Con la entrada en vigor de la Ley 15/2005, de 8 de julio se ha triplicado en nuestro país el número de divorcios, suponiendo ya la casi totalidad de las rupturas matrimoniales. Según datos del último informe anual del Instituto Nacional de Estadística (INE), el pasado año se disolvieron en España 145.745 matrimonios, un 6,1% más que en 2005.

 

Del total de los matrimonios rotos, un 51,29% tenía hijos menores, que se convierten en demasiadas ocasiones en las víctimas inocentes del divorcio de sus padres, al sufrir directamente las consecuencias de un proceso cargado de desavenencias y rencores.

Además, no es infrecuente que los progenitores, obcecados por el odio, utilicen a los niños para vengarse de quien fue su pareja, sin tomar conciencia de que los más perjudicados son sus propios hijos, a los que sitúan en un conflicto de lealtades que no pueden manejar y que les llevan, a menudo, a sentirse culpables de la separación.

Por tanto, el divorcio de los cónyuges, además de alterar el orden familiar y la relación cotidiana que los hijos han venido manteniendo con cada uno de los progenitores, supone, en no pocas ocasiones, un maltrato emocional para estos menores, que se puede manifestar en problemas psicológicos y dificultades sociales y académicas.

Llegar a un acuerdo en el régimen de visitas, en las obligaciones familiares y en todo lo referente al desarrollo y bienestar de los hijos, reestructurar lo más rápidamente posible la nueva organización y dinámica familiar y normalizar la relación entre los hijos y el progenitor no custodio, son algunas de las obligaciones a las que urgentemente los padres separados deben enfrentarse. No obstante, es frecuente que éstos, lejos de aunar fuerzas para solventar estas dificultades, las conviertan en campo de batalla y motivo de incesantes ataques que se traducen en el incumplimiento del régimen de visitas, el deterioro de la relación del hijo con uno de los progenitores y su familia, y, en último término, en una vulneración de la seguridad y el bienestar del menor.

Con el objeto de eliminar los obstáculos que impiden el adecuado régimen de visitas, velar por los intereses del niño durante los encuentros y tratar de mejorar las relaciones paternofiliales se han creado en nuestro país los Puntos de Encuentro Familiar. Desde que se abriera el primero hace ya más de 10 años en Valladolid, a manos de la Asociación para la Protección del Menor en los Procesos de Separación de sus Progenitores (APROME), estos espacios, subvencionados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, han proliferado de manera significativa en nuestro país.

Infocop Online ha querido conocer más de cerca los Puntos de Encuentro Familiar (PEF), y publica hoy para sus lectores un estudio de la Universidad de Elche, que recoge la labor que desde este servicio se lleva a cabo a favor del bienestar del menor y entrevista a Marisa Sacristán, presidenta de la Federación Nacional de Puntos de Encuentro y de la Asociación para la Protección del Menor en los Procesos de Separación de sus Progenitores.

ENTREVISTA A LA PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE LOS PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR

PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR: EL BIENESTAR DEL NIÑO ANTE LAS RUPTURAS DE PAREJA

 

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