No cabe duda de que estamos asistiendo a un envejecimiento de la población que es irreversible. El Informe de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento de la Población Mundial 1950-2050, anuncia que en el año 2050, y por primera vez en la historia de la humanidad, la cantidad de personas mayores en el mundo superará a la de jóvenes, lo que, sin duda, exigirá una reestructuración de las sociedades para encontrar nuevas formas de vivir, trabajar y atender a estas personas.

Como resultado del envejecimiento demográfico, el número de personas mayores que padecen alguna discapacidad ha aumentado en los últimos años. Si bien este fenómeno emergente en las sociedades modernas es motivo de preocupación en las políticas sociales, hoy en día es todavía claramente insuficiente el conocimiento de las necesidades que plantean las personas con discapacidad que envejecen, lo que supone nuevos retos para la investigación sobre este tema.

Con el objeto de conocer más de cerca los recursos y servicios disponibles en nuestro país para este sector de la población, Infocop Online ha querido entrevistar para sus lectores a Antonio León Aguado, Profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo y experto en investigación relacionada con discapacidad

ENTREVISTA

El incremento de la esperanza de vida en personas con discapacidad, sin duda, plantea nuevos desafíos a las sociedades modernas. En este sentido, nos gustaría preguntarle si existen actualmente programas, recursos y servicios para dar respuesta a las nuevas necesidades que presentan las personas discapacitadas que llegan a la vejez.

Si bien es cierto que los recursos y servicios han ido mejorando paulatinamente a lo largo de estos últimos años, también lo es que aún son muchas las necesidades no cubiertas, que limitan enormemente la calidad de vida (CV) de estas personas, y ante las cuales urge la puesta en marcha de servicios y recursos adecuados. Así, por ejemplo, en relación a los recursos sanitarios, es preciso potenciar la universalización de los mismos. Este colectivo debe beneficiarse de la provisión de servicios de salud integrados en la comunidad, ya que, en ocasiones, esta atención se suple por una asistencia sanitaria residencial especializada, que no cumple las garantías mínimas de calidad requeridas. Además, existen carencias en la atención y especialización de los profesionales.

Si hablamos de las barreras, tanto las de tipo arquitectónico como las actitudinales, obstáculos que, aún hoy, encuentran estas personas en su proceso de integración social, comprobamos que las políticas activas de equiparación de oportunidades, la tecnología de la rehabilitación, los avances tecnológicos, los diseños universales, etc., que, sin duda, han aportado mejoras considerables en la CV de las personas con discapacidad y mayores, no han cubierto suficientemente las más importantes necesidades de este sector de la población. La heterogeneidad de la normativa existente en este terreno, la dispersión de competencias, la amplitud y variedad de sectores implicados, las repercusiones económicas y la necesidad de un cambio profundo de mentalidad en la sociedad, pueden ser motivos que expliquen adecuadamente la falta de cobertura de estas condiciones básicas de accesibilidad.

Es más, las necesidades relacionadas con los recursos de servicios sociales, y en concreto, la ayuda a domicilio, es otro de los grandes retos aún pendientes de respuesta. Es preciso crear una red amplia de recursos, pues hasta ahora el índice de cobertura es muy bajo; se admite que sólo cubren las necesidades de un 3% de la población dependiente. La intensidad horaria de este servicio, definida como número de horas de atención por usuario al mes, se sitúa como media en 16,25 horas/mes/usuario, lo que equivale aproximadamente a 4 horas semanales. La cobertura es, por tanto, muy escasa; no se ajusta a las necesidades de manera individualizada, tanto en relación con el tipo de ayuda a percibir como en la intensidad de la misma. Además, el derecho a este tipo de servicio no presenta la misma cobertura e intensidad protectora en nuestro territorio; existe desigualdad entre comunidades autónomas. Sirva, a modo de ejemplo, el hecho de que en el País Vasco la intensidad horaria de estos servicios se sitúa como media en casi 35 horas/mes/usuario, mientras que en Canarias es de 10.

Lo adecuado sería disponer de unos servicios de ayuda a domicilio a la medida del grado de limitaciones funcionales que presenta el sujeto y de las necesidades detectadas por su entorno familiar. Esperemos que la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, que incluye, dentro del programa de prestación de servicios, la ayuda a domicilio como uno de sus principales objetivos, supla estas carencias.

Lo cierto es que los servicios sociales en nuestro país se encuentran en una situación deficitaria, si los comparamos con los países de nuestro entorno. España destina sólo el 0,32% del PIB a gasto público en servicios sociales de atención a personas con dependencia, cifra que comparada con otros países de nuestro entorno, por ejemplo, un 0,7% en Italia, el doble que en España, un 1,5% de centro Europa (Francia, Alemania y Austria), o el 3% en los países nórdicos, resulta claramente insuficiente. Acerca de estos servicios de recursos sociales, sólo cabe concluir que, pese al gran esfuerzo acometido en los últimos años, aún presentan gran insuficiencia. Existe desigualdad y formas de organización muy diferentes entre las distintas comunidades autónomas, además de escasa accesibilidad a los servicios, descoordinación y, en ocasiones, no demasiada profesionalización.

El papel de los familiares en la atención a los discapacitados que llegan a la vejez no está exento de dificultades. ¿Tienen los familiares de este colectivo de personas acceso a programas de apoyo psicológico?

Uno de los temas en los que el consenso es unánime, es en que el apoyo familiar constituye una dimensión básica de la CV de toda persona que envejece, discapacitados incluidos. Si estos apoyos no presentan una intensidad o calidad adecuada es lógico que representen una fuente importante de preocupación para nuestros mayores.

En nuestro país, la mayor parte de los discapacitados mayores conviven en ambientes familiares, bien sea dentro de su núcleo familiar directo o el más próximo. El hecho de que estas personas permanezcan dentro de su entorno individual, familiar y social constituye, en un principio, un factor propiciador de satisfacción y calidad de vida. Sin embargo, las previsiones de futuro muestran que las familias serán cada vez menos capaces de absorber y responder a las necesidades de estas personas con discapacidad que envejecen. Los motivos se relacionan con la reducción demográfica, la crisis intergeneracional, y el cambio en la estructura familiar y la consecuente disminución de su capacidad cuidadora, por un lado. Por otro, la sociedad cada día más individualista que estamos construyendo provoca un debilitamiento de las redes familiares y sociales más tradicionales. Este no es sólo un problema de políticas públicas, es también un problema cultural. La demanda de institucionalización será, por tanto, cada vez mayor.

Las familias demandan fundamentalmente ayudas centradas en el hogar o en el entorno, que potencien y posibiliten la permanencia en el núcleo familiar de la persona discapacitada. Uno de los recursos más solicitado es la asistencia o ayuda a domicilio, a la que anteriormente hicimos referencia. También los servicios de apoyo al ocio y tiempo libre constituyen necesidades percibidas por las familias. Se reconoce la importancia del ocio en la vida de estas personas. Estas actividades, que suponen una de las principales fuentes de bienestar para cualquier individuo en todas las edades, se convierten en las personas mayores en un valioso potencial para el mantenimiento de la salud física y mental y del apoyo social. El ocio posibilita el contacto con el grupo de iguales, incrementa los lazos sociales, y esto tiene una repercusión muy positiva en el plano familiar. Además, también supone una fuente de respiro importante para el núcleo familiar. Debe producirse, por tanto, un cambio de estructuras y procesos que permitan disponer de recursos de ocio integrados, para mejorar así la CV de las familias y de las propias personas de edad con discapacidad.

Otro de los recursos y apoyos que no están bien cubiertos en nuestro país, son los servicios de alojamiento, llámense centros residenciales, servicios públicos de estancias temporales, viviendas tuteladas, servicios públicos de acogimiento familiar, apartamentos residenciales, etc. Las familias también los reclaman. El 80% de estos centros residenciales son de titularidad privada y también es privada la gestión del 75% de la oferta de sus plazas residenciales. El 20% de los centros residenciales restantes son de titularidad y gestión pública. Estos centros disponen de 70,707 plazas, que suponen el 25% del total de las existentes. Esta estructura es la que presentan la mayoría de las Comunidades Autónomas. En cuanto al número de plazas para personas dependientes que se ofrecen en centros residenciales, a fecha de enero de 2.005 era de 137,621. Por lo que respecta a aquellos otros servicios catalogados como sistemas alternativos de alojamiento, tales como las viviendas públicas tuteladas o el servicio de acogimiento familiar, que responden al objetivo marcado por la Unión Europea de envejecer en casa y que están teniendo bastante desarrollo en Europa, apenas se contemplan dentro de nuestra red de servicios sociales para personas mayores. Además, presentan diferencias de implantación importantes entre las Comunidades Autónomas.

Para finalizar, ¿le gustaría añadir alguna otra cuestión?

Interesa la creación de recursos específicos que traten de forma directa la conjunción de discapacidad y vejez, que permitan a estas personas permanecer cerca de sus referencias culturales y sociales, y que satisfagan sus necesidades, de manera que puedan llevar una vida de calidad y disfrutar de la vejez.

Los poderes públicos no han sido ajenos a estas carencias, y el resultado más importante ha sido aprobación de la Ley de Dependencia. El futuro puede ser más próspero y eficaz, siempre y cuando la vejez se planifique mucho antes de su inicio junto a las familias y la persona con discapacidad que envejece, y las actuaciones vayan dirigidas a la satisfacción de sus necesidades.

El concepto de envejecimiento activo, ese término acuñado por la OMS para designar el proceso por el cual se optimizan las oportunidades de bienestar físico, social y mental durante toda la vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la productividad y la calidad de vida en la vejez, debe ser la concepción que impulse y oriente las políticas de salud y bienestar dirigidas a ese colectivo específico de personas con discapacidad que han llegado a esa etapa de vejez.

Artículos Relacionados
PSICOGERONTOLOGÍA: SU IMPORTANCIA COMO ÁMBITO APLICADO
EFICACIA DE UN PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN MEMORIA EN EL MANTENIMIENTO COGNITIVO DE ANCIANOS CON Y SIN DETERIORO COGNITIVO
UN GRAN PASO PARA LA PSICOLOGÍA EN EL ÁREA DE ENVEJECIMIENTO
VIDA AFECTIVA Y MAYORES
ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN: RETO PARA LAS EMPRESAS
LA CAPACIDAD DE LOS DISCAPACITADOS- ENTREVISTA A TOMÁS CASTILLO ARENAL
EFECTOS DE UN PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN SOLUCIÓN DE PROBLEMAS PRÁCTICOS APLICADO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD: IMPLICACIONES DE LA LEY DE DEPENDENCIA – ENTREVISTA A MIGUEL A. VERDUGO