan las terapias psicológicas como el tratamiento de primera elección para el trastorno depresivo leve y moderado, el trastorno de angustia, trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno de ansiedad generalizada y las fobias específicas, se hace evidente que en España se necesita de manera urgente un reforzamiento de la atención psicológica. A este respecto entendemos que sería necesario:

  1. Reforzar los servicios especializados de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, tanto los dirigidos a adultos como a la infancia y adolescencia, con el incremento al menos de un 50% del número de psicólogas clínicas y psicólogos clínicos que trabajan en ellos.
  2. Hacer más accesible la intervención psicológica especializada a la población, generalizando la presencia de los psicólogos en la Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud.
  3. Debe ser prioritario la puesta en marcha de un Programa Nacional de Prevención de Conductas Suicidas, con medidas efectivas en diversos ámbitos, como la atención psicológica temprana, la dotación de recursos para el seguimiento de los casos de riesgo y la adecuada formación de los profesionales sanitarios en la detección e intervención en conductas suicidas.
  4. Debe garantizarse que tanto los Servicios Sociales, por un lado, como la asistencia psicológica forense en la Administración de Justicia, por otro, cuenten con profesionales de la Psicología que puedan atender las problemáticas psicológicas en esos contextos, fomentando la autonomía personal, el bienestar familiar, afrontando la violencia de género, la reducción de la delincuencia y la atención de las víctimas de delitos.
  5. Hay que garantizar la presencia de profesionales de la Psicología en los centros residenciales para personas mayores y otros dispositivos de atención gerontológica, que están sufriendo un impacto muy traumático en esta crisis Covid-19.
  6. Para abordar adecuadamente los problemas psicológicos de los menores, mejorar la convivencia y los aprendizajes, los equipos de orientación de los sistemas educativos deberían ser reforzados con profesionales de la Psicología.
  7. La adaptación a los nuevos perfiles profesionales de las empresas, así como la prevención de riesgos laborales y la creación de espacios saludables en las empresas hacen también necesaria la actuación de las psicólogas y psicólogos del Trabajo y los Recursos Humanos en este campo.

El 2021 está arrancando con la administración de las primeras vacunas frente al SARS-CoV-2 y la Covid-19, una noticia muy positiva y esperanzadora para el freno de esa pandemia y la reducción del número de personas enfermas y fallecidas por ese motivo. Por otra parte, gran parte de la población tiene suficientes recursos y resiliencia para superar los sucesos traumáticos que han sufrido, pero millones de personas por desgracia no, y tienen todo el derecho a que se le facilite también las intervenciones psicológicas eficaces para mejorar su bienestar físico, mental y social, su salud. Lamentablemente, observamos que las autoridades están dando pasos muy tímidos a este respecto. Desde la Organización Colegial seguiremos trabajando para reclamar que esto cambie, y que se dé la importancia que requiere al incremento de la atención psicológica en toda España. No se trata de ningún lujo ni capricho, es una necesidad y un derecho que hay que garantizar. Todas las psicólogas y psicólogos, todas las personas que defiendan el derecho a la salud, debemos insistir de manera permanente hasta lograrlo.

 

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