¿Cómo se puede asegurar la capacidad jurídica de las personas con discapacidad desde un enfoque del respeto a los derechos humanos? ¿Cómo se pueden superar los obstáculos que en mayor o menor grado condicionan la posibilidad de que la persona pueda adoptar decisiones y sin atacar su dignidad? Esta es la cuestión que trata el documento que lleva por título Protocolo de buenas prácticas en los procedimientos de provisión de apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica, editado por Liber.

Según se indica en el texto, resulta esencial adoptar un cambio de enfoque que deje de lado los sistemas de sustitución en la toma de decisiones con consecuencias jurídicas de las personas con discapacidad, y que desde los sistemas judiciales se empiece a tener en cuenta la autonomía de la voluntad de las personas con discapacidad y el ejercicio de derechos con apoyo.

El protocolo define las herramientas y estrategias que se pueden implementar desde los servicios jurídicos para asegurar este ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. En primer lugar, se establecen una serie de cuestiones éticas o de buena praxis que se deben tener en cuenta para cualquier actuación. En segundo lugar, se ofrecen orientaciones para la tramitación de las diferentes actuaciones relacionadas con la provisión de apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica de personas con discapacidad. Finalmente, el protocolo incluye modelos de documentos que pueden ser de utilidad para los procedimientos de provisión de apoyos.

La guía se encuentra disponible en la Web de Plena Inclusión Madrid y en el siguiente enlace:

Protocolo de buenas prácticas en los procedimientos de provisión de apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica

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