Ayer, 11 de diciembre de 2007, la Federación de Servicios y Administraciones Públicas de CCOO (FSAP-CCOO) y la Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT), convocaron en Madrid al Sector de la Intervención Social a participar en una huelga y manifestación pública, en defensa del cumplimiento del Primer Convenio Marco Estatal de Acción e Intervención Social.

Este convenio, fruto de un largo proceso de negociación, fue suscrito, finalmente, por la Asociación de Empresas de Servicios de Atención a la Persona (AESAP), en representación de las empresas del sector, y por las organizaciones sindicales FSP-UGT y FSAP-CCOO, publicándose en el BOE el pasado 19 junio de 2007. Este documento legal suponía el primer intento de regular de manera específica, y a nivel estatal, la actividad laboral de profesionales y entidades del sector de la intervención social en nuestro país. La aplicación de este convenio estatal tendría una vigencia inicial que abarcaría desde el 1 de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2008, estableciéndose en este texto las condiciones laborales mínimas de obligado cumplimiento por parte de empresas y entidades del sector de la intervención social (para mayor información ver la noticia publicada el pasado 5 de septiembre en Infocop Online).

 

Sin embargo, este convenio ha sido impugnado ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional por las patronales Tercer Sector y AESES, así como por la Federación de Sanidad de CCOO y la patronal LARES. Las razones aludidas por estas entidades han sido, principalmente, la falta de representatividad patronal en el proceso de negociación y elaboración del convenio, y la concurrencia de este Primer Convenio Estatal con el IV Convenio Marco Estatal de Servicios y Atención a las Personas Dependientes y Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal.

Coincidiendo con la vista judicial en la Audiencia Nacional celebrada ayer, en la que se debia determinar incialmente la impugnación o no de este Convenio, FSAP-CCOO y FSP-UGT, junto con otras agrupaciones y entidades (como la Plataforma ECO, el Grupo de Trabajo de la Intervención Social CGT y la Asociación Madrileña de Educadores Sociales AMES), exigían, tanto a las Administraciones Públicas como a las empresas y entidades, que garantizaran la aplicación del convenio de intervención social y la aplicación inmediata y efectiva de las disposiciones recogidas en el documento.

 

Para las patronales, los sindicatos que firmaron el convenio, y aquellas otras entidades que apoyaron la manifestación celebrada ayer, este convenio pone las bases para delimitar legalmente un sector laboral que hasta el momento ha estado sin regular, siendo, a su vez, un primer paso para establecer unas condiciones laborables dignas para una buena parte de los profesionales de la intervención social.

Este documento viene precedido de otros convenios firmados a nivel autonómico, como son el Primer Convenio para el Sector de la Intervención Social de Bizkaia, publicado en el BOB el 24 de marzo de 2006, o el Primer Convenio Colectivo para el Sector de la Intervención social de la Comunidad de Madrid, publicado en el BOCM el pasado 14 de septiembre de 2007. No obstante, el Primer Convenio Colectivo Marco Estatal de Acción e Intervención Social reconoce en la Disposición Adicional como preexistentes y legítimos estos convenios autonómicos.

Según ha sabido esta publicación, ante el número elevado de impugnaciones presentadas al Tribunal en los últimos días, el juez ha propuesto a los letrados el aplazamiento de la vista, la cual se llevará a cabo, previsiblemente, en marzo de 2008. Esto supone que hasta la celebración del juicio, las disposiciones y regulaciones recogidas en este texto serán de obligado cumplimiento para todas las entidades del sector. Si bien el convenio está impugnado, el juez no ha establecido medidas cautelares que pudieran suspender la aplicación del convenio en ningún aspecto, por lo que el Convenio sigue vigente hasta que se determine lo contrario.

 

Así mismo, la Redacción de Infocop ha tenido conocimiento de que el Primer Convenio Colectivo para el Sector de la Intervención social de la Comunidad de Madrid, que cuenta con un texto similar al del Convenio Estatal, ha sido también impugnado, quedando, por tanto, pendiente del proceso judicial pertinente.

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