“En 2022 sobrepasamos el ecuador de una legislatura que comenzaba con grandes retos que abordar en materia de infancia y que se vio interrumpida por una gran crisis sanitaria y social que incrementaba los riesgos para la infancia y la adolescencia.

La aprobación de la Ley Orgánica de Protección integral a la Infancia y Adolescencia frente a la violencia o la constitución del Consejo Estatal de Participación de la Infancia y la Adolescencia han supuesto grandes avances para las niñas y niños de este país. Sin embargo, estamos ante avances que requieren consolidarse con desarrollos legislativos, con estrategias y con dotación presupuestaria suficiente para que tengan un impacto real en la vida y derechos de los niños, niñas y adolescentes.”

Con esta introducción, la Plataforma de Infancia -alianza de organizaciones que trabajan en el ámbito de la infancia, cuya misión es crear un espacio de coordinación que defienda, promueva y proteja los derechos de los niños, niñas y adolescentes en España conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)-, ha publicado un documento a través del cual recoge una serie de propuestas necesarias en materia de infancia para poner en marcha en estos dos años que quedan de legislatura, instando a las Administraciones Públicas, a todos los niveles, a que prioricen la infancia en todas sus medidas con el objetivo de garantizar sus derechos.

Foto: Andrea Piacquadio Fuente: pexels Fecha descarga: 18/01/2022

Tal y como señala el documento, si bien durante los últimos meses ha habido una serie de avances en el materia de infancia (tales como, la aprobación de la Ley Orgánica de Protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia, la constitución del Consejo Estatal de Participación de la Infancia y la Adolescencia, la aprobación de suplementos al Ingreso Mínimo Vital para las familias con hijos en situación de pobreza o la reforma del Reglamento Extranjería que facilita la inclusión social de los niños y niñas no acompañados), aún es necesario emprender medidas en diferentes aspectos como la educación, la pobreza infantil, la participación de la infancia, la violencia hacia niños, niñas y adolescentes, los niños y niñas migrantes no acompañados y la atención temprana:

  • Con respecto a la pobreza, la Plataforma alerta de la grave vulneración que supone para los derechos de los niños y niñas, afectando diariamente a su desarrollo y oportunidades, siendo “la principal vía de reproducción de la pobreza adulta”. Según los datos, España es el tercer país de la UE con la tasa más alta de pobreza infantil, únicamente superada por Rumanía y Bulgaria, con un 27, 4% de tasa de riesgo pobreza infantil situada casi 10 puntos porcentuales por encima de la media de la UE 15 (17,9%).

    A este respecto, como posible explicación de las elevadas tasas de pobreza, señala que nuestro país es uno de los que menos invierte en infancia (España invierte cerca del 1,3% del PIB en políticas de protección a la infancia, cuando la media europea se sitúa en el 2,3% del PIB), haciéndolo, además, de manera muy inequitativa y sin ofrecer apoyo a las familias para la crianza de sus hijos e hijas.

  • En relación con la educación, el documento lamenta que el sistema educativo español no sea capaz de revertir las desigualdades sociales, y esté contribuyendo a su incremento. Las carencias de dicho sistema y la inequidad educativa se han visibilizado y agravado aún más tras el cese de la actividad educativa presencial debido a la pandemia de la COVID-19. Las cifras en este sentido son alarmantes: la tasa de abandono escolar en España es de las más altas de la UE, situándose en 16%, frente a la media europea de 10,2%, la repetición de curso es una de las más altas de Europa (cuatro veces más alta en los niños y niñas en situación más desfavorecida económicamente), la brecha digital, consecuencia y causa de la exclusión social, afecta a más de un millón de niños, niñas y adolescentes. La Plataforma destaca la ausencia de políticas de equidad en educación en nuestro país, con poca inversión en educación y ayudas “que, además, no están focalizadas en quienes más lo necesitan”, la falta de acceso generalizado de las familias económicamente más vulnerables a la educación infantil de primer ciclo, así como la segregación escolar que afecta negativamente al rendimiento y progreso educativo de los y las menores procedentes de entornos económicamente desfavorecidos.

  • Por otro lado, aunque ha habido avances legislativos que ponen en valor la trascendencia de la participación de la infancia, en la práctica, este derecho no está garantizado en España: cuenta con escasos recursos económicos específicos asignados, no se cuenta con datos claros y algunos colectivos (por ej., los niños y las niñas migrantes, los/as de etnia gitana y aquellos y aquellas con discapacidad) no cuentan con representación en foros y/o espacios públicos.

  • Un grave problema recogido en el documento y que requiere de un abordaje inmediato y contundente es la violencia hacia la infancia, y que suele permanecer oculta, al darse principalmente en entornos de intimidad y ante el miedo y los obstáculos que encuentran los y las menores para denunciar y dentro del propio sistema judicial. De acuerdo con los datos, en 2020 se presentaron 35.778 denuncias cuya víctima era un o una menor. De estas denuncias, 5.685 fueron por delitos contra la libertad sexual -la mayoría contra niñas, que continúan representando el 50% sobre la totalidad, lo que pone de relieve la mayor vulnerabilidad para ellas a este tipo de violencia-, y 5.851 denuncias se debieron a violencia en el ámbito familiar, siendo las más afectadas las adolescentes de entre 14 y 17 años.

    Según advierte la Plataforma, durante el confinamiento, “se detectó un aumento de la violencia intrafamiliar contra niñas, niños y adolescentes del 10%, siendo el maltrato físico y el psicológico, seguido de la violencia de género, la negligencia y la desatención o el abuso sexual las tipologías más atendidas”. Con el fin de acabar con esta grave problemática, considera prioritario eliminar la tolerancia social hacia la violencia hacia los y las menores, llevando a cabo acciones orientadas a cambiar la mentalidad social, con un mensaje rotundo de rechazo a cualquier forma de violencia ejercida contra los niños, las niñas y los/as adolescentes. Asimismo, con el fin de dar respuesta eficaz a las necesidades específicas de los niños y niñas víctimas de violencia en el sistema judicial, subraya la relevancia de crear juzgados especializados en violencia contra la infancia y la adolescencia “que puedan conocer de la instrucción y enjuiciamiento de los delitos cometidos contra niñas y niños (así como una Fiscalía especializada) que evite la revictimización y garantice que el sistema está preparado para tener en su consideración los testimonios y situación de vulnerabilidad de los niños y niñas”.

  • El documento subraya la especial vulnerabilidad y riesgo de los niños y las niñas migrantes, cuya principal causa, en opinión de sus autores, se debe a la imposición de la lógica de la migración por encima de la de la protección en la mayoría de los ámbitos de su vida.

    La Plataforma reproduce la preocupación manifestada por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño sobre este tema, alertando de “niveles elevados de violencia, deficiencias en el trato y la protección por parte de los profesionales en los centros de recepción para menores, incluso de denuncias de prostitución”, y alerta del incremento exponencial de contenidos de odio dirigidos a la infancia migrante así como de las cifras sobre desapariciones de niños y niñas no acompañados de los centros de protección: un 20,1% de las 219.425 denuncias sobre desapariciones registradas en España a fecha de 31 de diciembre de 2020.

  • En lo referente a la atención temprana, a día de hoy, En España no está reconocida legalmente como un derecho universal y gratuito, y existen carencias en los sistemas de atención temprana, principalmente, en el acceso a la atención: sólo se atiende al 40% de la infancia que se estima que la necesita, siendo la única alternativa acudir a servicios privados de atención temprana (“con un coste de alrededor de 600 por hija/o al mes”), siendo imposible su acceso a las familias más vulnerables. De igual modo, se registran largas demoras en los plazos y trámites administrativos para acceder a estos servicios, lo que afecta directamente a la detección de necesidades especiales durante los primeros años de vida de los y las menores, y se observan grandes diferencias de acceso a los servicios de atención temprana en función de la Comunidad Autónoma, siendo más perjudicial en las zonas rurales.

La Plataforma de Infancia expone una serie de recomendaciones y propuestas para dar solución a cada uno de los problemas recogidos en párrafos anteriores.

Para acceder directamente al documento completo, pincha el siguiente enlace:

Propuestas de Infancia para la XIV legislatura 2022: La infancia en el centro de las políticas públicas

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