"La España del futuro necesitará más personal sanitario especializado en cuidados a personas mayores y dependientes, así como perfiles en Psicología y Orientación".

Esta es una de las conclusiones que recoge el informe “España 2050: Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo”, un documento de prospectiva estratégica impulsado por la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia del Gobierno de España y elaborado por más de 100 investigadores/as y académicos de reconocido prestigio pertenecientes a diversas disciplinas -entre ellos, Carmelo Vázquez, Catedrático de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid-, contando con el apoyo de organismos como la AIReF, el Banco de España o el Joint Research Centre de la Comisión Europea.

Los objetivos de este informe son mejorar la comprensión de los desafíos y las oportunidades sociales, económicos y medioambientales que, según se prevé, afrontará España en las próximas décadas, y generar, a partir de un diálogo multiactor, una Estrategia Nacional de Largo Plazo, que permita establecer prioridades, coordinar esfuerzos y garantizar el bienestar de la población en el futuro.

Foto: Pixabay Fuente: pexels Fecha descarga: 21/06/2021

Tal y como señala el documento, si bien es imposible anticipar el futuro con certeza, en esta Estrategia “se identifican varias fuentes de demanda que, con toda probabilidad, crecerán en las próximas décadas”, entre ellas, la mayor demanda en cuidados y salud mental y física, la asistencia psicológica, la alimentación segura y los hábitos saludables preventivos, los servicios sociosanitarios diversificados y colaborativos de acompañamiento y cuidado, la conectividad de servicios remotos y la domótica social.

De acuerdo con los expertos, en el futuro proliferarán “nuevas enfermedades transmisibles” (de igual modo en que lo fue el VIH/SIDA en los años ochenta del siglo pasado y hoy en día lo es la COVID-19) y se incrementarán otras enfermedades no transmisibles, como las de tipo mental o neurodegenerativo, lo que pondrá de relieve aún más la necesidad de coordinar mejor el Sistema Nacional de Salud y el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, y de adaptar nuestro sistema sanitario, “pasando de un modelo organizativo muy centrado en el tratamiento de eventos agudos (el actual) a un modelo más centrado en la cronicidad”. A su vez, el aumento, expansión y prevalencia de este tipo de enfermedades estará supeditado a la puesta en marcha de “nuevas políticas de promoción y prevención de la salud y mecanismos de diagnóstico temprano”.

Teniendo en cuenta las consecuencias de los hábitos poco saludables (sedentarismo, tabaquismo o mala alimentación) sobre la salud de las personas mayores y el gasto público sanitario, es fundamental erradicar estas prácticas “de raíz”, fomentando la educación en hábitos saludables e incorporando a largo plazo la perspectiva de salud y de envejecimiento saludable en todas las políticas.

En este contexto, el informe destaca la necesidad futura en nuestro país de más personal sanitario especializado en cuidados a personas mayores y dependientes, así como perfiles en Psicología y Orientación. De hecho, afirma, la salud mental y las enfermedades neurodegenerativas, por su especial prevalencia e impacto en la población mayor, deberían ser ejes prioritarios en las políticas de salud”.

Por otro lado, en relación con el ámbito educativo, los autores subrayan el déficit de personal no docente en España (personal con formación en orientación, Psicología, Trabajo Social o actividades extraescolares) y de inversión en servicios de apoyo y becas para la población escolar más vulnerable, “lo que limita la capacidad del sistema para responder con eficacia a las retos presentes y futuros asociados a la calidad y la equidad”.

A este respecto, en aras de asegurar el progreso educativo, consideran fundamental reducir “drásticamente” las tasas de abandono escolar y de repetición, incrementar la proporción de personas que acceden a la educación postobligatoria, y mejorar los niveles de aprendizaje y la equidad de todo el sistema. Para tal fin, es esencial emprender reformas “profundas” y desarrollar diversas iniciativas, tales como:

  • Rediseñar el currículum, centrándose en la adquisición y evaluación de competencias, con un enfoque integral, interdisciplinar, globalizador y no enciclopédico, enfatizando el “aprender a aprender”, de cara a motivar el aprendizaje de acuerdo con la edad y evolución cognitiva.

    Entre las competencias que deberían incluir los planes educativos, el informe incide en aquellas orientadas a la mejora de la salud mental y física del alumnado, y las competencias de tipo socioemocional y humanístico, que ayuden a esta población a gestionar mejor sus emociones, a lidiar con los posibles efectos que tienen los dispositivos digitales (sobre la concentración, la privacidad o el descanso) y con fenómenos psicológicos y sociales (como el fracaso, el éxito, el dolor, la depresión o la ansiedad), a mantener relaciones interpersonales positivas, y a “ser felices”. La evidencia señala que este tipo de formación mejora la calidad de la docencia, los resultados e implicación del alumnado, facilitan la convivencia escolar y reducen los conflictos, entre otras ventajas.

    En línea con las recomendaciones del Consejo de Europa, los expertos sugieren también incorporar y generalizar, “preferiblemente en marcos escolares o sociosanitarios”, programas de parentalidad positiva, donde se forme en habilidades eficaces de comunicación, reforzamiento positivo, gestión de conflictos basada en la no violencia, y resolución de problemas, con contenidos adaptados a las diferentes etapas.

    De igual modo, recomiendan introducir programas de fomento de la convivencia y la formación en valores no sexistas dirigidos al conjunto de la población, con mayor énfasis en la población adolescente, con la participación e implicación tanto de los centros educativos como de las propias familias. En este punto, subrayan la importancia de reflexionar en torno a los modelos transmitidos desde los medios de comunicación (ej. diferentes roles adoptados ante la presentación de un mismo evento, o la hipersexualización) y sobre los modelos comportamentales presentes en los nuevos medios de difusión (ej. Twitch, Instagram).

  • Avanzar hacia una mayor profesionalización de la carrera docente.

  • Mejorar la inversión y reforzar el progreso de aquellos alumnos y aquellas alumnas con dificultades de aprendizaje, aumentando la dotación en los ámbitos de la atención psicológica, la orientación, y las actividades extraescolares.

Con relación a la salud mental y física, el documento evidencia su relación con el bienestar subjetivo, recordando que España es uno de los países del mundo con mayor esperanza de vida al nacer, más años en “buena salud” a edades elevadas y uno de los sistemas sanitarios más avanzados, a pesar de “la contención del gasto sanitario público observada durante la última década y a las carencias mostradas durante la pandemia de la COVID-19”.

No obstante, el informe reconoce que tanto las enfermedades físicas (por ej., los dolores de espalda y cervicales, los problemas cardiovasculares, el Alzheimer o el cáncer), como los trastornos mentales (principalmente la depresión o la ansiedad) restan calidad de vida a los españoles. Concretamente, los problemas de salud mental reducen nuestra satisfacción vital en un mayor porcentaje que los problemas de salud física.

Asimismo, señala el aumento exponencial en el consumo de antidepresivos y ansiolíticos en nuestro país, situándolo por encima de la media de la OCDE en el uso de estos fármacos. Este incremento viene dado, en mayor medida, por el abordaje actual de los problemas de salud mental en el Sistema Sanitario, donde el tratamiento habitual suele ser la prescripción de fármacos recetados por médicos de familia en Atención Primaria “y no por profesionales expertos en salud mental, en lugar de aplicarse otros métodos como la psicoterapia o técnicas de psicología positiva”. En este sentido, los expertos se muestran tajantes al afirmar que el consumo excesivo de estos fármacos y los potenciales efectos secundarios que conllevan al no ser administrados correctamente “constituyen un foco de riesgo para la salud y el bienestar futuro de nuestra ciudadanía que debe ser corregido”.

Ante ello, no podemos dejar de mencionar el impacto de la pandemia de la COVID-19 sobre el bienestar de la población, cuya naturaleza y magnitud ya se perfila, vislumbrándose, de acuerdo con los datos, daños psicológicos “considerables” que han afectado a todos los grupos de edad.

Las cifras estiman que, durante el confinamiento de marzo de 2020, 1 de cada 3 personas en España tuvo síntomas significativos de ansiedad, depresión o estrés postraumático, siendo estos más frecuentes entre las mujeres, los jóvenes y las personas que ya tenían problemas psicológicos previos. De igual modo, los y las menores sufrieron los efectos del aislamiento social, presentando más irritabilidad, nerviosismo, sensación de soledad y, principalmente, una mayor distracción (síntomas reportados por los padres y las madres).

En la misma línea, los datos advierten también del impacto de la pandemia sobre el bienestar del personal hospitalario, con tasas cercanas al 50% de casos de síntomas significativos de depresión, ansiedad, estrés postraumático, y agotamiento emocional, especialmente entre las sanitarias.

Dado lo anterior, los expertos y las expertas que han desarrollado este informe consideran trascendental emprender acciones a medio y largo plazo, dirigidas a preservar las cotas de bienestar subjetivo alcanzadas en las últimas décadas y seguir ampliándolas, situando el bienestar en el centro de las políticas públicas.

De forma específica, proponen mejorar la satisfacción laboral de la ciudadanía, impulsando un trabajo más saludable, modificando la legislación de prevención de riesgos laborales para actualizar el catálogo de enfermedades profesionales e incorporar el tratamiento y prevención del estrés, la ansiedad y otras alteraciones de la salud mental y física de los trabajadores, así como adaptando la legislación para alcanzar horarios más flexibles y jornadas de trabajo más reducidas hasta converger en el número de horas trabajadas a la semana de la UE.

En el ámbito sanitario, instan a garantizar la calidad del Sistema Nacional de Salud, mejorando la prevención y el tratamiento de los problemas de salud mental y de las enfermedades físicas “que minan el bienestar de la ciudadanía”.

Para ello, recomiendan fortalecer la provisión de servicios de salud mental desde la atención primaria y desde aquellos servicios asistenciales accesibles a la población general (ej. servicios sociales) o a grupos especiales (ej. personas en prisiones). Con esta medida se pretende reducir los tiempos de espera para recibir diagnóstico y asistencia en salud mental (cuya duración, según los datos, es superior a los 30 días hasta la primera consulta en centros especializados del SNS), brindar tratamientos mínimos eficaces en salud mental que permitan reducir el consumo de psicofármacos (“hoy en día, tan solo un 25% de las personas con un problema clínico de depresión recibe un tratamiento “mínimamente eficaz”), disminuir “sustancialmente” el porcentaje de personas que no recibe tratamiento alguno en un período de 12 meses y reducir las desigualdades en salud entre distintos grupos sociales.

En este sentido, y en línea con lo que ha venido promoviendo en los últimos años el Consejo General de la Psicología, consideran prioritario reforzar la integración del cuidado de la salud mental en la “Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud”, incorporando “procedimientos escalonados de intervención psicológica que vayan desde las intervenciones de baja intensidad hasta intervenciones que requieran de servicios especializados en salud mental”. La eficacia en términos de coste y resultados de esta medida, ha sido avalada por la evidencia, así como por distintos proyectos piloto emprendidos en algunas Comunidades Autónomas.

Incrementar la dotación de profesionales en salud mental dentro del SNS es otra medida clave, siendo “aún testimonial” la asistencia psicológica en salud mental en el sistema español: según los datos, en Psicología Clínica, hay 6 profesionales por cada 100.000 habitantes frente a los 18 por cada 100.000 habitantes de Europa.

Considerando que la mitad de los problemas de salud mental más comunes surgen antes de los 15 años y el 75% se originan antes de los 25, el informe subraya la necesidad de desarrollar políticas proactivas de prevención, detección y tratamiento efectivo de estas problemáticas desde la infancia, tanto en el entorno educativo como en el sanitario y comunitario, introduciendo, a su vez, programas formativos sobre detección temprana de salud mental en docentes y en personal sanitario.  

Se puede acceder directamente al documento a través del siguiente enlace:

Estrategia España 2050

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