“Un abrumador 94,97% de las personas con discapacidad intelectual consume psicofármacos asociados a tratamiento psiquiátrico (especialmente antipsicóticos, seguidos de ansiolíticos), lo que pone en evidencia que se trata de un grupo altamente medicalizado. De hecho, más de la mitad consumen entre 2 y 3 psicofármacos en el momento de realización del estudio. Este resultado nos pone en alerta sobre la excesiva (poli)medicación a la que se somete esta población.”

Así lo advierte Plena Inclusión Castilla y León en un informe a través del cual se aborda en detalle la realidad de las personas con discapacidad intelectual que presentan problemas de salud mental y/o problemas graves de conducta, con el objetivo de que estas alcancen los estándares de calidad de vida deseables, posibilitando el desarrollo de sus proyectos de vida.

Tal y como señalan sus autores, cada vez es más necesario establecer un lenguaje homogéneo, normalizado, lo más universal posible respecto a las personas con discapacidad intelectual, dado que han sido denominados de múltiples formas, acabando todas ellas en un uso despectivo e hiriente (“disminuidos” o “deficientes” y “minusválidos”).

Foto: RODNAE Productions Fuente: pexels Fecha descarga: 12/07/2021

Por ello, el informe emplea a lo largo de sus páginas el término “discapacidad intelectual” (utilizado siempre precedido de “persona con…”) para hacer referencia a aquellas personas con limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa manifestada en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas.

Según los datos del informe, las cifras que barajan diversos estudios de prevalencia, estiman que entre el 20 y 40% de las personas con discapacidad intelectual tienen alguna forma de trastorno mental y/o alteraciones de conducta.

Para sus autores, la disparidad en las tasas de prevalencia puede deberse a varios factores, entre ellos, la exclusión o inclusión de distintos criterios (trastornos de personalidad, trastornos del espectro autista, trastornos por hiperactividad y déficit de atención, conductas problemáticas…), el infradiagnóstico del trastorno mental en las personas con discapacidad intelectual (especialmente aquellas con mayores necesidades de apoyo), el uso de muestras sesgadas o de diversos instrumentos utilizados para la investigación y de varios criterios diagnósticos (DSM, CIE, etc.).

A continuación, recogemos algunas de las principales conclusiones del informe:

  • Un alto porcentaje de las personas con discapacidad intelectual presentan, además de los problemas físicos, psicológicos y sociales asociados, sintomatología psiquiátrica y problemas de conducta que constituyen el principal obstáculo para su integración y desarrollo social y cultural, dificultando las posibilidades de aprendizaje, trabajo o convivencia, incrementando su aislamiento e incluso generando riesgo para el propio sujeto o su entorno.

    Según los expertos, las alteraciones conductuales más frecuentes son los comportamientos limitadores de la actividad y la participación, las de tipo disocial (9-12%), la agresión (7%), el comportamiento destructivo (4-5%) y las autolesiones (4%).

    En la actualidad, se considera que la presencia de problemas conductuales puede ser el doble en el medio residencial (63,9%) que en el comunitario (38%).

  • La tasa de prevalencia de personas con discapacidad intelectual en la Comunidad Autónoma de Castilla y León es del 34,02%. En esta tasa se incluye a aquellas personas que presentan un trastorno mental diagnosticado y/o problemas graves de conducta y/o consumen psicofármacos como tratamiento psiquiátrico (incluso sin diagnóstico de trastorno mental, sino para tratar síntomas relacionados con alteraciones de la salud mental).

  • El perfil es el de personas con más necesidades de apoyo, bien por edad (la edad media es de 47 años, teniendo 4 de cada 10 personas entre 45 y 60 años), bien por grado de discapacidad (la media se sitúa en el 73% de discapacidad y en torno a 6 de cada 10 tienen reconocido Grado II o Grado III de dependencia), o bien en lo referente a la modificación de su capacidad (el 74% tienen modificada su capacidad). Asimismo, 7 de cada 10 presentan otros problemas graves de salud.

  • El 35,46% tienen un diagnóstico formal de trastorno mental (siendo el más frecuente la esquizofrenia o trastornos afines, seguido de los trastornos afectivos). El informe advierte de que tener un diagnóstico de esta índole se asocia significativamente con “menos necesidades de apoyo, no tener modificada la capacidad y no presentar problemas graves de conducta”, todo ello en línea con “la idea del infradiagnóstico” de los problemas de salud mental, que suele ser frecuente en personas con más necesidades de apoyo.

    Los autores apuntan a “la no presencia de alteraciones de conducta” como el factor más potente para predecir el diagnóstico de trastorno medad, seguida del “nivel de discapacidad límite y/o leve”, y subrayan la trascendencia de contar con nuevas herramientas diagnósticas que permitan identificar trastornos mentales en personas con dificultades de comunicación y/o comprensión.

  • Un 56,28% de las personas con discapacidad intelectual presentan alteraciones graves de conducta (destacan las conductas disruptivas y las conductas no colaboradoras). Este criterio se asocia significativamente con tener mayores necesidades de apoyo, modificada la capacidad, tener menor edad y otros problemas de salud asociados.

  • Un “abrumador” 94,97% de estas personas consume psicofármacos como tratamiento psiquiátrico (especialmente antipsicóticos, seguidos de ansiolíticos), lo que pone en evidencia que “se trata de un grupo altamente medicalizado”. De hecho, en el momento en que se llevó a cabo el estudio, más de la mitad consumía entre 2 y 3 psicofármacos. Los autores alertan aquí sobre la excesiva (poli)medicación a la que se somete esta población.

    A este respecto, el documento resalta la relación entre el consumo de psicofármacos con presentar alteraciones graves de conducta, lo que, a juicio de sus autores, puede explicarse por el hecho de que “generalmente se recurra a una intervención sintomática (que incide en los síntomas y en la persona), en vez de una intervención que persiga la causa y/o que actúe sobre el entorno”, siendo el consumo de psicofármacos independiente de tener o no diagnóstico de trastorno mental, y mayoritario en este último caso. En este punto, insisten en la necesidad de avanzar en la comprensión funcional e integral de las alteraciones graves de la conducta, “incidiendo en la causa que las provoca y no sólo en los síntomas que ocasiona”, valorando ampliamente las posibles intervenciones y analizando respuestas “más positivas y menos restrictivas, que incidan sobre las respuestas y las posibilidades del entorno (y no se basen exclusivamente en la psicofarmacología)”.

  • Con respecto al seguimiento por parte de algún equipo o servicio de salud mental, las personas con discapacidad intelectual de mayor media de edad tienen un seguimiento por el médico de atención primaria y en menor medida por el psicólogo (éste no de manera significativa). Sin embargo, en el caso de aquellas más jóvenes, el seguimiento se realiza en mayor medida por el psiquiatra.

    De acuerdo con el informe, el hecho de que la medicación sea empleada de forma tan habitual, puede llevar a pensar que es la forma de intervención más eficaz, si bien algunos estudios indican que es menos efectiva que las intervenciones conductuales, y cuestionan el uso continuado para las conductas problemáticas en general.

  • Las entidades sociales suelen realizar en ocasiones un esfuerzo extra en su intento de apoyar y prestar apoyos a las personas que presentan esta problemática, destacando el sobreesfuerzo en relación con la necesidad de más recursos materiales y/o personales y el posible daño emocional o psicológico (miedo, ansiedad, estrés…) tanto para el resto de usuarios como para los profesionales.

  • Los apoyos a las personas con discapacidad intelectual por parte de los servicios se basan principalmente en el uso de estrategias de prevención primaria que permitan desarrollar ambientes más positivos, favoreciendo el desarrollo de habilidades y el cumplimiento de proyectos de vida significativos, y contribuyendo a la no aparición de problemas graves de conducta. De igual modo, en dos tercios de los casos, se utilizan estrategias de prevención secundaria actuando sobre los elementos que pueden “disparar posibles problemas de conducta”.

El informe concluye poniendo de manifiesto la relevancia de aproximarse a la realidad de las personas con discapacidad intelectual que presentan problemas de salud mental desde una perspectiva “despatologizadora”, desplazando el foco de “la conducta problemática en sí”, hacia las oportunidades de desarrollo personal, la exploración de vías de comunicación para las personas y la promoción de proyectos de vida significativos e importantes para cada una que les permita vivir de manera participativa e inclusiva en la comunidad. En este sentido, recuerda la eficacia del uso de metodologías como el apoyo activo, el apoyo conductual positivo y/o los servicios centrados en la persona, así como la reducción de restricciones,  y su impacto positivo en el incremento de la calidad de vida y la reducción significativa de los problemas de conducta.

Se puede acceder directamente al documento a través del siguiente enlace:

Personas con discapacidad intelectual y alteraciones de la salud mental: prevalencia y principales características

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