“La reducción del personal asistencial en salud mental a raíz de la crisis económica que se produjo en España hace años, a día de hoy, no se ha revertido”.

Así lo advierte el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI Estatal), en su último informe sobre Derechos Humanos y discapacidad en España correspondiente al año 2020, un documento a través del cual analiza en profundidad los hechos más significativos en materia de DDHH, a la luz de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad-CDPD (Tratado que forma parte del ordenamiento jurídico español y, por tanto, es de obligado cumplimiento).

A lo largo de sus páginas, el CERMI -que fue designado por el Estado español como mecanismo independiente de seguimiento de la aplicación de la Convención de la ONU de la Discapacidad-, realiza un completo análisis de las vulneraciones de los artículos de la CDPD en nuestro país, incluyendo, para ello, la descripción de casos reales y sentencias que testifican el cumplimiento o no de la legislación, y se incorporan una serie de propuestas de mejora, que incluyen los ámbitos en los que se debe avanzar.

Foto: Cliff Booth Fuente: pexels Fecha descarga: 26/07/2021

Tal y como señala el Comité Español, en este año marcado por una pandemia sin precedentes, los datos recogidos en este informe son más necesarios que nunca, dado que ponen de manifiesto que “los derechos humanos son, en términos clínicos, la mejor vacuna para mitigar los efectos de esta pandemia en las personas con discapacidad y son también un escudo infranqueable para proteger su integridad e indemnidad ante las consecuencias sociales, educativas, laborales, sociosanitarias y económicas de esta emergencia humanitaria”.

El informe recoge una serie de conclusiones, entre ellas las siguientes:

  • La ilegalización de las esterilizaciones forzosas (una práctica, hasta ahora, legal en España que intervenía cuerpos de mujeres y niñas con discapacidad al margen de su voluntad y conculcando además sus derechos sexuales y reproductivos), supone un hito “que hay que marcar en la agenda de los derechos humanos”.

  • La pandemia de la COVID-19 ha puesto de relieve la soledad de las personas con discapacidad así como “un cuestionamiento de los derechos humanos, traducido en “situaciones de denegación de UCIS o de negación de traslados a un hospital por razón de edad o de discapacidad o a la generación de tentativas de no asignar estos recursos sobre la base de salvar el sistema sanitario”, una premisa que ha afectado principalmente a las personas mayores y a las personas con discapacidad. A este respecto, el CERMI reclama a sanidad que el Comité de Bioética dicte criterios sobre atención sanitaria sin discriminar a ningún colectivo en situaciones de pandemia.

  • La situación de pandemia ha agudizado hasta extremos insoportables la discriminación de las personas con discapacidad en España. En este contexto, el impacto de la pandemia es “desproporcionadamente más intenso en las personas con discapacidad, castiga más severamente en vidas en contagios en generación de pobreza y exclusión”.

  • Para las personas con discapacidad, especialmente aquellas con discapacidad psicológica y social, la salud mental “es un asunto nuclear”. Según ha advertido el Defensor del Pueblo, en España existen carencias en salud mental, con tres veces menos psicólogos y psicólogas que la media de Europa.

    Tras la crisis económica que se produjo en España hace años, se produjo una importante reducción del personal asistencial en salud mental, “que, a día de hoy, no se ha revertido”, siendo fundamental reforzar este servicio y paliar las consecuencias de dicha reducción.

    Concretamente, un informe de la Federación Salud Mental Canarias alerta de que la atención en salud mental ha pasado de deficitaria a riesgo de desborde. En este sentido indica que “si el confinamiento decretado por el estado de alarma en España ha sido duro para muchas personas, para quienes sufren algún tipo de trastorno mental ha sido ‘muy complicado’. A su juicio, el incremento de sintomatología y de ingresos por motivos de salud mental ha sido consecuencia de la interrupción de los apoyos y las terapias de estas personas, que han visto rotas sus rutinas.

    El CERMI recuerda la trascendencia tanto de la salud mental como de la salud física, por lo que es esencial realizar un seguimiento y un cuidado de ambas para las personas con discapacidad.

    A este respecto, insta a las Administraciones Públicas y al personal de la salud a garantizar la atención sanitaria equitativa y sin discriminaciones en situaciones extraordinarias de emergencia pandémica a las personas con problemas de salud mental. Una atención sanitaria que debe contemplar tanto sus problemas físicos como psicológicos, “debiendo ser derivadas con todas las garantías”.

  • En nuestro país “existen estudiantes con dislexia, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, TEA, discapacidades auditivas o visuales, etc.”, que demandan apoyo específico para sentirse incluidos e incluidas en el ámbito de la educación. Para los responsables de la Unidad de Atención a la Diversidad de la Universidad Europea, “la sociedad no está preparada para atender a la diversidad, y por tanto es muy difícil que su sistema educativo lo esté”. Entre los principales obstáculos para incluir al alumnado con discapacidad, el CERMI subraya la falta de recursos y de formación del profesorado.

    Según datos del Observatorio de la Discapacidad, es evidente la brecha a nivel educativo entre la población con y sin discapacidad de la misma edad, registrándose una tasa de analfabetismo significativamente más elevada en las personas con discapacidad y un nivel inferior de estudios. Estos datos no son acordes con el derecho a un acceso a la escolarización inclusiva y en igualdad de condiciones, con los apoyos necesarios y en las mismas aulas que el resto de los niños y niñas.

  • El CERMI lamenta que no se cuente con una cultura de derechos humanos hacia las personas con discapacidad, estando aún hoy día la visión y el trato a las personas con discapacidad saturados “de paternalismo, conmiseración y beneficencia. Asimismo, llama la atención sobre la inacción del Estado español y “la inaplicación sistemática de los dictámenes de los Comités”, un hecho insostenible dado que contraviene las obligaciones internacionales que España ha asumido al ratificar los Tratados pertinentes y vulnera los mandatos constitucionales orientados a proteger los derechos fundamentales.

  • El informe pone de manifiesto el problema de los internamientos forzosos de personas con discapacidad, reclamando terminar con esta medida de privación de libertad incompatible con los derechos humanos e instando al Parlamento y al Gobierno a derogar estas prácticas, así como a aprobar una estrategia de desinstitucionalización.

  • Se plantea también el “robustecimiento” del Sistema Nacional de Salud (SNS) y que se considere a las personas con discapacidad como “grupo de atención preferente”, con especial atención a la salud mental, el daño cerebral y las enfermedades raras.

  • Con la pandemia se ha evidenciado la falta de medidas de accesibilidad como elemento esencial en el disfrute de todos los derechos humanos, por ejemplo, en los primeros momentos de la crisis sanitaria, observándose una falta de accesibilidad a información sobre cuestiones clave como la prevención de los contagios.

  • El informe hace una mención especial a la Inteligencia Artificial, apelando a la necesidad de que sea principalmente ética, y se desarrolle para generar bien social compartido, sin discriminar, excluir o ignorar por las características de las personas o los grupos, construyéndose bajo el marco referencial y de prescripción de la Convención de 2006 en lo relativo a las personas con discapacidad.

  • El CERMI deplora que las proposiciones que regulan la Ley de la Eutanasia sigan viendo “a las personas con discapacidad como vidas descartables. En este sentido, pone de relieve las advertencias de la ONU, que cree que la dicha Ley “estigmatiza y discrimina a la discapacidad y alerta de ‘pérdida alta de vidas’”. En la misma línea, el Comité de Bioética de España considera que la proclamación del derecho a la eutanasia y/o auxilio al suicidio “podría suponer trasladar un mensaje social a las personas con discapacidad, que pueden verse coaccionados, aunque sea silenciosa e indirectamente, a solicitar un final más rápido, al entender que suponen una carga inútil no solo para sus familias, sino para la propia sociedad”.

    Dado lo expuesto, el movimiento CERMI ha reclamado al Parlamento neutralidad en la regulación de esta Ley, pidiendo que sea respetuosa con los derechos de las personas con discapacidad, sin asociar discapacidad con la regulación de la eutanasia o de las decisiones sobre el final de la vida.

  • Con respecto al suicidio, calificado en el informe como “pandemia silenciosa”, constituye la primera causa de fallecimiento no natural en España desde hace 11 años. El CERMI atribuye a la falta de políticas vigorosas de prevención del suicidio  el hecho de que cada año se pierda “un capital de 3.569 personas con problemas de salud mental en España” y reivindica un plan nacional contra el suicidio y la necesidad de avanzar hacia una sociedad “menos materialista y más empática”.

  • Por otro lado, el Comité Español lamenta que, por parte de la Comisión Europea, no se contemple la situación de las mujeres y niñas con discapacidad, que sufren mayor invisibilización social y mayor vulnerabilidad, especialmente durante la crisis de la COVID-19, al incrementarse las dificultades para acceder a los servicios sanitarios, sufrir más pérdida de empleo, cargar de formar desproporcionada con los cuidados, etc.

    En su informe alerta también de la “especial y extrema vulnerabilidad” en las mujeres con discapacidad residentes en instituciones colectivas, siendo especialmente peligrosas aquellas situaciones en el caso de las mujeres con discapacidad psicológica y social en instituciones de salud mental. El Comité español carga contra las consecuencias negativas que ha tenido el modelo estrictamente biomédico sobre las pacientes con discapacidad psicosocial e intelectual.

  • El documento pone el foco en el incremento alarmante de casos de violencia de género cuya magnitud se ha disparado. Las medidas restrictivas de desplazamiento y de distanciamiento social implantadas para paliar la pandemia han impactado notablemente en las situaciones de desprotección de millones de mujeres, incrementando el riesgo de exposición a la violencia y los abusos, una “pandemia en la sombra”, que ha evidenciado la falta de respuesta con enfoque de género, feminista e interseccional ante la violencia machista, afectando exponencialmente a mujeres y a niñas con discapacidad, “más aún en casos específicos como el de las mujeres mayores, mujeres LGTBIQ, mujeres indígenas, mujeres en situación de pobreza extrema o aquellas mujeres que viven en zonas rurales”.

  • El movimiento CERMI denuncia el aumento progresivo de casos de delitos de odio a personas con discapacidad y señala “la inaccesibilidad de los espacios, canales y procedimientos de denuncia, la discriminación cotidiana y estructural que soporta esta parte de la ciudadanía y la falta de empoderamiento de las personas con discapacidad” para identificar los delitos de odio como factores que empeoran la exposición de las personas con discapacidad a estas graves actuaciones.

    Concretamente, en relación con las personas LGTBI con discapacidad y las personas con discapacidad trans, el informe plantea al Ministerio de Igualdad que cuenten con protección reforzada contra la discriminación.

  • Con respecto a la infancia, el informe denuncia que se restrinjan el protagonismo y la intervención en la toma de decisiones de los niños y niñas con discapacidad, subrayando las lagunas existentes en nuestro país a la hora de escuchar y respetar el derecho de la infancia con discapacidad a poder tomar decisiones en los asuntos que les afectan, y reclamando una mayor participación y dotación de recursos tantos tecnológicos como humanos para facilitar la participación activa de estos niños y estas niñas en la sociedad desde una edad temprana.

  • El documento advierte de consecuencias de las etiquetas clínicas en la infancia. A este respecto, expone que los manuales que existen sobre los distintos trastornos mentales “ponen énfasis en la descripción de síntomas, que en ocasiones se corresponden con situaciones normales del crecimiento pero que señalados por una sociedad que no admite lo singular, llevan a que se produzca un mayor número de diagnósticos y, por consiguiente, una mayor medicalización de nuestros niños”.

    En esta línea, manifiesta, “los trastornos mentales, llevan a la etiqueta, que a su vez lleva al estigma social, y cuanto mayor es el individuo, como suele suceder con los adolescentes, más oportunidades tienen de sentirse aislados y marginados”.

  • De nuevo, se observa que las denuncias superan a los avances: 406 denuncias, frente a 75 avances y 53 propuestas de mejora, un hecho que, a juicio del CERMI, pone de manifiesto que la Convención siguen sin alcanzar en toda su extensión la vida de las personas con discapacidad, si bien en este año “especialmente duro para toda la ciudadanía” se han ido realizando algunos avances en clave de inclusión.

Se puede acceder al informe a través del siguiente enlace:

Derechos humanos y discapacidad informe España 2020

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