El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó el pasado 25 de febrero de forma unánime un informe crítico al anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual.

En dicho informe, se recogen algunos puntos que han generado bastante controversia como la definición de consentimiento, y la desaparición de la actual distinción entre abuso y agresión sexuales, sobre la especialización de órganos judiciales y sobre la técnica legislativa.

Tal y como se recoge en la nota de prensa, el informe presentado el considera innecesaria la definición que el anteproyecto introduce en el artículo 177.1 del Código Penal, según la cual “se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes su voluntad expresa de participar en el acto”. Se trata de una definición problemática puesto que al introducir una definición expresa de consentimiento, se deberá probar en la defensa de las víctimas que “no existió manifestación de voluntad expresa de participar en el acto”. Asimismo, esta definición puede no evita la victimización secundaria, al centrar los interrogatorios en el modo en que la víctima suele prestar consentimiento sexual para determinar el alcance de las «circunstancias concurrentes».

En relación con la desaparición de la distinción entre los delitos de abuso y agresión, el informe señala que esta medida pueda dar lugar a que el agresor recurra a conductas más lesivas por no haber mayores consecuencias; y a la posibilidad “de castigar con gran severidad conductas que presentan un menor grado de lesividad”. Como alternativa, el informe señala la posibilidad de incorporar una modalidad agravada de agresión sexual, en el momento en que se ejerza el uso de violencia y/o  amenazas en este tipo de delitos.

El informe será revisado por el Consejo de Estado antes de volver al Consejo de Ministros y remitirse a las Cortes

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