De nuevo se cuestionan las deficiencias del Sistema Nacional de Salud para la atención de la enfermedad mental a la luz de los datos ofrecidos por Instituciones Penitenciarias sobre la elevada incidencia de trastornos mentales en los centros penitenciarios de nuestro país. Según un artículo publicado hace unos días en elpaís.com las cárceles se han convertido en los nuevos centros psiquiátricos del siglo XXI.

Las cifras muestran un panorama desolador en la población reclusa, pues uno de cada cuatro internos, es decir, el 25%, padece alguna enfermedad mental según los datos de Instituciones Penitenciarias, y cerca del 17,6% de los reclusos tiene antecedentes psiquiátricos previos a su ingreso en prisión, lo que manifiesta las deficiencias y carencias de nuestro sistema de salud para detectar y tratar de manera adecuada a las personas que sufren enfermedad mental. Tal y como manifiestan diversos expertos en ese medio, la falta de detección y atención adecuada hace que estas personas caigan en la marginalidad y cometan algún delito.

Según este último informe, el trastorno afectivo y el trastorno de personalidad son los más comunes en la población reclusa (con una prevalencia del 6,9%), seguidos del trastorno psicótico, con una prevalencia del 2,6%. A estos datos hay que añadir el porcentaje de reclusos con patología dual (es decir, aquellos internos que padecen una enfermedad mental junto con un problema de consumo de drogas), que asciende al 9,6%.

Así, la reforma de la salud mental y el proceso de desinstitucionalización, que también han supuesto el cierre progresivo de los centros psiquiátricos penitenciarios (actualmente sólo hay dos centros, uno en Sevilla y otro en Alicante, que cuentan con un total de 580 plazas), parece que no ha ido acompañado de un adecuado soporte a la población para disminuir la incidencia de la enfermedad mental y posibilitar la reinserción social del enfermo. Debido a estas carencias de nuestro sistema de salud, Instituciones Penitenciarias debe hacer frente en la actualidad a la creciente necesidad de atender las demandas asistenciales de un porcentaje elevado de población reclusa con enfermedad mental. Según recoge elpaís.com, esta urgente demanda ha originado la creación del Programa Marco para la Atención Integral a Enfermos Mentales (PAIEM), con el objetivo de mejorar la vida de los enfermos mentales de los centros penitenciarios, evitar su estigmatización, aumentar su autonomía y su adaptación al entorno, mediante la reincorporación social de estos reclusos.

No obstante, estos datos hacen resurgir de nuevo el debate en torno a las deficiencias del Sistema Nacional de Salud en lo que respecta a la detección y atención adecuada de la de las personas que padecen enfermedad mental en nuestro país. Algunos sectores critican que este problema viene derivado de un desplazamiento de las patologías "graves" por otras patologías, como la ansiedad o depresión, que saturan los servicios de Atención Primaria y que impiden que se atienda a esos otros pacientes que "realmente lo necesitan". No obstante, cabe preguntarse si esta diferenciación entre patologías más o menos graves, y su preferencia asistencial, se corresponde con la premisa que debe guiar una reforma del sistema sanitario, esto es, que ningún paciente pierda en calidad de vida y en la asistencia que se le presta. Por otro lado, estas afirmaciones contrastan con los datos de la OMS, que señalan que la depresión será la segunda causa de discapacidad en el año 2020. Parece, por tanto, que la solución no pasa por la preferencia de la atención de unas patologías en detrimento de la atención de otros grupos de pacientes (lo que sin duda empeora la calidad asistencial), sino por plantear soluciones que se ajusten a la demanda real de la población.

Para las asociaciones de enfermos la cuestión está más clara: el sistema sanitario falla debido a la falta de medios. En concreto, la Federación de Asociaciones de Personas con Enfermedad Mental (FEAFES) reclama que por cada 30.000 pacientes debería haber un dispositivos de salud mental multidisciplinar formado por un psiquiatra, dos psicólogos, dos enfermeros y dos auxiliares clínicos, un trabajador social, un terapeuta ocupacional y un auxiliar administrativo. Esta disposición de profesionales, donde el número de psicólogos dobla al de psiquiatras, se corresponde con la establecida en otras regiones europeas. Sin embargo, en España, tal y como ha denunciado anteriormente Infocop Online, la distribución de profesionales destinados a salud mental es insuficiente y contraria a los marcadores europeos en materia de salud mental. Tal y como señalan diversos estudios a este respecto, como el Proyecto Atlas-2005 (OMS, 2005) o el reciente informe "Policies and practices for mental health in Europe – meeting the challenges" (OMS, 2008) o el estudio titulado El observatorio de salud mental: análisis de los recursos de salud mental en España, realizado por la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN, 2005), los españoles tienen a su disposición 6,5 psiquiatras y 4,3 psicólogos por cada 100.000 habitantes, posicionándose muy por debajo del contexto europeo, que cuenta con 11 psiquiatras y 18 psicólogos por cada 100.000 habitantes.

Artículos Relacionados
CUANDO UNA PERSONA COMETE UN DELITO Y TIENE UNA ENFERMEDAD MENTAL. LA EVALUACIÓN PSICOLÓGICA DE LA RESPONSABILIDAD JURÍDICA
NUESTROS PRESOS. CÓMO SON, QUÉ DELITOS COMETEN Y QUÉ TRATAMIENTOS SE LES APLICA
ADAPTAR LA TERAPIA PSICOLÓGICA A CADA DELINCUENTE: PSICOLOGÍA EN LAS CÁRCELES
EFICACIA DE UN TRATAMIENTO PSICOLÓGICO PARA DELINCUENTES SEXUALES
LA PERSONALIDAD COMO FACTOR DE VULNERABILIDAD A LA CONDUCTA ANTISOCIAL DURANTE LA ADOLESCENCIA
MÁS DE 500 PSICÓLOGOS COLABORARÁN CON INSTITUCIONES PENITENCIARIAS EN EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
INTERIOR PREMIA UN PROGRAMA GALLEGO PARA REEDUCAR A MALTRATADORES