Ramón Vilalta

La Psicología Jurídica y Forense ha experimentado y sigue experimentando un gran desarrollo en nuestro país. Cada vez se demanda más la presencia de psicólogos y psicólogas en los juzgados, aunque, en ocasiones, la labor de este colectivo, que tiene que realizar su trabajo en condiciones, a veces, poco favorables, no siempre es suficientemente reconocida.

Para profundizar más en la situación en la que se encuentran los psicólogos jurídicos en nuestro país, y continuando con la serie de entrevistas que Infocop viene publicando esta semana, hemos querido conocer la opinión de Ramón Vilalta, Decano del COP de Asturias y responsable de la sección de Psicología Jurídica del Consejo General del Colegio Oficial de Psicólogos.

ENTREVISTA

Infocop: Una primera pregunta para encuadrar el tema. La Psicología se caracteriza por un número considerable de campos de aplicación, siendo uno de ellos, la Psicología Jurídica. El Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos tiene una sección específica de Psicología Jurídica, lo que da cuenta del peso e importancia que tiene este ámbito para el conjunto de los profesionales de la Psicología. ¿Cómo surgió esta sección?, ¿qué necesidades se pretenden cubrir con la creación de esta sección?

Ramón Vilalta: Lo primero que hay que decir es que la Psicología Jurídica surge contemporáneamente a los trabajos pioneros de la Psicología científica, como por ejemplo, los del campo de la memoria y el testimonio. Desde finales de los años 80 del siglo XX, aparecen secciones de Psicología Jurídica en los distintos colegios de España. Coincide en el tiempo con una época de profesionalización de esta disciplina en los países occidentales, muy clara en el caso de España, donde la demanda de respuestas de la sociedad democrática empujó con fuerza hacia una rápida profesionalización. Evidentemente, en este contexto no es extraño que los asuntos que más interesaran a los psicólogos jurídicos y forenses fueran la búsqueda de información y de formación, el desarrollo de los instrumentos y técnicas propios de la Psicología Jurídica y la posibilidad de intercambiar opiniones con colegas, en un campo que resultaba relativamente novedoso en nuestro país. Las secciones daban, y aún dan, respuesta a muchas de estas necesidades.

I: El caso de la psicóloga que realizó el informe a la mujer asesinada en Alovera ha abierto un debate sobre la responsabilidad del psicólogo y los riesgos que comporta el ejercicio de su profesión, evidenciándose las limitaciones o carencias del sistema. Como responsable de la sección de Psicología Jurídica del CGCOP, ¿cuáles son los principales obstáculos a los que se están teniendo que enfrentar los psicólogos jurídicos en nuestro país?

R.V.: En primer lugar, quiero manifestar mi desconocimiento sobre las circunstancias del caso concreto y la congoja que siempre producen estos sucesos con un desenlace fatal. El riesgo al que se alude está siempre presente en nuestro trabajo. Los medios de comunicación difunden rápidamente todos estos sucesos, que por ello parecen ser cada día más graves y frecuentes, y la sociedad mantiene unas expectativas de eficacia muy grandes, que no son siempre alcanzables. Como profesionales debemos dejar claro que nadie puede predecir con total certeza la conducta particular de una persona. Es una ilusión frecuente pretender "a posteriori" que se puede predecir aquello que ya ha sucedido. Al mismo tiempo, es cierto que, en la predicción de la violencia, la Psicología pone a nuestro alcance instrumentos que ofrecen mejores resultados que el azar y que tenemos pericia en el diagnóstico diferencial en contextos forenses.

Los psicólogos forenses españoles han logrado un alto grado de capacitación científica y técnica, que nadie les ha regalado. Se lo han pagado ellos con su esfuerzo, responsabilidad, dedicación y buen hacer. Creo no equivocarme si digo que ninguna instancia estatal o autonómica ha programado su formación, ni diseñado su carrera profesional. Parece, además, que ahora nadie puede hacerlo, dada la descentralización de la Administración de Justicia y la incertidumbre debida a los futuros planes de estudios. En los últimos tiempos, parece que tenemos que luchar además contra otras circunstancias externas. Nos preocupa mucho lo que podría suponer el desarrollo de la LOPS en nuestro ámbito. Para mí, éste es el nubarrón más amenazante en el horizonte. Creo que es imperativo que la profesión se mantenga fuertemente unida ante esta amenaza. En este ámbito, y en el resto, debemos mantener nuestra legítima labor, porque quienes la quieren ocupar son otros que no son psicólogos y que carecen de capacitación para realizar nuestro trabajo.

I: ¿Qué vías de solución se podrían plantear a estos problemas?

R.V.: Entiendo que desde el Consejo General del COP debe impulsarse una línea de formación específica en Psicología Jurídica y Forense. Contando con la reforma de los planes de estudio, pienso que nuestra área merece un itinerario de formación propio. Quizás para determinados trabajos de investigación o docencia no tanto, pero en la práctica forense veo absolutamente necesario que quede clara la competencia sanitaria de los psicólogos. Convendría quizás buscar también formas de acreditación profesional que constituyan una alternativa válida y sirvan de vehículo para trasladar a la sociedad nuestras competencias.

I: De manera general, ¿qué medidas se podrían adoptar para reconocer el trabajo del psicólogo jurídico en nuestra sociedad?

R.V.: Creo que la sociedad aprecia nuestra tarea. Es cierto que el ámbito forense es el más cuestionado, pero eso es normal en todos los países, sin que ello quiera decir que el trabajo sea de baja calidad. Tengamos en cuenta que trabajamos en un ámbito contencioso, en el que se dirimen conflictos con fuerte carga emocional o de mucha importancia vital o económica para los sujetos afectados. Creo, sobre todo, en el buen trabajo del día a día. Con él hemos aumentado nuestra presencia en diversos contextos jurídicos y forenses. Sabemos que nuestros diagnósticos son precisos, contamos con instrumentos de evaluación e intervención para abordar múltiples situaciones y atesoramos el conocimiento que precisa el sistema para aplicar justicia en determinados asuntos. Ésta es nuestra fortaleza.

I: Desde su punto de vista, ¿considera que los protocolos existentes dan solución a problemas como el acaecido con esta psicóloga? En caso contrario, ¿qué vías de solución se podrían establecer?

R.V.: En España, se ha iniciado recientemente el establecimiento de guías de buenas prácticas para lograr una mayor seguridad y estandarización del trabajo. Por lo tanto, creemos en su utilidad. La Coordinadora de Psicología Jurídica del Consejo elaboró dos documentos que pueden consultarse en nuestra página web. Otros colegios, como el de Madrid o el de Cataluña, están liderando el trabajo y desde la Coordinadora del CGCOP vamos a intentar empujar en la misma dirección, para que sean comunes y lleguen a toda la profesión.

Dicho esto, tenemos que tener claro que lo que garantiza una guía de buenas prácticas es la adecuación del método de trabajo a los objetivos que se persiguen, empleando las técnicas que avalan los conocimientos científicos y profesionales de la Psicología, pero no aseguran la infalibilidad, ni que los resultados sean siempre los esperados. La solución a situaciones de violencia como las que asaltan continuamente las páginas de sucesos, no está únicamente en la figura del psicólogo forense. Podríamos apuntar que debería haber psicólogos adscritos directamente a los Juzgados de Violencia de Género y que dentro de los Institutos de Medicina Legal y de las Clínicas Médico Forenses faltan psicólogos para hacer las tareas que les son propias.

I: ¿Le gustaría añadir alguna cuestión más al respecto?

R.V.: Nada más. Me gustaría agradecer la oportunidad de dirigirme a vuestros lectores para acercarles a estas cuestiones de un área de trabajo apasionante que, aunque específica, es visitada alguna vez por casi todos los psicólogos, trabajen donde trabajen y que, por lo tanto, justifica que estén bien informados.

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