Enrique Múgica, Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha presentado el pasado 17 de febrero, ante la Comisión Mixta del Senado, un informe monográfico sobre los centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social. El informe es el resultado de la investigación de 27 de los 58 centros para jóvenes con problemas de conducta que hay en España. Tras la presentación el informe, el Fiscal General del Estado ha acordado la apertura de diligencias preprocesales y las oportunas investigaciones sobre las situaciones descritas.

Según ha denunciado el propio Múgica en su comparecencia: "hemos examinado de cerca un sistema que no está dando los frutos esperados, un sistema cuya financiación supone además un cuantioso esfuerzo económico para la administración y para la ciudadanía (3.810 euros de media mensual por cada menor), un sistema abandonado a la inercia de unos poderes públicos que incumplen a veces sus funciones de vigilancia y tutela, que no garantiza suficientemente los derechos de los menores y que, en ocasiones, incluso les aplica tratamientos que no son los más adecuados a sus necesidades".

La Oficina del Menor comenzó dicho estudio en el año 2007, tras recibir denuncias tanto por parte de los jóvenes internados, como por parte de los familiares y educadores que han trabajado en dichos centros.

En el informe, el Defensor del Pueblo, ha cuestionado el nivel ético y el carácter pedagógico de determinados métodos que se aplican a menores con trastornos de conducta y en dificultad social, destacando la existencia de numerosas irregularidades en la atención a estos jóvenes, como vulneraciones de derechos y castigos "desproporcionados", entre los que se encuentran: la prohibición a asistir a centros educativos, la privación de salidas al patio durante una semana, la administración de medicamentos psiquiátricos contra su voluntad y sin ajustarse a la ley reguladora de la autonomía del paciente (en el 75% de las situaciones de grave alteración, se suministra tratamiento farmacológico a los menores), la imposición de medidas de contención física o mecánica y medidas de aislamiento extremas, así como la realización de registros personales en los que se obliga a los menores a desnudarse sin justificación ni comunicación al juez. Las sanciones agresivas que se aplican en muchos de estos centros, llegan al extremo de los malos tratos, y del aislamiento de los menores en "salas de baja estimulación" o de "reflexión", con paredes recubiertas de caucho negro y sin ventilación, que apenas alcanzan 3 metros de longitud.

Así mismo, ha destacado la carencia de personal especializado en Psiquiatría y Psicología infantil y juvenil y la amplia variación en lo que respecta a la composición del equipo técnico encargado del cuidado de los menores, dándose el caso de que muchos de estos centros no cuentan en sus equipos con psicólogos, trabajadores sociales y ayudantes técnicos sanitarios. Como consecuencia de esta carencia de profesionales adecuados, se han detectado numerosos niños con graves trastornos mentales, con altos niveles de fracaso escolar o con serios problemas de abuso de sustancias, que no están siendo diagnosticados ni atendidos.

Otra de las graves deficiencias encontradas es la escasa o nula preparación que se proporciona a los menores para afrontar su futuro. Según declaró Múgica, una vez que salen de estos centros, la realidad con la que se encuentran es la calle y la exclusión social, por lo que "es preciso educarlos recuperando para esa tarea toda la nobleza del término educar, (...) y utilizando para ellos todos los recursos disponibles y las mejores opciones que nos ofrecen hoy la Psicología y las técnicas pedagógicas".

A lo largo de su presentación, Enrique Múgica, ha cuestionado la metodología pedagógica, de carácter eminentemente sancionador, frecuentemente empleada en estos centros, y ha insistido en la urgencia de desarrollar programas que cubran aspectos que no se suelen tener en cuenta en las intervenciones con estos menores, como sus necesidades afectivas, educativas, terapéuticas o de promoción y desarrollo de su autonomía. Así, ha señalado que se necesitan métodos que "les ayuden a manejar su ira y agresividad, que fomenten su sentido de pertenencia al grupo, que les ayuden a salir airosos de situaciones adversas, que orienten su rebeldía de manera creativa, y les permitan recuperarse para la vida y afrontar su futuro", señalando además, que la mayoría de estos menores se quejan del uso excesivo de psicofármacos y reclaman una mayor atención psicológica.

En su informe, el Defensor del Pueblo, establece algunas recomendaciones para hacer frente a estas deficiencias, como la elaboración de indicadores que permitan evaluar la efectividad de los distintos programas de intervención puestos en práctica en los centros, o la regulación de sus protocolos de asignación y de actuación, así como un mayor seguimiento y control por parte de las administraciones. Entre dichas medidas también se incluye "que se revise el actual modelo de especialidades de psiquiatría y psicología para incluir, como áreas de capacitación preferente, la Psiquiatría y la Psicología de la infancia y adolescencia".

 

En conclusión, el informe señala serias deficiencias que obligan a cuestionar los modelos coercitivos que caracterizan muchos centros de protección de menores. En este sentido, la Psicología ofrece programas alternativos de intervención, tanto en contextos educativos como clínicos, que han demostrado una alta eficacia para el control de las conductas violentas y que se basan en el desarrollo de la autonomía, como técnicas de resolución de conflictos, manejo de la ira, relajación, entrenamiento en habilidades sociales y de comunicación, educación en valores, etc. Según señaló el propio Múgica, "atiborrar de pastillas a los adolescentes en los centros de acogida revela dejadez y rutina profesional en lugar de implicación en el tratamiento".

Los documentos originales pueden descargarse en los siguientes enlaces:

Informe de Centros de Protección de Menores con Trastornos de Conducta y en Situación de Dificultad Social

Comparecencia del Defensor del Pueblo ante la Comisión Mixta

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