En el mundo se suicidan, cada año, 800.000 personas (OMS, 2021), lo que supone una muerte cada 40 segundos, 10,6 personas por cada 100.000 habitantes. En España lo hacen 10 personas al día (INE, 2019) y, por cada intento consumado, se producen, además, otras 20 tentativas.

Estamos hablando de la primera causa de muerte externa y las cifras de fallecidos superan dos veces a las de fallecidos por accidentes de tráfico, 13 veces a las muertes producidas por homicidio y casi 70 veces a las ocurridas en asesinatos por violencia de género.

El problema no finaliza aquí. Sabemos que las muertes por suicidio son superiores a las que se registran oficialmente y que cada consumación o tentativa afecta, de media, a entre 6-10 personas del entorno, ya sean éstas familia, pareja o amigos.

El suicidio es, por tanto, un grave problema que, muy probablemente, se haya podido ver agravado con la crisis generada por la Covid-19 y el impacto que ésta está teniendo en la salud mental de la población.

Estos altísimos datos de prevalencia contrastan con el hecho de que prevenir el suicidio es posible. Dan testimonio de ello los resultados de las políticas y planes de prevención que se están llevando a cabo en países como Australia, Irlanda o Escocia, en los que, tras su implementación, han descendido las tasas de suicidio.

Por lo tanto, si las estrategias de prevención y asistenciales son eficaces, ¿por qué sigue sin desarrollarse en España una Ley Nacional de Prevención del Suicidio?

Es una pregunta que venimos formulándonos, desde hace años, en este Consejo General y que nos ha llevado a insistir, frente a las diferentes autoridades sanitarias, en la necesidad de diseñar e implementar una estrategia multidisciplinar y coordinada para la prevención del suicidio, que ofrezca una respuesta integral y que atienda a la naturaleza multicausal de los comportamientos suicidas. Cualquier respuesta a un problema tan complejo debe, necesariamente, prestar atención a la prevención, la intervención y la posvención y considerar, como mínimo, las dimensiones social, clínica y cultural de las conductas suicidas.

Sin duda, la reducida o nula presencia de profesionales de la psicología en la sanidad pública y en los Servicios Sociales, en los equipos encargados de diseñar e implementar las políticas de salud pública -a pesar del evidente papel que tienen los componentes comportamentales-, así como el hecho de que la psicología haya sido borrada de los centros educativos públicos y privados concertados -en los que se inician las primeras acciones de prevención y promoción para la salud-, se encuentran entre los factores que están dificultando promover la prevención de este problema en nuestro país.

Así se quiso volver a poner de manifiesto tanto en el “Congreso Nacional de Psicología (CNP2021) e International Symposium on Public Health Psyhcology”, organizado por la Psicofundación y el Consejo General, que contó con la participación de más de 1.900 profesionales, como en  el curso “La presencia de la Psicología en el sistema público educativo, de salud y servicios sociales”, organizado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por el Colegio Oficial de la Psicología de Andalucía Oriental, en colaboración con el Consejo General, e inaugurados por la ministra de Justicia.

En ambos encuentros, se denunció, una vez más, no solo la dejadez de las administraciones en el abordaje y prevención del suicidio, sino, también, la misma desidia a la hora de abordar otros asuntos esenciales y apremiantes de salud pública. Desde la organización colegial entendemos que para garantizar una atención integral a la salud de los españoles y españolas es necesario que:

  • Como colectivo, continuemos perfeccionando nuestra disciplina con I+D+i, trabajo en red, colaboración Universidad-Profesión, formación continua y rigor deontológico.
  • Aumente el número de profesionales de la psicología en la Sanidad Pública hasta alcanzar al menos la media europea de 20 psicólogas/os por cada 100.000 habitantes, incluyendo la atención psicológica en la Atención Primaria.
  • Se desarrollen nuevas especialidades sanitarias para atender las particularidades de colectivos tan importantes como el de los niños y adolescentes o las personas con procesos de cáncer o necesidades de cuidados paliativos, incrementando, para ello, las plazas PIR.
  • Incremente el número de profesionales de la Psicología en los Servicios Sociales, incluyendo su presencia también en Atención Primaria para desarrollar programas comunitarios y de atención a colectivos, familias y personas vulnerables, dedicados a la promoción del bienestar social y superando el modelo asistencialista de atención a la pobreza y las crisis.
  • Se reincorpore la Psicología Educativa de pleno derecho en el sistema educativo para cubrir las necesidades de asistencia psicológica que existen, atendiendo a la comunidad educativa en conjunto (profesorado, alumnado y familias), cuidando el bienestar emocional, y contribuyendo a la percepción de la autoeficacia, autoestima, convivencia y procesos de aprendizaje, lo que contribuiría a prevenir, entre otras cuestiones, problemáticas de salud mental y/o abandono escolar.

Desde el COP estamos totalmente comprometidos a continuar demostrando el papel insustituible que tiene la psicología en la prevención y promoción de la salud en todos los ámbitos de la vida y, muy particularmente, en problemas tan dramáticos como es el de la alta prevalencia del suicidio en nuestro país. Estamos seguros de que, con el buen hacer que caracteriza a nuestros profesionales e integrando, como venimos haciendo, ciencia y profesión, lograremos una atención psicológica accesible y de calidad para todos y todas.

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